Aunque el debate sobre la transparencia de los concursos para elegir jueces está instalado a nivel nacional y muy particularmente en Mendoza, ni el Gobierno ni la Justicia provinciales acusan recibo.
La Corte propuso que las provincias adopten un nuevo reglamento para mejorar la transparencia, pero en Mendoza aún no acusaron recibo.
En primer plano, el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente del Consejo de la Magistratura, Julio Gómez. Ni el Ejecutivo ni la Corte prevén cambios en el Consejo de la Magistratura.
Foto:
Gobierno de MendozaAunque el debate sobre la transparencia de los concursos para elegir jueces está instalado a nivel nacional y muy particularmente en Mendoza, ni el Gobierno ni la Justicia provinciales acusan recibo.
Fue la propia Corte nacional la que, de la mano de dos de sus tres miembros -Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- envió el 30 de marzo pasado al Consejo de la Magistratura de la Nación un nuevo reglamento para los concursos de magistrados, con el objetivo de que el pleno lo apruebe.
En la acordada 4/2026, los jueces supremos advirtieron que en los concursos de aspirantes a magistrados federales hay que acotar "de forma razonable y previsible" la incidencia de la entrevista personal y "asegurar que el acceso a la función jurisdiccional se base primordialmente en criterios objetivos de mérito e idoneidad". En este contexto, introdujeron cambios importantes en la evaluación técnica.
También mandaron un mensaje directo a las provincias: "Los ejes centrales del reglamento propuesto configuran un modelo institucional que, con las adecuaciones propias de cada orden constitucional, podría ser considerado para su implementación en las distintas jurisdicciones provinciales, lo que contribuiría a fortalecer la vigencia efectiva en todo el país de la forma republicana de gobierno".
Pasó un mes desde entonces. Sin embargo, la propuesta de la Corte nacional no entró nunca en análisis en la provincia, a pesar de que en Mendoza la entrevista personal también es clave para la selección de jueces y fiscales, y de que hay quejas formales, dentro del alto tribunal mendocino, por la “discrecionalidad” del sistema que rige para los concursos desde 2018.
En este sentido, la Corte provincial acaba de elegir un presidente para el Consejo de la Magistratura local, después de una acefalía récord: estuvo 17 meses sin conducción. Se trata del ministro Julio Gómez, quien, ante la consulta de este diario sobre posibles cambios en el reglamento de selección, pateó el tema hacia adelante.
"Yo lo primero que tendría que hacer es ponerme a trabajar y en función del trabajo diario y de las mejores modalidades de evaluación, tomar una decisión con el tiempo", respondió Gómez esta semana, cuando Los Andes le preguntó si debe haber algún reglamento en los concursos.
Y agregó: "Hoy no me gustaría que nosotros estuviéramos trabajando un proyecto de reforma si no tiene sustento en una práctica lógica del ejercicio".
El Consejo de la Magistratura de Mendoza tiene la misión de producir las ternas de aspirantes para cargos judiciales. En cada caso, los tres candidatos con mejor puntaje pasan al Poder Ejecutivo y el gobernador selecciona uno, independientemente del orden de mérito de las evaluaciones.
El último paso para ser juez es casi un trámite: la actual mayoría oficialista en el Senado provincial impide que algún pliego enviado por el Ejecutivo sea rechazado.
Los críticos afirman que hay mucha opacidad en el proceso del Consejo de la Magistratura. No hay puntaje para el examen técnico (los aspirantes aprueban o desaprueban, a secas) y la nota final depende más que nada del resultado de la entrevista personal, que asigna 6 de los 10 puntos totales de la calificación.
Los que toman esa entrevista son, en condiciones normales, las autoridades del Consejo: un ministro de la Corte (órgano que no participó en los últimos tiempos por la acefalía), un magistrado, un funcionario del Gobierno provincial, dos abogados de la matrícula y dos diputados provinciales (uno oficialista y el otro opositor).
Los antecedentes laborales pueden sumarle hasta 4 puntos a cada aspirante, pero el grueso del puntaje lo genera la entrevista. En ella, cada consejero asigna el puntaje que quiere. Las notas de la entrevista son secretas y al final, para que no queden dudas de eso, todas las planillas son destruidas.
Han reportado en los últimos años al oficialismo político por lo menos cinco de los siete integrantes del Consejo de la Magistratura. El representante del Gobierno era el exsubsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino. El exfuncionario cornejista renunció al cargo después de 10 años ininterrumpidos en el Consejo de la Magistratura, por una denuncia de abuso sexual y violencia de género.
