Fue designada la conjueza María Jimena González Pina para la causa que enfrenta el exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino.
El exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino
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Archivo Los Andes La causa contra el exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, sumó un nuevo capítulo de tensión este jueves luego de que se confirmara la designación de la conjueza María Jimena González Pina como jueza de garantías del proceso. Horas después, la querella presentó una recusación para apartarla de la investigación.
El exfuncionario de Alfredo Cornejo se encuentra imputado por coacciones en contexto de violencia de género contra su expareja y portación ilegal de armas de fuego de guerra. También está denunciado por abuso sexual por parte de la misma mujer.
El planteo fue realizado por la abogada María Elena Quintero, representante de la expareja denunciante, quien sostuvo que existen “circunstancias objetivas” que comprometen la imparcialidad de la magistrada por su situación institucional dentro del Poder Judicial, pudo saber Los Andes.
La designación de González Pina se produjo tras una serie de cambios de magistrados que intervinieron en el expediente. Originalmente había sido sorteada la jueza María Cristina Pietrasanta, pero fue recusada por la querella y se apartó de la causa.
Luego resultó designada la jueza Eleonora Arenas, quien tambien recibió una recusación de la querella pero no la aceptó. Sin embargo no llegó a intervenir en la causa porque el Senado aprobó su nombramiento como integrante del Tribunal Penal Colegiado.
Esa situación generó un efecto en cadena dentro del fuero penal. Desde tribunales señalaron que al menos seis jueces cambiaron de funciones en distintas circunscripciones tras los recientes acuerdos del Senado y que varias vacantes comenzaron a cubrirse con conjueces.
En ese marco, González Pina heredó las causas que estaban bajo la órbita de Arenas, entre ellas el expediente contra D’Agostino. Desde el Poder Judicial remarcaron que la designación de conjueces es una práctica habitual mientras los concursos no concluyen formalmente.
En el caso de González Pina, indicaron que está especializada en Derecho Penal, tiene aprobado el concurso correspondiente, cuenta con el psicofísico realizado y se encuentra postulada para cargos judiciales, aunque todavía resta el acuerdo legislativo definitivo.
Sin embargo, la querella sostiene que justamente esa situación concursal afecta la apariencia de imparcialidad que debe tener la magistrada.
En la recusación presentada a la que tuvo acceso este diario, la defensa de la denunciante argumentó que González Pina “carece de estabilidad” porque aspira a un cargo permanente y su designación definitiva depende del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Senado.
Según el escrito, eso genera una “sospecha objetiva de parcialidad” en una causa que involucra a un exfuncionario con vínculos institucionales dentro del sistema judicial.
La presentación también cuestiona el mecanismo de designación de la conjueza y afirma que la acordada de la Suprema Corte de Justicia que dispuso su nombramiento no fue publicada oficialmente, lo que —según la querella— afecta la transparencia del proceso.
Además, el escrito plantea la inconstitucionalidad del artículo 80 del Código Procesal Penal de Mendoza, que establece que las recusaciones se resuelven sin posibilidad de apelación.
La recusación quedó ahora bajo análisis judicial y vuelve a demorar el avance de una causa que ya atravesó múltiples cambios de magistrados desde su inicio. Por su parte, según pudo saber Los Andes, la defensa no recusará a la magistrada.