El Gobierno destinará 14,5% del Presupuesto 2026 a infraestructura, aunque gran parte de los fondos provendrán del Fondo de Resarcimiento.
El ministro de Hacienda, Víctor Fayad en la presentación del Presupuesto 2026. Foto: Legislatura.
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El Gobierno de Alfredo Cornejo proyecta destinar el 14,5% del Presupuesto 2026 a la obra pública. Aunque el porcentaje es significativo, gran parte de la inversión (11%) corresponderá a un fondo extraordinario: Fondo de Resarcimiento nacional por los efectos de la promoción industrial.
Si bien el oficialismo destaca que la “ley de leyes” mantiene el equilibrio fiscal, puertas adentro reconocen la ausencia de superávit corriente, lo que impactará en los planes de infraestructura (3,5% será el presupuesto de obras) y posiblemente en los aumentos salariales del personal estatal.
La pauta de gastos, presentada este miércoles en la Cámara de Diputados por el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, prevé ingresos por $5,09 billones para 2026, de los cuales el 58% llegarán por Coparticipación Federal.
“No distinguimos qué es obra nueva o continuidad. Estamos invirtiendo 15 puntos del presupuesto en obra pública y consideramos como continuidad los proyectos en los que el Fondo de Resarcimiento ya firmó convenios, aunque aún no comenzaron. Lo importante es terminarlos”, señaló Fayad.
Del total previsto, el 42% se destinará al pago de salarios de la Administración Pública. El esquema del Ejecutivo se apoya en tres pilares: sostener la inversión pública, garantizar el equilibrio fiscal y avanzar en la reducción de impuestos, con el objetivo de consolidar el crecimiento económico y mantener la sostenibilidad de la deuda provincial.
"De la paritaria nada puedo anticiparme de lo que sucederá el año que viene, pero tomando el comentario en cómo se ha comprimido el superávit corriente, va a haber poco espacio fiscal para que los aumentos difieran mucho de lo que viene siendo la inflación", afirmó el ministro.
Las prioridades del plan incluyen obras viales estratégicas, mejoras en hospitales y comisarías, digitalización del sistema de salud, construcción de salas de nivel inicial y secundario con conectividad, además de viviendas a través del IPV.
En paralelo, se ejecutarán 32 obras financiadas con el Fondo de Resarcimiento por la caída del régimen de Promoción Industrial, con una inversión estimada en más de un billón de pesos entre 2025 y 2028. Estas abarcan transporte, riego, energía, saneamiento y rutas provinciales y nacionales.
“Aspiramos a que el plan de obra pública que se inició en 2025 se complete en los próximos años. No habrá grandes obras emblemáticas, salvo las financiadas por el Fondo de Resarcimiento, especialmente vinculadas al transporte”, subrayó Fayad.
El ministro adelantó además que se solicitará financiamiento por $140.000 millones para finalizar las etapas III y IV del Metrotranvía, y otros $100.000 millones para iniciar el Tren de Cercanías.
“Se trata de nueva deuda, pero buscamos financiamiento de organismos internacionales con condiciones blandas: largos plazos de amortización, bajas tasas de interés y periodos de gracia que permitan desarrollar los proyectos”, explicó.
El proyecto apunta a mejorar la conectividad regional y fortalecer el transporte público en el Gran Mendoza. Se prevé un recorrido entre la estación Libertador San Martín (San Martín) y la estación Gutiérrez (Maipú), que funcionará como nodo de trasbordo con el Metrotranvía.
En junio, Cornejo firmó un convenio con el secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, que autoriza a la Provincia a intervenir un tramo de 32,3 kilómetros del ramal San Martín, actualmente usado para trenes de carga. El llamado “Tren de Cercanías del Este” unirá ocho estaciones desde Junín hasta Maipú, con fecha estimada de inauguración en 2027.
Según el Gobierno, la inversión en obras de infraestructura y material rodante será de unos 100 millones de dólares, a través de los Fondos de Resarcimiento.
La iniciativa se enmarca en la Ley Nacional 27.132, que declara de interés público la reactivación ferroviaria de pasajeros y cargas, y en el Decreto Nacional 526/2024, que habilita la participación de terceros en la gestión y operación del sistema, lo que abre la puerta a convenios e inversiones interjurisdiccionales.