El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, habló con Los Andes sobre el funcionamiento del Poder Judicial y su independencia.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, brindó una profunda entrevista a Los Andes.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, dio una extensa entrevista a diario Los Andes.
Foto:
Ramiro Gómez / Los Andes El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, habló con Los Andes sobre el funcionamiento del Poder Judicial y su independencia.
Tras sus polémicos dichos sobre la prensa en la apertura del acto judicial, responde a las críticas que llegaron por parte del exministro Alejandro Pérez Hualde, se explaya sobre los funcionarios públicos que atravesaron procesos judiciales y aclara cómo es su relación con el gobernador Alfredo Cornejo, entre otros temas.
-¿Qué es lo que pretendió decir en su discurso sobre la prensa?
-Primero, el término que usé fue exhortación, y la exhortación es hasta un ruego. Yo soy muy respetuoso de la libertad de prensa. El discurso lo estructuré en la seguridad jurídica y en el rol del Poder Judicial en la solución de conflictos.
Entonces, en la seguridad jurídica para mí es muy esencial la independencia del Poder Judicial, porque para que exista seguridad jurídica tiene que haber independencia en el ejercicio de la judicatura. Empecé a desarrollar cuáles son las condiciones para eso y me pareció importante determinar cuál era la mirada que tenía la prensa respecto al Poder Judicial.
Y me parece, primero que nada, que este poder, hasta hace 10 años, era el menos escrutado de los poderes del Estado y hoy tiene la posibilidad de ser el más escrutado, porque nosotros abrimos todos los datos.
Es decir, en este contexto lo que planteé es que era necesario que la prensa, cuando hablara de la independencia del Poder Judicial, lo hiciera con un criterio, si se quiere, de seriedad, en el sentido de decir: “Mire, el Poder Judicial no es independiente porque no investigó acá, no hizo esto, o la sentencia se dictó de una manera distinta”.
Entonces, no empezar con un apriorismo de que no es independiente porque el gobernador de turno lo designó. Guste o no guste, hoy el sistema de pesos y contrapesos funciona así. En los casos de los ministros de Corte, los manda el gobernador y los aprueba el Senado. En los casos de los jueces de instancia, el Consejo de la Magistratura, el gobernador y el Senado.
Ahora, partir de la base del análisis de que no hay independencia del Poder Judicial porque un ministro, como yo o como Mario Adaro, hemos sido ministros de gobierno, eso me parecía una falacia ad hominem.
Entonces, si vamos a hablar de la independencia del Poder Judicial, mi exhortación fue: por favor, digamos dónde el Poder Judicial está fallando para poder corregir eso. Pero no partir de la base de afirmaciones que terminan mellando la independencia del Poder Judicial, y eso repercute directamente en la seguridad jurídica.
Yo había visto crónicas en los días anteriores de que la Corte está cooptada y hay un 4 a 3. Y es mentira, esta Corte no tiene 4 a 3 y creo que está clarísimo que no. O sea, que no hay una mayoría automática en la Corte.
Hoy hay una mayoría importante en la Corte que no venimos del mismo palo y que hemos decidido entender que el Poder Judicial necesita ser conducido de una manera racional y lo estamos conduciendo así. Ahora, ¿cómo dictamos sentencia? Problema de cada uno.
-¿Por qué dirigió su mensaje a la “prensa libre” particularmente?
-Porque yo creo que la prensa es libre, o sea, no hay otra manera, la prensa es la prensa libre. No hay una prensa, ni amarilla ni nada; para mí la prensa es prensa libre.
-El juez Valerio dijo que el rol de la Justicia es asegurar el derecho a la libertad de prensa, no ponerle un condicionamiento…
-Es que yo no le pongo un condicionamiento. Sí creo que todas las profesiones tienen que ser serias. Entonces, lo único que planteé es más seriedad en esas discusiones, porque de la independencia del Poder Judicial dependen la seguridad jurídica y la pacificación social.
Recién me decían (NdR: en otra entrevista): “Ya sabemos cómo va a salir el conflicto de poderes del Gobierno con San Rafael” y esto está mal. Hay que esperar la sentencia. De hecho, creo que el municipio al que más le he dado la razón, siendo juez, ha sido San Rafael en las causas que me ha tocado estar.
