El Consejo Económico, Ambiental y Social (Ceas) derivó los distintos proyectos pulidos en las comisiones y votados en sesión plenaria para su implementación. Uno de ellos es el Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico (2022-2030) propuesto desde la comisión de Agua y Saneamiento.
Tadeo García Zalazar, intendente de Godoy Cruz y coordinador de la comisión, se reunirá el lunes con Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, quien además es el titular del Ceas, para definir un cronograma y avanzar hacia la elaboración del plan.
Bajo la órbita del Consejo Económico, Ambiental y Social, el órgano consultivo no vinculante que impulsó el gobernador Rodolfo Suárez partir del 2020, se encuentran siete comisiones integradas por representantes de diferentes organizaciones. Luego de varios meses de evaluar propuestas y avanzar hacia, al menos, una alternativa concreta se realizó la votación en plenario.
La primera votación fue el viernes 18 de marzo y luego de más de tres horas se sesión, fueron avaladas seis iniciativas que provenían de las comisiones de Pobreza y Hambre Cero, Calidad de la Educación, Crecimiento Económico, Ciudades Sostenibles e Igualdad de Género. No obstante, en un momento se registraron menos de 43 consejeros y por falta de quórum no se pudo continuar con las dos restantes que se habían trabajado en las comisiones de Agua y Saneamiento, y de Infraestructura.
Se fijó al 11 de abril como el día para terminar con esta primera ronda de proyectos. Allí tras algunos chispazos entre Patricia Fadel, consejera por el Partido Justicialista y el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar quien además es el presidente de la Unión Cívica Radical local, se logró un acuerdo luego de una mediación del ahora ex senador Juan Carlos Jaliff.
Desde ese 11 de abril han pasado tres meses, y cuatro si se toma en cuenta la votación realizada durante el mes vendimial. “No es poco teniendo en cuenta la gimnasia que hay”, ironizó un consejero. Este último viernes se informó oficialmente el destino de cada uno de los proyectos a las diferentes reparticiones, salvo el de Agua y Saneamiento: quedará a cargo de García Zalazar.
“Hay que establecer un cronograma, que iba a hacerse después del receso. Me reúno el lunes con Víctor Ibáñez para definirlo”, indicó el jefe comunal godoycruceño a Los Andes. De esa reunión se desprenderá el camino que se recorrerá hasta llegar a un proyecto de ley tal cómo se estipuló en la iniciativa.
Hay un detalle en el medio de las votaciones y el nuevo destino de los proyectos: un pedido de informe que ingresó el 7 de julio a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública. El solicitante fue la Fundación Nuestra Mendoza y el pedido era para el Ministerio de Gobierno con la intención de saber el estado de las iniciativas votadas hace meses atrás.
“El pedido se hizo al Ministerio de Gobierno, no al CEAS puntualmente. Hoy (por el viernes), recibimos el mail desde el CEAS con el detalle de cada proyecto y el número de expediente para hacer el seguimiento”, explicó Rafael Kemelmajer, integrante de la ONG y además consejero en el órgano consultivo no vinculante. El número de Ticket con el que se registró la solicitud en la web de la Oficina es 3351880. Si el movimiento de los proyectos estuvo relacionado o no con el pedido de informe, es algo que se traslada al terreno de las especulaciones. Los Andes venía consultando desde hace varios días sobre el tema sin obtener ninguna respuesta.
Cómo sigue el plan hídrico
El proyecto que se pergeñaba en el CEAS cobró mucha relevancia en los últimos meses luego del dudoso futuro de Portezuelo del Viento. La mega represa que iba a construirse con U$S 1.023 millones tendrá un revés según lo anunciado por el presidente Alberto Fernández en La Pampa y que debe expresarse al respecto en un laudo presidencial solicitado por Mendoza. Todo indica que le dará a La Pampa lo que pide: un nuevo estudio de impacto ambiental y con eso le dará el tiro de gracia a la obra en Malargüe.
