El supremo fue elegido por mayoría como representante titular del tribunal y presidirá el organismo hasta 2028. Como suplente quedó la ministra Norma Llatser.
La designación se resolvió por cinco votos a favor, con una disidencia y una abstención en el pleno.
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Archivo Los Andes Después de más de un año de acefalía, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza oficializó la designación del ministro Julio Gómez como representante titular ante el Consejo de la Magistratura y, por lo tanto, presidente del organismo encargado de la selección de jueces y fiscales. La ministra Norma Llatser fue nombrada como suplente para el período 2026-2028.
La decisión quedó formalizada mediante la Acordada Nº 32.566, firmada el 15 de abril, luego de una reunión plenaria en la que la propuesta impulsada por el presidente del tribunal, Dalmiro Garay, obtuvo cinco votos a favor, uno en contra y una abstención .
El Consejo de la Magistratura es un órgano clave dentro del sistema judicial, ya que tiene la responsabilidad de elaborar las ternas de candidatos para cargos judiciales. Esas ternas son elevadas al Poder Ejecutivo, donde el gobernador elige a uno de los postulantes y remite su pliego al Senado para su aprobación.
La elección de Gómez no fue unánime. Acompañaron la propuesta el propio Garay, Omar Palermo, Teresa Day y los ministros designados. En cambio, José Valerio votó en disidencia y Mario Adaro se abstuvo.
El voto de Valerio expuso con crudeza las tensiones internas dentro del máximo tribunal. Si bien aclaró que no cuestionaba la idoneidad de los designados, planteó objeciones de fondo sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la necesidad de discutir previamente reformas estructurales.
Entre sus principales críticas, advirtió sobre la “alta discrecionalidad” en los procesos de selección de magistrados y cuestionó la falta de transparencia, señalando que el sistema actual puede derivar en prácticas que afecten la independencia judicial.
También remarcó que antes de avanzar con una nueva designación, la Corte debería haber debatido cambios en las reglas del organismo e incluso impulsar una reforma legislativa.
El Consejo de la Magistratura permanecía sin conducción desde noviembre de 2024, cuando finalizó el mandato de Teresa Day. Desde entonces, la falta de consenso entre los ministros de la Corte había impedido avanzar en una nueva designación.
Las diferencias estaban atravesadas por cuestionamientos al funcionamiento del organismo, especialmente por parte de los ministros identificados con el sector filoperonista, como Palermo y Adaro.
Sin embargo, ese esquema de división interna comenzó a modificarse a fines del año pasado, cuando Dalmiro Garay fue reelegido como presidente del tribunal con el respaldo de Palermo y Gómez, lo que reconfiguró los equilibrios internos.
Esa nueva mayoría —que ahora se expresa en una relación de cinco votos contra dos— fue la que permitió destrabar la designación y avanzar con la elección de Gómez.
Uno de los aspectos más llamativos de la designación es que Gómez no forma parte del sector de ministros más cercanos al oficialismo provincial. Su llegada a la presidencia del Consejo de la Magistratura se da en el marco de una etapa de acuerdos más amplios dentro de la Corte, que incluye a sectores que anteriormente se ubicaban en veredas opuestas.
Este reordenamiento interno amenaza con dejar atrás la lógica del “cuatro a tres” que predominó en años anteriores y consolida un nuevo esquema de mayorías.
La designación se produce además en un contexto de cuestionamientos al sistema de selección de magistrados. En los últimos años hubo denuncias sobre falta de transparencia en los concursos y críticas al peso de la discrecionalidad en las decisiones del Consejo.
La situación cobró mayor relevancia tras la renuncia del ex subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, quien representaba al Poder Ejecutivo en el organismo y tenía fuerte incidencia en los procesos de selección.
En ese escenario, la nueva conducción del Consejo de la Magistratura deberá enfrentar el desafío de recuperar legitimidad y garantizar mecanismos de selección que refuercen la transparencia y la independencia judicial.