El gobierno de Javier Milei anunció este viernes el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley para reformar la Ley General de Sociedades.
El proyecto enviado al Congreso busca reemplazar el régimen actual por un marco basado en la libertad contractual y la autonomía.
El gobierno de Javier Milei anunció este viernes el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley para reformar la Ley General de Sociedades.
La iniciativa, elaborada conjuntamente por el Ministerio de Desregulación y Transformación, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica, tiene como objetivo central reducir la injerencia estatal y agilizar la constitución y organización de las compañías en Argentina.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que la reforma busca dejar atrás un régimen que calificó de "rígido y anacrónico", basado en la desconfianza hacia el sector privado. El nuevo marco normativo propone que las disposiciones de la ley pasen a ser supletorias, otorgando prioridad a la voluntad de los socios expresada en el estatuto.
Bajo esta premisa de "burocracia cero", se eliminan las trabas en los registros públicos, permitiendo que el objeto social de las empresas sea amplio y plural, sin necesidad de que exista conexidad entre las actividades. Incluso, si no se especifica un objeto en el estatuto, se entenderá que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita.
Una de las propuestas más novedosas es el reconocimiento de la "Sociedad Automatizada" que es una firma que opera íntegramente mediante algoritmos o inteligencia artificial, sin requerir intervención humana ni empleados para sus operaciones diarias. Y las "DAO" (Organizaciones Autónomas Descentralizadas) que funcionan de manera total o parcial a través de tokens y registros en blockchain.
Ambas figuras contarán con personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada. En sintonía con esto, el proyecto habilita la digitalización plena, lo que incluye libros y registros digitales, asambleas a distancia y la constitución de sociedades mediante firma electrónica.
Inspirado en modelos de negocios internacionales como el de Dubai, el proyecto permitirá que las sociedades pacten cláusulas para someter sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional. Asimismo, se podrán incluir cláusulas arbitrales para resolver controversias fuera de la justicia ordinaria.
Con esta reforma, el oficialismo pretende "adaptar el derecho societario a la economía del siglo XXI" y consolidar un camino de crecimiento mediante la atracción de nuevas inversiones.