Este preconcepto lo que termina es, sin ningún tipo de argumento, mellando la labor de muchos jueces, incluido yo. En mi caso, yo milité en la universidad hasta el 2002 y de ahí me recibí, ejercí la profesión y un técnico me convoca al Ministerio de Gobierno sin haber militado. Estuve un año en el Ministerio de Gobierno y me fui a la Corte. Y pareciera que hubo un desmérito en eso.
-¿Usted cree que es presidente de una Corte independiente?
-Yo creo que sí y lo estamos demostrando día a día. Y, a la vez, también la ley de funcionamiento de la Corte, que si bien ha tenido un impacto directo en la distribución de causas, donde hay mucho más trabajo y tengo que resolver desde causas penales hasta civiles, nos ha descomprimido también formalmente a lo que muchas veces la política “nos llevaba”, que era elegir la sala. Ahora se sortean tres jueces, nos sentamos y, si nos ponemos de acuerdo o no, todo lo escribimos.
-¿A usted le han molestado las críticas del exministro Pérez Hualde?
-Bueno, Pérez Hualde fue el que dijo que la Corte funciona con una mayoría automática de 4 a 3 y faltó a la verdad. Eso no es verdad.
-¿A qué se atribuye que la única sentencia en contra de un funcionario en el último tiempo haya sido el caso del ex subsecretario de Trabajo Alejandro Jofré?
-Desde que nosotros reformamos el sistema, lo que llega a los jueces lo juzgamos. Pero no investigamos.
-¿Es un problema del Ministerio Público Fiscal entonces?
-No digo que sea un problema del Ministerio Público Fiscal, porque no sé si investiga o no investiga. Yo creo que el Ministerio Público Fiscal es diametralmente distinto del que teníamos hace tiempo.
La resolución de causas que tiene demuestra mucho profesionalismo, con una tasa de condenas muy alta. Pero hay que ver cuántas denuncias hay sobre funcionarios y cuántas no han prosperado. Presumir que hay un montón de denuncias es un preconcepto. Yo la verdad lo desconozco.
-Lo que ha llegado a la Justicia contra los funcionarios ha salido a favor de ellos, como Oscar Sandes (extitular de Vialidad provincial) o Diego Gareca (subsecretario de Cultura).
-Primero, yo no he sido juez en esas causas. En el caso de Sandes se le hizo un cargo porque había autorizado pagos irregulares. Se hizo una investigación penal y el Tribunal de Cuentas no esperó a que terminara. Y se determinó que todas las facturas que se le imputaban a Sandes las había firmado su secretaria.
En la causa penal su secretaria admitió que las había firmado ¿Cómo se iba a mantener ese cargo? Las hizo esta señora, la citaron y la imputaron. Entonces, más allá del caso, hay que ver el fundamento.
En el caso Gareca, la verdad es que la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad dice otra. El mismo Tribunal de Cuentas en el caso “Vale Más” eximió al ministro y a la subsecretaria, porque sostenían que el ministro y la subsecretaria no podían controlar quiénes firmaban las tarjetas Vale Más.
La pregunta entonces es: ¿Es razonable exigirle al subsecretario de Cultura que controle si entran con una garrafa incumpliendo una licitación pública que él no había tramitado? O sea, ¿hasta dónde la responsabilidad del funcionario público se extiende? ¿Al gobernador se lo va a hacer responsable por lo que hace un policía que genera un daño? Es una discusión jurídica, no política. Hay que leer los fallos, ese es mi planteo.
-¿Usted cree que hay periodistas que actúan de forma irresponsable?
-No, no digo que sea irresponsable. Lo que yo digo es que, si se leen los fallos, se dan cuenta. Y lo más importante es leer los fallos, por ejemplo, de Teresa Day en otra causa igual. Y ahí se van a dar cuenta si hay o no independencia. Porque cuando la Justicia, dependiendo del funcionario -si era de una gestión o de otra-, actúa de una manera o de otra, ahí no hay independencia claramente.
-En el caso del exgobernador Rodolfo Suárez, que se diga que tiene un patrimonio que no puede justificar, ¿no debería generar una respuesta de oficio?
-No sé si de oficio se puede iniciar, la verdad, lo desconozco. Y no sé, la verdad, si hay denuncias o no. Yo creo que hubo un planteo en Ética Pública, que Miró lo mandó a compulsa. Pero se tiene que investigar.
-Pero acá está la sospecha de que un exgobernador habría recibido favores económicos de un proveedor del Estado ¿No tiene la Justicia hoy una herramienta, si no hay una denuncia?
