La sentencia fue dictada por el Tribunal de Juicio Criminal Oral del Distrito Sur, que además ordenó su inmediata detención una vez concluida la lectura del fallo.
La Justicia de Tierra del Fuego condenó al secretario general de ATE, Carlos Córdoba, a cinco años de prisión efectiva tras hallarlo culpable de una serie de estafas relacionadas con un proyecto habitacional destinado a afiliados estatales en Ushuaia. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Juicio Criminal Oral del Distrito Sur, que además ordenó su inmediata detención una vez concluida la lectura del fallo.
La causa investigó irregularidades en el desarrollo de un plan de 128 viviendas impulsado por el gremio en el barrio Barrancas del Río Pipo, uno de los sectores de mayor crecimiento de la capital fueguina. Según determinó la Justicia, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2013 y fines de 2017 y afectaron a numerosos trabajadores que esperaban acceder a una vivienda a través del proyecto promovido por el sindicato.
El tribunal consideró acreditados 22 hechos delictivos vinculados con el plan habitacional y encontró a Córdoba coautor materialmente responsable del delito de estafas reiteradas.
La misma pena recayó sobre Miguel Ángel Arana, conocido como “Miguelón”, quien también fue condenado como coautor de las maniobras investigadas.
En cambio, el empresario Erik Enrique Moscoso Panozo, que enfrentaba una acusación por presunto lavado de activos, resultó absuelto. Los jueces resolvieron beneficiarlo con el principio de la duda al considerar que no existían elementos suficientes para una condena.
Luego de conocerse la sentencia, la conducción de ATE emitió un comunicado en respaldo de Córdoba y cuestionó con dureza al gobierno provincial. Desde el sindicato manifestaron su preocupación por la situación del dirigente y advirtieron sobre posibles consecuencias derivadas de su encarcelamiento.
“Responsabilizamos al Gobierno Provincial por cualquier situación que pudiera afectar la integridad física, moral o institucional de nuestro Secretario General”, expresó la organización en el documento difundido tras el fallo. La declaración dejó en evidencia el fuerte malestar del gremio frente a la decisión judicial y anticipa un escenario de tensión entre la entidad sindical y las autoridades provinciales.
Minutos antes de que se conociera la resolución del tribunal, Córdoba sostuvo su inocencia y defendió el proyecto habitacional impulsado por el sindicato. Durante sus últimas palabras ante la Justicia, afirmó que la iniciativa original contemplaba la construcción de unas 600 viviendas y no únicamente las 128 que formaron parte de la causa judicial.
“Nosotros gestionamos esas 128 viviendas que en realidad eran 600, no 128. El proyecto son 600 viviendas”, manifestó. El dirigente también destacó que el plan formaba parte de un esquema de financiamiento que, según explicó, contaba con la participación del Banco Nación y que buscaba beneficiar a trabajadores y vecinos de la provincia.
En su descargo, Córdoba rechazó haber obtenido beneficios económicos personales mediante el proyecto y aseguró que nunca engañó a quienes participaron de la iniciativa. “No se le ha mentido a la gente diciéndole que vamos a recibir plata por esto o vamos a hacer plata por lo otro”, sostuvo.
Además, afirmó que no posee una vivienda propia y que actualmente reside en una propiedad perteneciente a su esposa. “He dejado bien demostrado que no tengo vivienda. Me declaro inocente”, concluyó antes de que los jueces anunciaran la condena que derivó en su inmediata detención.