Ante el compromiso del Gobierno nacional de avanzar en reformas, funcionarios y empresarios analizaron qué deberían incluir esas modificaciones.
Foro de AEM: empresarios y funcionarios analizaron cómo los costos impositivos y laborales impactan en los negocios. Foto: Ramiro Gomez
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La Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) realizó su Foro 2025, en el Hotel Hilton, con dos propuestas: un panel con la mirada de representantes del sector público y el privado sobre impuestos y negocios, y la disertación del economista Salvador di Stefano sobre el Plan Milei 2025, con perspectivas de corto y largo plazo.
Luego de las palabras de bienvenida del presidente de AEM, Jorge Mosso, comenzó el panel con el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente; el gerente de Montemar, Federico Pagano; el presidente de Unión Industrial de Mendoza (UIM), Matías Díaz Telli; la presidente de Portfilio SA, Carina Fedra Egea; y la editora de Economía de Los Andes, Soledad Gonzalez, quien moderó el bloque.
Consultado sobre la necesidad de una reforma laboral, como la que ya anunció el ministro de Economía de Nación, Luis Caputo, Vargas Arizu respondió que es indispensable para reactivar el tejido productivo.
"Si queremos un trabajo de calidad, debemos hacer que eso fluya", planteó y señaló que el marco regulatorio actual no promueve la inversión ni la creación de empresas, sino que se ha centrado en sostener estructuras sin incentivar el espíritu emprendedor.
Como evidencia de esto, mencionó que hay 600 mil pymes en Argentina, cuando, si se compara con la realidad de los países vecinos, debería haber 2 millones. Sumó que el número inferior se debe al riesgo que afrontan los pequeños y medianos emprendedores, para quienes la desvinculación de un colaborador puede implicar la quiebra del negocio.
Precisó que, en cambio, una corporación cuenta con un estudio de abogados especializados y presupuestos que asumen los costos laborales contenciosos como un porcentaje previsible de la facturación.
Vargas Arizu advirtió que esta situación ha provocado que muchos pequeños y medianos empresarios opten por no expandirse, lo que implica un obstáculo para el crecimiento; una tendencia que se ha acentuado en las últimas dos décadas.
La actual normativa, siguió, causa que la tasa de trabajo informal oscile entre el 35% y el 45%. Es que, lejos de ser producto de la "mala voluntad" de los empleadores, la informalidad es favorecida por una "mala legislación", que desincentiva la inclusión de personal para evitar contingencias legales.
Concluyó que la reforma laboral -y la impositiva- son los dos pilares fundamentales para promover la creación de empresas, necesarias para motorizar la economía y reducir drásticamente los niveles de informalidad. Pero también señaló que, para que estas transformaciones se concreten, el Poder Ejecutivo deberá superar el desafío de la falta de una mayoría en el Congreso.
Cuando se habla de las cargas que se suman para configurar el alto “costo argentino”, también se menciona el aporte que hacen los municipios. Calvente analizó que los gobiernos municipales pueden impactar negativamente en el clima de negocios y en el crecimiento económico en dos dimensiones: la presión fiscal y la burocracia desmedida.
Detalló que el contexto macroeconómico obliga tanto a los empresarios como a los funcionarios a ser más competitivos. "La inflación escondía cualquier tipo de ineficiencia," sostuvo el jefe comunal y planteó que, en este escenario, el sector público debe "aggiornarse" y pulir sus procesos, además de generar condiciones de competitividad para el sector privado.
El intendente identificó la desburocratización como una prioridad y consideró que la respuesta municipal a una inversión no sólo debe ser oportuna, sino pertinente. También, que se tiene que evitar la superposición de controles con el gobierno provincial y nacional.
Analizando el aspecto fiscal, mencionó que las tasas y derechos municipales impactan fuertemente en sectores como el inmobiliario, especialmente en la etapa temprana de la inversión, a través de aforos y derechos. Para incentivar el crecimiento, la gestión municipal ya ha implementado medidas concretas.
"Eliminamos 101 tributos, entre aforos, derechos y tasas", declaró Calvente y detalló otras propuestas, como el 40% de devolución de la inversión en el departamento (Guaymallén invierte con vos) y subsidios para que los comercios puedan mejorar sus fachadas, como parte de una política activa de promoción del desarrollo económico.
De todos modos, lanzó que todo está supeditado al ordenamiento de la macroeconomía y las reformas, sin las cuales no es de esperar crecimiento ni generación de trabajo.
