En el Ejecutivo confían en que, desde el 10 de diciembre, podrán lograr acuerdos en el Congreso para reformar los convenios
Foto:
En la etapa final del proceso electoral y con el foco puesto en la nueva conformación del Congreso que asumirá el próximo 10 de diciembre, el presidente Javier Milei ya está delineando los lineamientos de tres reformas clave: en el ámbito laboral, tributario y previsional.
Según anticipó, su intención es actualizar la legislación vigente en Argentina y “facilitar el paso al trabajo formal, reducir la industria del juicio y fomentar la inversión privada”.
“Si la mitad de los trabajadores está en el sector informal, algo anda mal, las leyes laborales argentinas son anacrónicas”, expresó el mandatario. Para concretar estas modificaciones, el oficialismo necesitará alcanzar consensos con otros espacios políticos en ambas cámaras legislativas.
Milei cuenta con el respaldo del PRO, de una parte de la UCR y de algunos bloques provinciales. Asimismo, mantiene alianzas con los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), forjadas en el marco de los acuerdos electorales. A partir de esta base, el Ejecutivo deberá construir mayorías en un Congreso cuya composición se modificará tras las elecciones del 26 de octubre.
“El Gobierno deberá trabajar con la dinámica que se le dio al debate de la Ley Bases, permitiendo construir números de mayorías”, comentó el diputado radical libertario Pablo Cervi, quien lidera el bloque Liga del Interior. Además, planteó la necesidad de establecer mecanismos de enlace entre el Congreso y el Ejecutivo “para consensuar los proyectos, escuchando a los actores de la economía”.
El 28 de junio de 2024, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Bases con 147 votos afirmativos, 107 negativos y dos abstenciones. En ese contexto, el bloque libertario contaba con apenas 37 diputados y siete senadores.
El Ejecutivo impulsa una reforma laboral orientada a eliminar los convenios colectivos rígidos y estandarizados, promoviendo un esquema que “premie la eficiencia y el esfuerzo individual del trabajador”. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, será el principal defensor del proyecto.
Durante su participación en el coloquio de IDEA, Cordero fue claro al señalar que “no hay un solo tema laboral que no vaya a ser puesto sobre la mesa” en las conversaciones que mantendrán con empresarios y sindicatos.
Desde Corrientes, el candidato a diputado Diógenes González, representante del espacio Provincias Unidas, señaló que “la reforma laboral tenemos que discutirla, pero con los trabajadores adentro”. A esto sumó: “La reforma no se puede hacer en contra de ningún sector, sino tomando las mejores experiencias internacionales, las que lograron amplios consensos. Lo mismo ocurre con la reforma tributaria, que es clave para el futuro, pero debe tener una mirada federal. Provincias Unidas va a pararse en el centro físico y en el centro ideológico del Congreso”, aseguró el dirigente cercano al gobernador Gustavo Valdés.
A lo largo de 2024, la Cámara de Diputados discutió en la Comisión de Legislación del Trabajo, encabezada por Martín Tetaz (UCR), distintas propuestas para acortar la jornada laboral. Sin embargo, ninguna logró avanzar hasta obtener dictamen.
Tetaz, quien presentó una de estas iniciativas, argumentó que “llevamos más de 100 años sin corregir la jornada laboral” y planteó la necesidad de “un periodo de exploración de jornadas alternativas para evaluar si se sostiene la productividad”.
Durante ese mismo año, también fracasaron otras propuestas legislativas vinculadas a la democratización de los sindicatos, la implementación de límites a la reelección de los dirigentes gremiales y la eliminación de la cuota solidaria obligatoria.
Al comenzar su gestión, en diciembre de 2023, Milei incluyó una reforma laboral dentro del paquete legislativo conocido como Ley Bases. No obstante, con el fin de lograr acuerdos en el Congreso, el Gobierno decidió recortar considerablemente su alcance.
La versión finalmente aprobada solo incorporó la eliminación de sanciones por empleo no registrado, la extensión del período de prueba y la posibilidad de crear un fondo de cese laboral optativo que funcione como alternativa a las indemnizaciones.