Aún hay tiempo hasta agosto, pero por las dudas, en la provincia ya buscan alternativas para hacer uso de esos fondos. Así, el proyecto surgido en el CEAS se acomoda en la fila como “el plan B de Portezuelo” para disponer de fondos.
La moción concreta del proyecto gestado en la comisión de Agua y Saneamiento es elaborar y remitir a la Legislatura, un Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico que promueva las bases de la gestión del agua de la Provincia de Mendoza para los próximos 10 años, basado en criterios de eficiencia económica, equidad y sostenibilidad ambiental.
El plan de trabajo propuesto consta de cinco etapas que de cumplirse con los plazos llevarán 13 meses hasta la redacción final del texto. Luego la Legislatura deberá sancionarlo para lo cual hay otros tiempos no contemplados.
La primera parte consiste en un relevamiento de datos por cuencas o regiones para lo cual se realizarán reuniones presenciales con cada uno de los actores y sectores referentes en los denominados “Consejos de Cuenca”. En este mapa de actores se incluye a Agua y Saneamiento de Mendoza (Aysam), el Departamento General de Irrigación (DGI), Instituto Nacional del Agua (INA), el Ente Provincial de Agua y Saneamiento, Agencia Provincial De Ordenamiento Territorial, Conicet, la Universidad Nacional de Cuyo, Hidráulica, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), Municipios, entre otros. La intención es que en tres meses se obtenga un diagnóstico por cuencas y unidades ambientales de la provincia.
En una segunda etapa, también dentro de tres meses, se realizará el procesamiento y diagnóstico de la información relevada. Primero habrá una sistematización de antecedentes, información y datos por cada cuenca. Luego, se realizará la ponderación y priorización de acciones propuestas a implementar el plan.
Luego se procederá a la tercera parte (dos meses) que consiste en la validación ciudadana participativa a través de talleres participativos presenciales, en los diferentes Consejos de Cuenca de Mendoza (norte, centro, este y sur), con el fin de validar la priorización de los programas y proyectos definidos en la segunda etapa. Los actores incluyen municipios, organismos provinciales, sector académico, sector privado, sociedad civil, organizaciones de usuarios, entre otros.
La redacción en sí comenzará después de estos ocho meses de trabajo previo y lo primero que se hará es el ajuste en función de lo que surja de la validación anterior. Luego, esta cuarta etapa para lo que se estipulan unos 5 meses avanzará hacia el texto final del plan. La estructura se hará bajo dos ejes principales: Tierras irrigadas y Tierras no irrigadas.
De cada uno de los principales ejes se presentarán los planes, programas y proyectos a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo, esto acompañado de cronogramas y planes de inversiones que orientarán y facilitarán la posibilidad de financiamiento internacional, nacional y provincial.
Con el texto definitivo, se hará la remisión correspondiente a la Legislatura provincial para que sea sancionado en formato de ley y para lo cual hay que prever otros tiempos. Igualmente, la propia actitud de Tadeo García Zalazar de avanzar desde el lunes con un cronograma, muestra que hay intenciones de darle agilidad al tema.
El único proyecto para la Legislatura está listo
La comisión de Igualdad y Género que coordina María José Sanz presentó una iniciativa con la intención de visibilizar, en determinados espacios y bajo ciertas condiciones, los productos elaborados y servicios ofrecidos por mujeres rurales de Mendoza, permitiéndoles exponer, promover, difundir y comercializar dichos servicios y productos.
Para ello, se propone crear un registro de mujeres rurales de Mendoza para llevar a cabo capacitaciones, fortalecimiento de la promoción de su comunidad, articular con distintas políticas de integración. “Ya está listo el proyecto y se hará una presentación en la Legislatura después del receso”, indicó la legisladora sanrafaelina.
La dinámica de reuniones como la establecida el año pasado no se ha vuelto a retomar. Algunos aducen que pondrán energías en la implementación de lo que se aprobó como es el caso de la comisión de Pobreza y Hambre Cero que avanza a la mejora en la trazabilidad de compras y distribución de alimentos. Otros esperan la convocatoria formal por parte de la cúpula del Ceas.