-Salvo que haya hechos que generen una actuación de oficio.
-¿Acá la Justicia no actúa de oficio?
-Hay pocos delitos que se actúan de oficio. Son muy pocos. Se actúa en los delitos donde está previsto así. Tenemos un homicidio y actuamos de oficio. Pero en estos casos no he visto que suceda. Pero bueno, si se denuncia, se tendrá que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. Y ustedes van a poder escrutar esa investigación. Así funciona el sistema y está bien que funcione así.
-¿En la causa de los pozos de Agrelo, por qué no se investigó la corrupción? Se llevó puesto a un superintendente de Irrigación ese caso.
-La verdad es que no sé. Nosotros, en ese fallo, lo que hicimos fue sostener la legitimidad de lo que fue el trámite de Irrigación. Yo podría haber dictado la sentencia en mi voto preopinante y decir que Irrigación tiene razón y, por lo tanto, el trámite no terminó en la concesión y hay que cegar esos pozos. Yo firmaba esa sentencia y era totalmente legal. Me iba a mi casa y al otro día seguía trabajando. Pero cegar 90 hectáreas implicaba dejar a 70 familias sin trabajo.
Los problemas ambientales son complejos y requieren una solución compleja. No puede ser tan simple la solución. Entonces nosotros resolvimos que no van a tener nunca una concesión. Van a tener un permiso precario, si lo quieren tener. Y, para tenerlo, van a tener que pagar el valor “llave”, que hoy creo que son 5 millones de dólares.
Con esa plata, Irrigación va a reinvertir en toda la zona ¿Es la solución jurídicamente pura? Quizá no, porque hemos hecho una aplicación de una norma de aguas superficiales y aguas subterráneas, pero era la forma.
Y esto me hizo acordar mucho al conflicto con La Pampa cuando yo era ministro de gobierno. La Pampa fue a la Corte y en algún punto le dio la razón, diciendo: “Miren, Mendoza tiene que dejar pasar, creo que era 3,5 del caudal fluido ecológico”.
Entonces yo, en el alegato que le hice a la Corte, les dije que ese pedido de La Pampa implicaba 3.000 hectáreas cegadas en Alvear. Y ahí fue cuando tomaron nuestra posición y dijeron que hay que hacer obras que mejoren la calidad y la cantidad del agua. Las soluciones no son tan sencillas y hay que tener cierta responsabilidad y criterio al momento de dictar sentencias.
-¿Esa solución no tuvo una lógica política?
-De ninguna manera tuvo lógica política. Esa sentencia fue 4-2-1. Insisto, en materia jurisdiccional yo estoy muy conforme en cómo está trabajando la Corte. Porque estamos siendo muy libres al momento de dictar sentencias. Y estamos hablando más entre los ministros, lo que implica convencernos jurídicamente, y antes esas discusiones no se daban muchas veces. Esa nueva dinámica permite que el tribunal funcione de manera más fluida.
-Es curioso lo que menciona porque Valerio dice que su discurso no se acordó con el cuerpo…
-Exactamente. Yo con el cuerpo acordé los anuncios y los datos que íbamos a pasar. Y lo otro lo dije yo, es el discurso del presidente.
-Usted mencionó que el discurso es del presidente y Valerio sostenía que le pertenece a la Corte en su conjunto ¿Usted difiere con eso?
-A ver, yo me hago cargo de las cosas que digo. Los anuncios y el balance sí se habló en el pleno, sí lo charlamos. Pero hay declaraciones políticas que las hago yo y me hago cargo. Y si él no está de acuerdo y lo manifiesta, está bien así sea.
-¿Y deberían haber estado presentes él al igual que Adaro?
-Mario (Adaro) tenía una agenda en un viaje y José (Valerio) no sé si fue al gimnasio (se ríe)… no sé qué hizo, creo que estaba en San Rafael.
-Parece que estaba acá y no quiso ir en realidad…
-Desconozco si no quiso ir o no. A mí me dijo que estaba en San Rafael en una capacitación, o por lo menos fue lo que transmitió al cuerpo. Es un acto institucional la apertura del año judicial y, guste o no guste, hay que estar.
-¿Hubiera preferido que estuvieran los dos?
-No, Mario ya había avisado desde antes. Además, tuvimos un problema. En honor a la verdad, tuvimos un gran problema con fijar la fecha, porque teníamos que coordinar la agenda del gobernador para que pudiera estar y después teníamos un montón de feriados en el medio.
