Política en Off. Cinco cuadros de la trastienda de la política mendocina, que vibra camino a las elecciones legislativas 2025.
Política en Off. La diputada del Pro Lula Balsells Miró es una de las candidatas opositoras que encarnó una "agenda Greenpeace" en el tramo final de la campaña electoral.
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Vuelan las encuestas sobre el panorama en la provincia a días de las elecciones. Los analistas señalan que el orden difícilmente se altere de aquí al domingo próximo: la alianza entre La Libertad Avanza-Cambia Mendoza quedaría primera y el justicialismo segundo.
La diferencia entre el primero y el segundo según los estudios no sería menor: unos 20 puntos. Y la polarización extrema, por ahora, deja con pocas chances de hacer una buena elección a los que compiten por ocupar un lugar en el podio: Mario Vadillo (Partido Verde) y Jorge Difonso (Provincias Unidas).
Javier Milei y Alfredo Cornejo serían los artífices de la victoria oficialista, a pesar de no ser candidatos y de reflejar una alquimia rara: Milei es la motosierra del gasto público pero Cornejo hizo campaña con el "Estado presente".
Hay quienes dicen que el peronismo se estacionó un poco por encima de los 20 puntos, pero que la cifra le podría alcanzar para obtener dos diputados nacionales de cinco, por la debilidad de las terceras fuerzas. Van a descorchar champán si eso se confirma en las urnas, porque vienen del subsuelo: terceros con apenas 14 puntos en los comicios de 2023.
¿Por qué renacería el peronismo? Los estudiosos reconocen que fue un acierto que se unieran el kirchnerismo y los intendentes. Y agregan que el PJ va a ligar alrededor de un tercio de los votos que en 2023 se acreditó La Unión Mendocina de Omar de Marchi, hoy desaparecido en su faz electoral.
Sin embargo, los analistas no advierten demasiado entusiasmo por acompañar al peronismo mendocino. La tendencia favorece, en cambio, a la centroderecha, según dicen, y eso le pondría un límite al resurgimiento justicialista.
El miércoles que viene, el Senado provincial será escenario de una audiencia pública importante en la que varios candidatos a cargos en la Justicia provincial deberán responder dudas e inquietudes de la ciudadanía, antes de la crucial votación secreta que los ratificará como magistrados o no.
Son siete pliegos, pero dos candidatas a juezas concentran toda la atención, por sus vínculos con la política: Andrea Susana Rus, hermana de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus ; y Anabel Molina, exesposa del subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino.
Si bien hay algunos legisladores "asombrados" con estas postulaciones, hay quienes plantean diferencias entre las dos candidatas. La hermana de la ministra de Seguridad sacó el mejor puntaje en las evaluaciones del Consejo de la Magistratura. Además, tiene una larga trayectoria en el ámbito laboral y su ingreso al Poder Judicial (ya ejerce como conjueza) es anterior al desembarco de la funcionaria de Cornejo a la política. Además no puede haber incidencia directa de Mercedes Rus en el futuro de su hermana; distinto hubiera sido la situación si la postulaban cuando era senadora provincial, cargo en el que estaba hasta que la eligieron como ministra. En ese caso, hubiera tenido que votar a favor o en contra de su hermana.
En contraste, la exsoberana vendimial Anabel Molina sólo ha trabajado como asesora letrada de organismos oficiales. Además, su exmarido es una voz de peso en el órgano que elabora las ternas de candidatos a jueces. Por eso hay un poco más de silencio, más allá de que, en la previa, hubo quienes hicieron una aclaración: las candidatas sólo recibieron avales y no hubo para ellas ninguna impugnación.
El insistente reclamo del gremio de Empleados Judiciales por mejoras salariales parece molestar en Casa de Gobierno, al punto de que están poniendo el foco en revisar la planta de personal que asciende a 4.000 empleados.
“No se dan cuenta que son prescindibles”, lanzan en secreto algunos funcionarios de peso al señalar que la puesta en funcionamiento de las Oficinas de Conciliación, tanto Civil como Laboral, han impactado en el requerimiento de personal en el Poder Judicial, como también ha influido la implementación de Inteligencia Artificial en la gestión administrativa.
