Tras los allanamientos realizados en Buenos Aires y Mendoza, Facundo Leal quedó bajo la lupa judicial por el hallazgo de dólares en efectivo.
El mendocino exfuncionario de Arsat quedó bajo la lupa judicial
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Tras la detención de Facundo Leal, exfuncionario mendocino con cargos jerárquicos en ARSAT y recientemente titular del ORSNA bajo el gobierno de Javier Milei, informaron que no figuran en su declaración jurada los casi 2.4 millones de dólares que hallaron en sus propiedades.
Lo que comenzó como una investigación por el presunto robo y alquiler con sobreprecios de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a la empresa estatal ARSAT, derivó en el descubrimiento de una fortuna oculta y sustancias ilegales en la última semana.
Durante los operativos realizados por la Policía Federal en sus domicilios de Palermo y la Quinta Sección de Mendoza, la justicia incautó un total que roza los 2,4 millones de dólares en efectivo.
En el departamento porteño se hallaron más de 650.000 dólares en una caja fuerte, mientras que en una de sus propiedades en Mendoza se secuestraron 1,7 millones de dólares adicionales.
La principal inconsistencia que complica la situación procesal de Leal es la brecha entre su patrimonio declarado y el dinero hallado. Según los registros de su declaración jurada correspondiente al año 2025, el exfuncionario solo había manifestado poseer ahorros en moneda extranjera por el equivalente a poco menos de 2.500 dólares.
Si bien Leal declaró activos totales por más de 528 millones de pesos, incluyendo siete inmuebles valuados a precio fiscal y una empresa unipersonal, los más de 2 millones de dólares incautados no figuran en sus presentaciones oficiales.
Además del dinero, la causa sumó complejidad con el hallazgo de cocaína, ketamina y drogas sintéticas, en cantidades que podrían exceder el consumo personal, junto con balanzas y otros elementos relacionados.
Leal, caracterizado por su notable capacidad de adaptación política para mantenerse cerca del poder en distintas gestiones, enfrenta ahora el desafío de justificar el origen de los fondos ante el Juzgado Federal de San Isidro, mientras la justicia analiza los dispositivos electrónicos y la documentación secuestrada.