La pareja de D'Agostino denunció que sus padecimientos incluían "abuso institucional". Afirmó que él le advertía que una denuncia en su contra no tendría destino por el poder que tenía en la Justicia. “He metido tantos jueces y fiscales y todos me responden a mí", fue la frase que citó la denunciante.
A pesar de que no hay ningún cambio en estudio, existe un conflicto en el seno de la Corte provincial por el sistema de selección de aspirantes a magistrados.
La semana pasada, en un ambiente caldeado por la renuncia del subsecretario D'Agostino, la Corte se reunió para elegir al nuevo presidente del Consejo de la Magistratura. En ese marco, el ministro José Valerio disintió con el nombramiento de Gómez, porque a su juicio, antes, debía revisarse el reglamento de los concursos para ser juez.
Valerio, quien fue presidente del Consejo entre 2020 y 2022, resaltó que el exsubsecretario de Justicia estuvo allí durante más de una década, a pesar de la Constitución ordena que los representantes cambien cada dos años. Además, cuestionó la "alta discrecionalidad" del mecanismo de selección, al que calificó como un "simulacro de institucionalidad".
El ministro de la Corte sostuvo que, en 2023, la comisión de evaluación penal de la Magistratura fue removida sólo porque mantenía "niveles de alta exigencia técnica" para garantizar la idoneidad de los futuros magistrados y atribuyó la "degradación institucional" del organismo a la legislación vigente para los concursos, particularmente la ley 9013, que fue sancionada en 2018, durante el primer mandato de Alfredo Cornejo.
"Al establecer evaluaciones técnicas escritas y orales sin asignación de puntaje, esa legislación habilitó el reemplazo de la alta exigencia que caracterizaba al sistema anterior por un estándar mínimo de aprobación", dijo el ministro de la Corte en la acordada.
También habló Valerio de un "uso abusivo del 60% del puntaje a asignar por los antecedentes académicos, docentes, etc. y la entrevista personal". El ministro destacó que, en el sistema anterior a la ley 9013, que había salido por consenso durante el gobierno de Julio Cobos, ese margen de discrecionalidad era de apenas el 25%.
Explicó que, antes de dicha ley, las evaluaciones técnicas sí generaban notas (hasta 10 de 20 puntos totales) y apenas el 25% (5 puntos de los 20) del puntaje total quedaba sujeto al resultado de la entrevista. Los otros 5 puntos correspondían al conjunto de antecedentes laborales, académicos y docentes.
Resaltó en este sentido el juez que, en el plano nacional, la Corte ha hecho una invitación a que las provincias tomen el criterio de la reforma que está impulsando en su ámbito y consideró que esa propuesta "constituye un imperativo".
En este sentido, el alto tribunal nacional está impulsando una reducción mayor de la discrecionalidad a la que contemplaba el sistema provincial en la era de Cobos: apenas el 10%. Esto se debe a que la entrevista personal pasaría a tener una incidencia máxima de 20 puntos, sobre un total de 200.
"Este pleno debe ejercer su atribución constitucional de proponer la modificación de las reglas que reglamentan el funcionamiento de ese organismo", dice finalmente Valerio, con lo que pretende empujar a sus colegas a que la Corte presente en la Legislatura un proyecto de reforma de las evaluaciones del Consejo de la Magistratura.
La renuncia de D'Agostino precipitó hace pocas semanas la designación de un nuevo subsecretario de Justicia: Juan Carlos Jaliff.
Jaliff ahora representa al Gobierno en el Consejo de la Magistratura y ya tuvo una reunión con la Corte y los integrantes del órgano. Sin embargo, en estas reuniones aún no ha surgido el tema del reglamento de la Magistratura ni se ha tratado el pedido de la Corte nacional para que se hagan modificaciones. "No lo hemos hablado", señaló el funcionario a Los Andes.
De este modo, todo indica que los procesos de selección van a seguir adelante de acuerdo con el reglamento actual, más allá de las sospechas y críticas.
Las sospechas de discrecionalidades en los concursos de jueces incluyen, en la etapa reciente, la sorpresiva nominación de tres relatores que lograron convertirse en jueces de cámara, a pesar de ser cercanos a un ministro de la Corte opositor. El hecho parecía inédito para esta era, salvo por la necesidad de votos que tenía a fin de año el presidente de la Corte Dalmiro Garay para lograr la reelección.
Del mismo modo, hay historias de aspirantes a magistrados a quienes los han valorado para integrar la lista de conjueces de la Justicia, pero que no consiguen pasar el filtro de la Magistratura para convertirse en magistrados titulares. "A algunos les ponen el peor puntaje porque son de familia peronista", se comenta en los pasillos de tribunales.