El nuevo presidente del Consejo de la Magistratura es el ministro Julio Gómez. El organismo estaba acéfalo desde noviembre de 2024.
El ministro Julio Gómez fue elegido como presidente del Consejo de la Magistratura en un tenso plenario. Foto: Poder Judicial.
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La Suprema Corte dio por finalizada una acefalía de más de un año y eligió este miércoles al ministro que presidirá el Consejo de la Magistratura de la provincia, un órgano muy importante, ya que es el que se encarga de seleccionar a los aspirantes a jueces y fiscales.
El Consejo de la Magistratura tiene la tarea de elaborar las ternas de aspirantes para cada cargo que son elevadas al Poder Ejecutivo. El gobernador es quien, luego, elige a uno de los ternados y envía su pliego al Senado para su ratificación.
En una tensa reunión plenaria de la Corte, en la que hubo críticas respecto de la independencia del Consejo, el elegido para el cargo fue el ministro Julio Gómez, mientras que su par Norma Llatzer quedó como suplente. El dato más llamativo es que el nuevo presidente no integra el sector de los ministros cercanos al oficialismo.
Hay que aclarar que, de todos modos, no hubo unanimidad en la votación, sino que esta dupla obtuvo cinco de los siete votos. El presidente Dalmiro Garay, Omar Palermo, Teresa Day y los propios ministros elegidos votaron por esta opción. En cambio, José Valerio votó en disidencia y Mario Adaro se abstuvo.
El Consejo de la Magistratura estaba acéfalo desde noviembre de 2024, cuando finalizó en el mandato de la ministra Day, por falta de consenso entre los miembros de la Corte respecto de quién debía conducirlo y los criterios para hacerlo. Los ministros del ala filoperonista (Palermo y Adaro especialmente) eran quienes criticaban el funcionamiento del organismo.
Pero este bloque se rompió a fines del año pasado, cuando fue reelegido presidente de la Corte Garay, con los votos de dos ministros filoperonistas: Palermo y Gómez. Los dos quedaron como vicepresidentes primero y segundo.
Comenzó entonces una inédita etapa de acuerdos entre casi todos los filoradicales y casi todos los filoperonistas, que continuó este miércoles con la elección de Gómez para la conducción del Consejo de la Magistratura. La nueva proporción cinco a dos ahora amenaza con dejar en el pasado al famoso cuatro a tres de la etapa anterior.
Resolver la acefalía en el organismo se convirtió en una prioridad absoluta para el presidente Garay, en medio de las dudas respecto de la independencia de la Corte frente al Gobierno. Si bien en 2023 hubo denuncias respecto de la falta de transparencia en la elección de jueces y fiscales, todo se hizo más urgente luego de la renuncia del subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino, denunciado por abuso sexual, quien representaba al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y tenía mucho peso en la selección de los aspirantes a magistrados.
La denunciante de D'Agostino señaló en su acusación que el exsubsecretario de Justicia ostentaba de su vínculo con jueces y fiscales. Habla en la denuncia de "abuso de poder institucional" y acusa a D'Agostino de "utilizar su posición y sus vínculos con el poder político, judicial y de seguridad para intimidarme, desalentar cualquier intento de denuncia y reforzar su control sobre mí".
"Yo lo voy a poner en el temario del pleno para definirlo. Creo que vamos a avanzar en los acuerdos", adelantó Garay sobre la acefalía en el Consejo de la Magistratura en la entrevista que publicó el domingo Los Andes, en la cual afirmó que preside una Corte "independiente" y negó tener comunicación frecuente con el gobernador
Así fue, efectivamente. Tres días después de la publicación, se anunció que Gómez asumía como presidente del organismo, que también tiene como miembros a magistrados en ejercicio, abogados de la matrícula y diputados provinciales del oficialismo y de la oposición.
Esto no significa que no se hayan producido tensiones en el plenario de ministros de la Corte de este miércoles. En la reunión, el juez Valerio, quien hace tiempo se desprendió de la "mayoría automática" del oficialismo; no se opuso a la persona elegida, pero sí reclamó que previamente se discutieran viejos problemas del Consejo de la Magistratura vinculados a la transparencia del proceso para elegir a los nuevos jueces.
En particular, Valerio pidió atacar la "discrecionalidad" del proceso, que a su criterio "aumentó del 25% al 60%" debido a una reforma de la ley que lo rige que fue sancionada durante la primera gestión de Alfredo Cornejo.
Hasta ese momento, según manifestó Valerio en una acordada de 2023, el puntaje de los aspirantes a jueces se fijaba a partir de los exámenes escritos y orales, que daban hasta 10 puntos; hasta cinco puntos más que otorgaban los antecedentes laborales, científicos y académicos; y hasta cinco puntos que dependían de "la merituación discrecional que realice cada uno de los miembros del Consejo". Eso daba "25% de discrecionalidad".
Pero en 2017, se sancionó la ley 9013 que trajo cambios significativos. Valerio destacó en la acordada que se suprimió el puntaje de la evaluación técnica -quedaban los aspirantes aprobados o desaprobados, a secas-; se redujo la importancia de los antecedentes (daban hasta 4 puntos, solamente asignados a la experiencia laboral) y finalmente hasta 6 puntos quedaron a expensas de la "merituación discrecional" de cada miembro.
"Entonces, ahora el Consejo dispone de la asignación de hasta el 60% del total del puntaje en forma discrecional a cada concursante durante todo el proceso, lo que no se corresponde con la política constitucional de selección de jueces", señaló Valerio en aquella acordada de 2023.
Esas críticas fueron reactivadas en la reunión plenaria de la Corte de este miércoles, en la que Valerio sostuvo que el Consejo de la Magistratura debería tener en los concursos una reforma como la que impulsa la Corte nacional en su ámbito, con mucho menos peso de la entrevista en el puntaje y mayor rigor técnico.
Garay, en la entrevista de Los Andes, relativizó la necesidad de hacerle nuevos cambios al Consejo de la Magistratura.
El ministro Valerio también criticó el carácter secreto de la votación de los aspirantes a magistrados y expresó otra disconformidad: la remoción de la comisión penal en 2023. A esto se sumó su pedido de que el nuevo presidente responda al cuerpo y no actúe con autonomía personal.
En tanto, este diario pudo saber que el ministro Adaro, quien se separó del ala filoperonista, se abstuvo de votar para evitar que la designación como presidente del Consejo de la Magistratura de un ministro filoopositor le ponga "paños fríos a la crisis de la relación del poder político con la Justicia". "Esto es cambiar para que nada cambie", expresaron en su entorno.