Poco después de que el Senado rechazara, por mayoría, el DNU que modificaba al instituto, el Gobierno nacional emitió la resolución de desvinculaciones.
El Gobierno nacional despidió a 49 empleados del INV y hay dudas sobre cómo seguirá funcionando el organismo
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Por estas horas, reina el desconcierto en el sector vitivinícola. Por un lado, 49 empleados del INV han sido pasados a disponibilidad (despedidos) y, por el otro, el rechazo por parte del Congreso al DNU que modificó el organismo podría implicar una vuelta atrás en los cambios que se habían planteado, aunque hay diferentes miradas sobre esto.
Los primeros días de julio, el Gobierno nacional emitió el decreto 462/2025, que disolvió y transformó diversos organismos descentralizados. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que dejaba de ser autárquico y se convertía en una unidad organizativa bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Ministerio de Economía.
Ayer, el Senado, por mayoría, emitió un dictamen de rechazo a ese decreto (y otros tres, como el que establecía la disolución de Vialidad Nacional). Una hora después de que los senadores se expidieran -ratificando la decisión que ya se había adoptado en Diputados-, el Gobierno nacional emitió una resolución en la que pasó a disponibilidad a 49 empleados del INV (mendocinos) y casi 300 del INTA (sede central).
En el caso del INV, se trata de personas que, en buena parte, son profesionales y han pasado a disponibilidad por un período de 6 o 12 meses. Esto implica, en la práctica, que su cargo fue eliminado y que, durante ese tiempo, deberán estar disponibles durante el horario de trabajo y cobrarán un haber reducido.
Gonzalo Pérez Catón, delegado de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) en el INV, comentó que los despidos representan un acto de mala fe por parte del Gobierno, porque emitió la resolución cuando ya no tenía validez jurídica. Es que el DNU tuvo el doble rechazo, por parte de las cámaras de Diputados y Senadores, con lo cual el 462/2025 se cae y el organismo vuelve a ser descentralizado.
Resaltó que la ilegalidad es extrema porque la resolución se estaba redactando en el mismo momento en que el Senado trataba el rechazo al DNU y que, por ser un decreto delegado, no había margen para la modificación, sino que sólo podía ser aprobado o rechazado. Y sumó que 60 senadores manifestaron su desacuerdo, pero aun así se publicó la resolución en el Boletín Oficial esta mañana.
Si bien entienden que el acto es ilegal, Pérez Catón señaló que obligan a los gremios a recurrir a la Justicia y que la situación lleva a mucha angustia a 49 familias que se han quedado sin trabajo. De hecho, comentó que el miércoles, en una reunión en el organismo, una persona falleció y entienden que se debió en parte a la complejidad de todo este proceso.
Además de la incertidumbre laboral, hay otra que se cierne sobre la industria. Y es que el decreto no sólo hacía que el INV dejara de ser autárquico, sino que también establecía diversas modificaciones.
Una de ellas era que dejaba de ejercer controles obligatorios sobre las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (como la propiedad de los viñedos, la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento y el transporte), para concentrarse exclusivamente en el producto final y controlar la aptitud para el consumo y que no exista adulteración ni manipulación.
Aunque el aspecto de la desburocratización y la eliminación de ciertos trámites había sido celebrado por los industriales, también generaba dudas en cómo iba a impactar en el sector primario, de qué manera se iba a asegurar la genuinidad y qué controles se mantendrían. Por ejemplo, bajo qué parámetros se iba a habilitar a un laboratorio privado a realizar ciertas certificaciones.
Sobre la vigencia de estos cambios hay distintas interpretaciones. Pérez Catón consideró que, con el rechazo del decreto, el organismo retomará su funcionamiento anterior. Planteó que, al fiscalizar sólo la última parte de la cadena de producción -es decir, la góndola-, se perdía la trazabilidad desde la viña y el proceso de elaboración, fraccionamiento, cuidado en bodega, etc.
“Se perdían un montón de logros técnicos que se han conseguido a lo largo de 66 años de funcionamiento del INV, que lo llevó a ser referente y a que su laboratorio sea el tercero en el mundo”, lanzó.
En cambio, desde Bodegas de Argentina, una de las entidades impulsoras de la desregulación, Milton Kuret, el director ejecutivo, comentó que entienden que los cambios que el sector vitivinícola acordó con la Secretaría de Agricultura y el propio INV, “no se ven afectados por la negativa al decreto”. “Se trata de simplificaciones en los procesos de registración, menor burocracia y mayor eficiencia”, destacó.
Fabián Ruggeri, presidente de Acovi (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas), analizó que, aparentemente se volvería para atrás con las modificaciones, pero que espera que el INV avance con algunos cambios a través de resoluciones internas, que incorporen los aportes y sugerencias de las entidades del sector privado; y que esto no debería tomar años.
Añadió que comparten la idea de que la modernización de instituciones como el INV y el INTA es sumamente necesaria, pero que ese proceso debe surgir del consenso para que sea perdurable. También consideró que deben analizarse qué cambios con indispensables y cuáles no.
Por otra parte, indicó que sería bueno que los políticos entiendan la necesidad de que los cambios se apliquen a partir de acuerdos, porque la incertidumbre en la que esta situación ha puesto a la industria retrasa procesos. Esto, porque se ha tenido que dedicar tiempo -en el marco de la Coviar- a analizar los decretos regulatorios y a plantear cuáles eran actividades indelegables, en lugar de destinarlo a ver cómo se puede incrementar la productividad.
La resolución 1240/2025, que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y que fue publicada hoy en el Boletín Oficial de Nación, establece no sólo el pase a disponibilidad de los 49 empleados del INV, sino también del “personal de planta permanente con estabilidad adquirida” del disuelto (por el decreto que fue rechazado en el Congreso) Instituto Nacional de Semillas (Inase) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Maryté Viedma, secretaria general de Apinta (Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), coincidió en calificar de ilegal el pase a disponibilidad de 300 empleados del INTA Central y la sede de Castelar. Señaló que entre ellos hay miembros de la comisión directiva del sindicato, que tienen fuero gremial.
Incluso fue incluido en el listado Ariel Pereda, quien fuera director del organismo hasta que, por la implementación del decreto, fue desplazado. Y que recuperaría su cargo -que obtuvo por concurso en septiembre de 2023-, luego del rechazo del Congreso al DNU.
Viedma celebró que el INTA recupere su autarquía y se expresó “orgullosa” del voto de los senadores por Mendoza. Detalló que vuelven a entrar en funciones el consejo directivo nacional -donde están representadas las mesas de enlace, la academia, las cooperativas- y los consejos regionales.
Sobre los despidos consideró que se trata de una acción del Gobierno nacional para “embarrar la cancha”, porque el Congreso le dijo que no a la reestructuración y resaltó que, además, hay un amparo por el que, por seis meses, no pueden tocar la estructura. Planteó que la cuestión de fondo es que quieren vender las tierras del INTA y que buscan distraer sobre los casos de corrupción vinculados a las coimas y las muertes por fentanilo.
Javier Torres, delegado de gremial de ATE en INTA Mendoza, comentó que han armado una mesa de organismos nacionales en la provincia -además del INTA, participan otros como Fadiunc, Conicet e INTI- y que ayer convocaron un encuentro en la plaza San Martín. Si bien no hay despedidos en Mendoza, planteó que hay mucha inquietud sobre lo que puede suceder.
Desde las entidades gremiales resaltan que, con el rechazo del Congreso, el Gobierno nacional no puede insistir en las reformas de estos organismos, ni tampoco en las desvinculaciones.