El Consejo de la Magistratura carece de representantes de la Suprema Corte de Justicia desde febrero del año pasado. Qué dijo el juez Dalmiro Garay.
La Suprema Corte de Justicia debe elegir un presidente para el Consejo de la Magistratura.
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Archivo Los Andes El Consejo de la Magistratura de Mendoza acumula más de un año sin presidente, cargo que le corresponde designar a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. La jueza María Teresa Day ocupó ese rol en el período 2022-2024, pero en febrero de 2025 venció su mandato y el máximo tribunal no logró acordar un sucesor ni su reelección. Así funciona hasta la actualidad.
El Consejo se compone de siete integrantes titulares y sus respectivos suplentes: un juez de la Suprema Corte de Justicia (presidente), un representante del Poder Ejecutivo, un consejero de los magistrados en ejercicio, dos diputados provinciales votados por la cámara y dos abogados electos por la matrícula.
Entre las funciones principales del presidente se encuentran convocar y presidir las sesiones, fijar el orden del día y coordinar el trabajo entre los consejeros y las comisiones técnicas. Además, tiene a su cargo impulsar y supervisar los concursos para la selección de jueces, garantizando el cumplimiento de los procedimientos y los plazos establecidos.
También ejerce la representación institucional del organismo y, en determinados casos, puede intervenir con voto decisivo ante empates. No obstante, su rol no es el de designar magistrados, sino el de ordenar y asegurar el correcto funcionamiento del proceso mediante el cual se elevan ternas al Poder Ejecutivo.
El presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, admitió que no han logrado ponerse de acuerdo entre los ministros para designar a su representante. En una extensa entrevista con Los Andes, el juez reconoció que la Corte “hoy no lo preside y tenemos que hacer un mea culpa”.
“Nosotros no nos hemos puesto de acuerdo y lo voy a incorporar en el temario del pleno para definirlo. Creo que vamos a avanzar en los acuerdos”, afirmó.
Las declaraciones de Garay se dan en medio de una interna en el máximo tribunal, que expone diferencias entre sus miembros.
Desde la elección de las nuevas autoridades, los jueces Mario Adaro y José Valerio blanquearon su enfrentamiento con la presidencia y tampoco participaron del acto de apertura del año judicial, encabezado por Garay junto al gobernador Alfredo Cornejo la semana pasada.
Adaro se ausentó por una actividad en República Dominicana, mientras que Valerio lo hizo por su participación en un congreso jurídico en San Rafael, aunque comenzaba el miércoles y el acto fue el martes al mediodía.
En su visita al Sur, Valerio lanzó varias críticas contra Garay, entre las que mencionó justamente el Consejo de la Magistratura: “Yo he manifestado mi preocupación con respecto al Consejo de la Magistratura, lo he hecho en una acordada. Me parece que hay que empezar a tomar conciencia de que la institucionalidad y la calidad institucional son responsabilidad de todos”, apuntó en una entrevista con FM Vos de San Rafael.
Actualmente, el cuerpo cuenta con seis consejeros en funciones, debido a la vacancia en la presidencia. Fuentes judiciales afirman que el cuerpo continúa funcionando, a pesar de no tener una presidencia, ya que tienen quórum para sesionar.
Por el Poder Ejecutivo, se desempeñaba como titular el exsubsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino, con la ministra Mercedes Rus como suplente. Tras la renuncia de D’Agostino por la denuncia que recibió por violencia de género, resta definir si asumirá el nuevo subsecretario Juan Carlos Jaliff o si continuará Rus en soledad.
Mientras tanto, Jaliff ya deslizó una definición al respecto. En contacto con La Mesa Política de Aconcagua Radio, defendió el sistema de concursos: “Yo sostengo que la justicia de Mendoza es independiente. Para llegar a la magistratura se tiene que rendir, pasar el examen y después ir al pleno del Consejo de la Magistratura, donde la representación está equilibrada”.
La Cámara de Diputados designó en febrero a sus representantes por dos años: César Cattaneo (UCR) y Germán Gómez (PJ) como titulares, con María Eugenia De Marchi y Gustavo Perret como suplentes. De todos modos, con la reorganización legislativa a partir de mayo, podrían elegirse nuevos representantes. Por ley deben ser un oficialista y un opositor.
Por el estamento de los magistrados, el año pasado fue elegido el juez civil Alfredo Dantiacq como titular y la jueza de Familia Cintia Barriga Minervini como suplente. Este representante tiene un mandato de dos años.
En representación de los abogados, se encuentran como titulares Pablo Teixedor y Adriana Atencio, mientras que los suplentes son Orlando Fernández Broner y Elsa Fuligna.
En otro pasaje de la entrevista, Dalmiro Garay se refirió a posibles cambios en el Consejo de la Magistratura de Mendoza y los comparó con el debate abierto a nivel nacional sobre el funcionamiento del sistema judicial, en particular las discusiones en torno a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En ese contexto, Garay señaló sobre el cuerpo mendocino: “Lo que yo conozco del Consejo no me parece mal. Ahora están filmando los exámenes orales, lo cual para mí es un gran avance porque permite a cualquiera que haya rendido, y que le haya ido bien o mal, observarlo. Incluso ustedes pueden ver a qué juez aprobaron”.
El magistrado planteó que el sistema puede ser perfeccionado, aunque defendió su esquema actual: “Yo haría algunas reformas, incluso lo hemos hablado: traería, por ejemplo, más jueces de afuera y armaría equipos con funcionarios judiciales de mucho prestigio que vinieran a tomar los exámenes. También haría una base de datos de exámenes”.
Sobre los criterios de evaluación, advirtió que no existe un modelo único: “En algunos casos tiene más peso la entrevista, en otros menos. Son modelos, yo no puedo decir cuál es el mejor. Porque también podríamos decir que el mejor es que gane el que mejor rinde, pero alguien podría cuestionar cómo se elige a quien toma el examen”.
En esa línea, alertó sobre los riesgos de trasladar todo el poder de decisión a evaluadores técnicos: “Si dejás todo en manos del jurado, vas a sospechar del jurado. El Consejo de la Magistratura es el órgano constitucional y no puede quedar subordinado a decisiones de un jurado que no tenga control”.
Finalmente, concluyó que el sistema requiere un equilibrio entre criterios técnicos y control institucional: “No digo que sea perfecto, pero hay que hacer un mix. Si dejás todo lo técnico, también se generan sospechas”.