-¿Por qué hay causas que son eternas? En el caso de los pozos de Agrelo pasaron 13 años, pero todavía quedan más sin resolver
-Hay causas que no se han movido porque no las impulsan las partes. Salvo en algunos temas del contencioso administrativo y en el sistema penal, donde hay impulsión de oficio de un juez, en el resto hay un impulso compartido. Si no las mueven las partes, no avanzan.
Hay muchos juicios que no avanzan porque las partes no instan el proceso y nosotros no podemos hacerlo de oficio. Por ejemplo, el gobernador pidió por la causa del conflicto de poderes por la Ley de Tránsito en San Rafael. La verdad es que nos pidieron la audiencia inicial hace poquito y nosotros fijamos inmediatamente la audiencia. Ya la hicimos y se está produciendo prueba y las partes tienen que instar la prueba. No es una obligación nuestra.
-Hace unos años prometió que la causa de los funcionarios con sueldos equiparados a magistrados iba a tener resolución y eso no ha sucedido. Tienen frenada una ley por una medida cautelar.
-Esa causa ahora está terminándose. La han impulsado hace unos meses y se está terminando la integración, porque había ministros que se habían excusado y hay una reposición. La vamos avanzando.
-Lo que puede pensar la gente es que ahí la Legislatura resolvió algo y alguien consiguió embarrarla en la Corte para que no tenga vigencia.
-La verdad es que los impulsos son los que mueven estas causas y esta causa en particular se ha impulsado hace unos meses.
-¿Todavía tiene posibilidades de resolverse en plenario ese tema? Algunos dijeron que “se va a morir de vieja” esa causa.
-Está llamado a plenario. Está repuesto el llamado a plenario por el abogado de los equiparados y eso es lo que vamos a tener que decidir ahora. Incluso también hay una decisión que tomar: si eso se resuelve por la ex Sala 2 o lo va a resolver el pleno.
-¿Qué piensa de la autonomía municipal?
-Yo estoy de acuerdo. Me parece que hay una deuda pendiente de la provincia después de la reforma del 94 y los municipios tienen que ser autónomos, tienen que poder regularse.
No obstante, creo que en Mendoza, conociendo el resto de las provincias, la autonomía municipal tiene una intensidad que, por más que no esté declamada jurídicamente en la Constitución, es mayor que en otros lugares.
Por ejemplo, Mendoza tiene un sistema de coparticipación por ley, al igual que la Nación. Entonces los municipios se van coparticipando y no dependen del Poder Ejecutivo de turno, si les da más o menos plata.
Acá hay una ley que establece porcentajes, mal o bien sucede. Incluso hay dos municipios que están impugnando ese reparto, que son Luján y Rivadavia.
-¿La Corte va a resolver antes el conflicto de poderes del Gobierno con San Rafael que estas causas?
-Las dos están avanzando, todas las causas se mueven. Pero no sé, va a depender de cómo las partes las impulsen. No sé si se va a resolver después. El conflicto de poderes es muy incipiente porque se ha presentado la demanda la semana pasada, hemos hecho el primer decreto y se ha trasladado la demanda esta semana a las partes.
-¿No tiene urgencia esta causa? Hay convencionales que en San Rafael estaban por ser designados...
-Nosotros en 48 horas hemos corrido traslado de la demanda. Cuando contesten la demanda, fijaremos audiencia inicial. La hemos tramitado con la mayor rapidez posible. Si una causa se impulsa correctamente puede terminarse en menos de un año. Depende mucho de la prueba.
-¿Le gusta cómo funciona el Consejo de la Magistratura de Mendoza?
-A mí me gustaría que terminemos definiendo el presidente y creo que lo vamos a hacer dentro de poco.
-¿Por qué se demoró tanto?
-Bueno, esa es una discusión que nos dimos en la Corte y no llegamos a un acuerdo.
-Y al margen del presidente, ¿qué opina de su funcionamiento? Porque la Corte a nivel nacional es un tema que ha puesto sobre la mesa.
-Lo que yo conozco del Consejo no me parece mal. Ahora están filmando los exámenes orales, lo cual para mí es un gran avance porque permite a cualquiera que haya rendido un examen, y que le haya ido bien o mal, observarlo. A ustedes, por ejemplo, ver a qué juez aprobaron.
Yo haría algunas reformas, incluso lo hemos hablado: traería, por ejemplo, más jueces de afuera y armaría equipos con funcionarios judiciales de mucho prestigio que vinieran a tomar los exámenes. Haría una base de datos de exámenes.
