Alberto Fernández cuestionó los más de cien celulares encriptados que la AFI distribuyó entre exfuncionarios

El Presidente Alberto Fernández se refirió hoy en las redes sociales a la denuncia judicial hecha por la Agencia Federal de Inteligencia respecto a la intervención de exagentes en presuntas operaciones de persecución de dirigentes sindicales. Fernández se preguntó sobre la intención que hubo detrás de la distribución de “más de cien celulares encriptados provistos por la AFI” a exfuncionarios durante el gobierno de Mauricio Macri.

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“La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores”, introdujo el Presidente en el primero de sus siete tuits.

“A partir de la nueva información quisiera recordar: al inicio de la gestión denunciamos la existencia de más de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos”, recordó.

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“Sí, se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros”, citó.

Es, entonces, que el Presidente dejó planteadas una serie de preguntas: “¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en ‘operador judicial’?”.

“Esas preguntas exigen una respuesta. El uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones crimínales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible”, sostuvo.

El Presidente escribió: “Ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos”.

En el último tuit, Fernández dijo: “He impuesto a la intervención de la AFI, el deber de poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales. Así lo hace hoy. Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista, revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática”.

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Hace dos semanas, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño entregó a la Justicia Federal un video de junio de 2017, en el que se ven a tres exdirectivos de la AFI que por entonces conducían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a exfuncionarios del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y a empresarios. En la grabación, el exministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, planteó que desearía contar con “una Gestapo” para actuar contra dirigentes sindicales. La justicia federal ya avanzó en allanamientos de los 15 participantes de la reunión en una oficina del Banco Provincia de Buenos Aires.