Pagano señaló que Argentina ostenta una de las presiones tributarias más altas del mundo, lo que genera un círculo vicioso de alta presión y bajo crecimiento. Desde su mirada, la reforma debe enfocarse en la reducción drástica de la carga impositiva, ya que en Argentina hay más de 170 impuestos (entre nacionales, provinciales y municipales), lo que calificó de una "locura total".
Añadió que es imperativo suprimir tributos como Ingresos Brutos (presente solo en Argentina y Turquía) y las tasas municipales que se cobran en función de la facturación (en algunos municipios del país). Se trata, resaltó, de impuestos regresivos, que se acumulan en toda la cadena productiva, encareciendo y haciendo inviable la actividad.
También, como empresario financiero, indicó que el sector sólo presta el 10% del PBI -frente al 40% o más de los países limítrofes-, porque es uno de los principales recaudadores, porque un crédito para el consumo paga IVA, Ingresos Brutos y Sellos, y la persona que lo tomó compra un bien, con lo que vuelve a pagar los mismos impuestos.
Pagano mencionó que el costo laboral en Argentina es “desmesurado" y es un factor fundamental que eleva el tipo de cambio real, impactando negativamente en la capacidad de competir. Consideró que se deben reducir las contribuciones y cargas que no llegan al bolsillo del trabajador, pero que aumentan el costo de contratación.
Y que, además, en línea con lo que señaló el ministro de Producción, la reforma laboral debe ofrecer un marco legal que minimice el riesgo para los pequeños emprendedores, fomentando la contratación formal.
Subrayó que la solución “no es cosmética, sino una cirugía mayor” y que las reformas deben apuntar a hacer viable la actividad empresarial, lo que se traducirá en una mayor cantidad de empresas por habitante (actualmente cinco veces por debajo de países limítrofes) y en un aumento del empleo formal registrado.
“Creo que es erróneo pensar que la infraestructura que necesitamos como país es responsabilidad exclusiva de los privados o que si no tiene un retorno medible en una planilla de Excel no se tiene que hacer”, lanzó Díaz Telli. Y señaló que hay un déficit en este sentido, que afecta tanto a la comunidad en general como a los empresarios.
La falta de inversión en infraestructura se traduce en un severo déficit de competitividad, muy notable en la cadena logística. El empresario detalló los costos "demenciales" que enfrentan las industrias, como el sector vitivinícola, agravados por la superposición tributaria (IVA e Ingresos Brutos) en la adquisición de camiones.
Se enfocó después en lo que sucede en el corredor internacional, por donde se llevan las mercaderías mendocinas a los puertos de Chile. Señaló que no sólo no se hacen inversiones desde hace años para mejorar el camino, sino que las demoras burocráticas en aduana generan un costo que pocos contemplan.
Ilustró que un camión de mercadería demorado arbitrariamente cinco días puede generar un costo, entre salario al conductor, viáticos y otros, de $25 millones. Sin embargo, el impacto más grave es la pérdida de mercados: si un vino no se entrega a tiempo, el lugar en la góndola internacional es ocupado por un competidor, obligando a reiniciar la negociación comercial.
Para revertir este cuadro, el presidente de la UIM concluyó que se requiere una combinación de factores: reformas laboral y tributaria, junto a un plan de infraestructura que mejore la conectividad y ponga en valor los activos y empresas nacionales, impulsando la productividad y la calidad de vida.
Fedra Egea mencionó que, en su experiencia de 20 años estructurando instrumentos de financiación para las empresas y los gobiernos, la capacidad de acceder a fondos depende también de los costos laborales, tributarios y logísticos.
"El mercado de capitales es el fondo que podría financiarlo todo, pero el inversor evalúa la capacidad real de repago de una empresa, una vez que ha pasado por el gran costo laboral, el gran costo tributario, y los riesgos operativos," explicó.
La volatilidad se traduce en un riesgo que el inversor debe asumir, lo que inmediatamente reduce la competitividad de la empresa al buscar financiación. A mayor riesgo, las condiciones de mercado (tasas y plazos) empeoran.
Actualmente, las empresas recurren al capital propio, el financiamiento más caro, por un "temor tremendo" a la financiación externa. La experta señaló que, si bien el mercado de capitales argentino cuenta con instrumentos de financiación para pymes de los más desarrollados de Latinoamérica, la falta de un "país acorde" anula su potencial.
Por ello, el mercado está "ansioso y precavido" a la espera de que el próximo Congreso aborde las reformas necesarias para mejorar la competitividad en lo laboral, tributario y previsional. La empresaria concluyó que la solución requiere una "estructura mucho más amplia y transversal" en todos los niveles, permitiendo a las empresas planificar su crecimiento y, sobre todo, su financiación.