-El examen no termina teniendo un peso tan importante como la entrevista y de eso está hablando la Corte nacional. Ese mecanismo es igual en Mendoza, ¿no debiera ser un tema también?
-En algunos casos tiene más peso la entrevista, en otros menos. Son modelos, yo no puedo decir cuál es el mejor modelo. Porque también, por ejemplo, podríamos decir que el mejor modelo es que gane el que mejor rinde. Y alguno podría decir que van a elegir de una manera sesgada a quien toma el examen y el Consejo de la Magistratura, que es el órgano constitucional, va a estar subordinado a lo que decida un jurado N.N. Se van a preguntar por qué eligen a tal profesor que toma el examen.
Yo no digo que sea perfecto este sistema, me parece que se puede perfeccionar. Pero hay que hacer un mix, porque si vos dejás todo lo técnico y decís que decida el jurado, vas a sospechar del jurado.
-Precisamente de lo que habla la Corte es reducir la importancia de la entrevista. Hoy la lógica que hay en el Consejo de la Magistratura y es que en esa entrevista tiene mucha incidencia el gobierno.
-Puede ser, no sé si es tan así. De todos modos, son cosas para charlar. Y son cuerpos democráticos; si me dice que tiene incidencia el gobierno, es real. Tiene incidencia porque gana las elecciones y los legisladores que están ahí son elegidos por el pueblo. En definitiva, es una elección indirecta del pueblo.
-¿No hay un control del gobierno en el Consejo de la Magistratura entonces?
-No, no. A ver, claro que tiene una injerencia. Tiene al subsecretario de Justicia y a la ministra como parte. Pero también están los abogados y los legisladores. A los abogados los elige la matrícula y, en el caso de los legisladores, la elección popular.
-¿Debería comandar la Corte?
-La Corte tiene un representante, que es el presidente.
-Pero hoy no la preside…
-Hoy no lo preside y tenemos que hacer un mea culpa. Nosotros no nos hemos puesto de acuerdo y yo lo voy a poner en el temario del pleno para definirlo. Yo creo que vamos a avanzar en los acuerdos.
-¿Por qué cree que no mejora la imagen de la justicia?
-Porque es muy difícil eso. Además, si usted dijera que es una particularidad de la Justicia mendocina, yo diría que estoy preocupado. Pero es una particularidad de la Justicia en todo el mundo. Uno puede ir a Reino Unido o Estados Unidos… ¿Y por qué pasa eso? Yo quiero hacer una diferencia entre la percepción y el usuario del sistema.
La percepción es mala. Primero, porque muchos ciudadanos por ahí, cuando piensan en el aparato judicial, piensan en la policía y se generaliza todo. En segundo lugar, porque normalmente cuando yo voy a un proceso, soy víctima o soy acusado; o soy actor o demandado; y si soy actor o demandado, uno de los dos pierde.
Entonces, ahí está el esfuerzo para explicarle al que pierde por qué pierde. Ahí viene el lenguaje claro en la sentencia. Entonces, en esa percepción, lamentablemente, va a tener un 40% de aprobación.
Pero en las audiencias, como todo es oral hoy, nosotros tenemos un QR y el que va a la audiencia puede llenar una encuesta de satisfacción. El 92% está satisfecho con cómo llegaron a sus juicios y la labor del juez. Entonces queda en nosotros cambiar esa percepción.
-¿Hablan mucho con el gobernador?
-No.
-¿Tienen una comunicación frecuente? ¿Se ve con él?
-No, no me veo mucho con él. Me veo a veces en actos. La última reunión que tuvimos debe haber sido hace unos meses por Tunuyán. Yo soy un convencido de que los jueces no hablan por sus sentencias, los jueces tienen que hablar también. Escriben la sentencia, la firman y se hacen cargo, pero también tienen que hablar y explicar.
Nosotros, como Corte, tenemos que hablar con los otros poderes. Yo tengo que poder hablar con el gobernador, sentarme con la vicegobernadora para plantear un tema legislativo, por ejemplo, como fue el beneficio de litigar sin gasto, que mandamos nosotros en el proyecto de ley.
Somos todos funcionarios públicos, somos responsables y, mientras él no me diga cómo dictar una sentencia, se charla todo lo otro.
-¿Nunca le pidió al gobernador una sentencia?
-No, de verdad que no.