Por eso es que no descartan realizar una evaluación para analizar la eficiencia del Poder Judicial y según las previsiones, “con unos 2.500 empleados” podría funcionar correctamente.
También las reformas en la Justicia Penal continuarán profundizándose por parte del Poder Ejecutivo. Están ultimando detalles para presentar un proyecto de ley que mejore la actuación procesal en los casos de flagrancia.
La semana legislativa contó con una coincidencia particular, en medio de la campaña electoral: los tres principales frentes de la oposición impulsaron proyectos en defensa de los derechos de los animales, casi a la vez, como si fuera una competencia por no perder terreno en el tema.
Primero, la Comisión de LAC de Diputados recibió a la titular de la Fundación Cullunche, Jennifer Ibarra, y el abogado especialista en derecho animal, Oscar Mellado, para respaldar un proyecto de ley presentado por Emmanuel Fugazzotto (Partido Verde) que busca prohibir la tracción a sangre, empleando caballos, yeguas o mulas “o cualquier animal no humano”.
En la reunión se proyectó un documental que expone el maltrato al que se someten las 900 mulas utilizadas en el acarreo de materiales en el Parque Aconcagua y buscan con el proyecto, reducir el número paulatinamente, dijeron. La propuesta no avanzó todavía.
Un día después, el PJ realizó una conferencia de prensa para presentar el proyecto de ley que busca crear una Comisión Especial Investigadora para que el Gobierno informe sobre las demoras evidentes en las obras del Ecoparque y el estado en que se encuentran los más de mil animales que habitan allí. La iniciativa fue impulsada por la diputada kirchnerista Valentina Morán.
Casi al mismo tiempo, desde el Pro informaron que la diputada Laura Balsells Miró presentó en la Legislatura un “ambicioso proyecto de ley que reconoce a los animales como seres sintientes, con derechos propios y protección integral”.
“Esta ley mendocina incorpora principios de bienestar animal, educación en empatía, protección jurídica y acompañamiento judicial en casos de crueldad, brindando herramientas claras a jueces y fiscales para intervenir de manera efectiva”, informaron al respecto.
Los tres diputados que impulsan estos proyectos son candidatos a renovar sus bancas en las próximas elecciones: Fugazzotto (Frente Verde), Morán (Fuerza Justicialista Mendoza) y Balsells Miró (Provincias Unidas). ¿Casualidad?
El exintendente de Guaymallén Luis Lobos cumple una condena de 8 años de prisión por enriquecimiento ilícito, defraudación y administración fraudulenta. Hace tiempo que el justicialista no es noticia en los ámbitos políticos, pero esta semana, sorpresivamente, su nombre volvió a sonar en una puja electoral.
Lobos votó en la elección del Centro de Estudiantes de la facultad de Ciencias Políticas de la UNCuyo. Ejerció este derecho porque, tras las rejas, tomó la decisión de convertirse en estudiante universitario. Y estudia no una, sino dos carreras: Tecnicatura Universitaria en Políticas Públicas (un verdadero contrasentido ya que la Justicia lo condenó a no ejercer de por vida un cargo público) y Sociología.
La participación electoral de Lobos era muy comentada en los pasillos de la UNCuyo esta semana, aunque nadie pudo develar un misterio: para quién fue su sufragio. El comicio lo ganó Franja Morada (los estudiantes radicales) tras 12 años de predominio justicialista y en buena medida lo consiguió debido a la división del PJ, que participó con dos listas.
Se dice que el exintendente de ninguna manera puede haber votado por la opción kirchnerista, pero que podría haberse inclinado por los candidatos cercanos a la CTA. O quizás por el propio radicalismo. Difícil desentrañar la opción de un dirigente peronista que optó hace mucho por el silencio y que, tras reconocer los cargos en su contra, tiró una sola frase en tribunales: "Tienen que agradecer que tengo códigos".