En paralelo al debate en la Legislatura por la ley de emergencia en anestesiología, el sector privado de la salud de Mendoza denunció este martes que los médicos anestesiólogos suspendieron sus servicios, derivando en la suspensión de las cirugías programadas de pacientes en clínicas y sanatorios.
“Ante la decisión, tomada de manera inconsulta e intempestiva, la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza (Aclisa) manifiesta su rotundo rechazo por considerar que afecta gravemente a pacientes y clínicas privadas”, dijeron desde el sector privado de la salud.
Según aseguraron, los anestesiólogos que brindan servicios en los hospitales, clínicas y sanatorios del subsector privado suspendieron sus actividades para visibilizar el conflicto que tienen en la salud pública.
La medida obligará a los efectores privados a suspender cirugías al no contar con este personal indispensable para su concreción. “Esto no fue notificado previamente a las instituciones, por lo que muchas personas han realizado su preparación previa y viajes desde lugares remotos con la esperanza de concretar una intervención que, en estas circunstancias, no se va a poder realizar”, advirtieron desde el sector privado en un comunicado.
“Están tomando de rehén a la población ante esta decisión particular a quienes se atienden en el sector privado de la salud, para visibilizar un problema netamente económico”, expresó Rodolfo Torres, coordinador médico de Aclisa, quien pidió a la comunidad informarse sobre la situación en los respectivos establecimientos de salud por reprogramaciones.
El conflicto de los anestesiólogos en Mendoza y la emergencia
La medida fue tomada por parte de los médicos anestesiólogos para visibilizar la situación de conflicto con el Estado provincial, con el que no lograron llegar a un acuerdo salarial en cuanto a sus tareas en hospitales públicos. Entonces, ante la afectación del servicio y la falta de recurso humano, el Poder Ejecutivo presentó el viernes pasado un proyecto de ley para declarar la emergencia en anestesiología en Mendoza.
Justamente, la iniciativa recibió esta mañana media sanción en el Senado, con aval de la oposición, aunque tuvo varios cambios respecto de su redacción original (resta la discusión del mediodía del martes en la Cámara de Diputados). De los 18 meses de vigencia de la ley que se habían establecido, se redujo a 120 días de emergencia, con posibilidad de ser prorrogado con autorización legislativa. Además, se eliminaron las sanciones de 5 años para quienes renuncien.
También se precisó que la ley regirá a partir de su promulgación, no desde su presentación, y se estableció una mesa de diálogo entre todas las partes. En el acuerdo figuró además el objetivo de potenciar la formación de los profesionales.
Otro punto que se dejará sin efecto es el del artículo 4, que permitía la convocatoria por parte del Ministerio de Salud a los anestesiólogos jubilados con matrícula vigente, que hayan prestado servicios en los últimos 5 años, con el fin de que presten servicios.
Por la coincidencia del debate, el titular de Aclisa declaró: “Es un sinsentido porque los aranceles que paga el sector privado son los que determinan los profesionales de esta entidad, en tanto no se definen en paritarias”.
“Se trata de una medida intempestiva, inconsulta, que genera daños a la población, porque obliga a suspender cirugías incluso a pacientes preparados, genera perjuicios a las clínicas porque es un día en que no podrán trabajar y generar ingresos en un sistema de salud que ya viene golpeado, este es un nuevo golpe”, subrayó.
