Un decreto del Gobierno nacional modificó diversos organismos, como el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el INTA, el INTI y el Inase, entre otros.
Un decreto nacional modifica sustancialmente el funcionamiento del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura=
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El decreto 462/2025, publicado ayer en el Boletín Oficial de Nación, disuelve y transforma diversos organismos descentralizados. Uno de ellos es el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura), que deja de ser autárquico y se convierte en una unidad organizativa bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Ministerio de Economía.
“Consultamos a muchos bodegueros y todos, sin excepción, marcaron el excesivo reglamentarismo del organismo, que imponía cargas burocráticas, costos, y que dificultaba la innovación y experimentación. La complicación era tal que nos manifestaban que debían destinar empleados exclusivamente a cumplir con los trámites y exigencias del INV”, publicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en su cuenta de X.
Detalla que el organismo dejará de ejercer controles obligatorios sobre las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo, como la propiedad de los viñedos, la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento y el transporte.
En cambio, se concentrará exclusivamente en el producto final, para controlar la aptitud para el consumo y que no exista adulteración ni manipulación. Aclara, además, que esas verificaciones las podrán realizar privados.
Las certificaciones de origen, añada y varietal pasarán a ser optativas, y podrán ser emitidas por el organismo o por entidades privadas. “Quizás a un vino de menor calidad le alcanza con decir ‘Mendoza’ sin tener que ir por un engorroso trámite de certificación de origen en el INV ”, aventuró el funcionario.
Pero resalta que se mantienen las certificaciones para exportaciones expedidas por el INV, cuando así lo exijan los países de destino. “Que esto se mantuviera fue un pedido unánime de toda la industria y también del gobernador Alfredo Cornejo (que también pidió que mantuviéramos el nombre del instituto)”, indicó.
“El INV como lo conocíamos no existe más”, lanzó Sergio Villanueva, gerente del Fondo Vitivinícola Argentino. Es que, si bien reconoce que se eliminan muchos artículos de la ley de creación que eran “hojarasca”, porque ya no servían o establecían funciones que ya no cumplía, también hay otros que tienen que ver con la actividad cotidiana del organismo.
Señaló que, con la centralización, pierde autonomía económica, administrativa, jurídica y de comunicación. Además, es de esperar que haya que acudir a Buenos Aires por cualquier planteo. Y si bien era un ente nacional, el presidente era sugerido por la provincia de Mendoza y el vice por la de San Juan.
Villanueva planteó que habrá que ver cómo funcionará el nuevo esquema, pero, por lo pronto, la transformación le quita parte del poder de policía, porque los inspectores no podrán ingresar a un establecimiento vitivinícola como hasta ahora, y sólo podrán controlar el producto final (ya no el proceso).
Pero, sobre todo, advirtió que gran parte de las normativas técnicas están basadas en artículos de la ley 14.878 que han sido derogados, lo que podría traer inconvenientes, que deberán ser resueltos. En cambio, se mantienen ciertas definiciones, como la de vinos y la de prácticas lícitas e ilícitas.
Asimismo, habilita a que los privados certifiquen productos o procedimientos, algo que no estaba permitido. Y esto, consideró, podría implicar un riesgo para el trabajo colectivo que se viene realizando desde hace años para promocionar el vino argentino, en caso de que alguien haga algo indebido.
Evaluó que el sector industrial va a ver simplificados los trámites y controles, pero que el productor podría no tener ciertas certezas sobre la cantidad de vino elaborado con su uva y que habrá que esperar para ver cómo funcionan todos estos cambios en la práctica.
Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, resaltó que el decreto 462 orienta la fiscalización del Instituto Nacional de Vitivinicultura al consumo, la góndola, y que eso es lo que la industria viene solicitando desde años.
Además, se encuadra en la línea de desburocratización y desregulación que ya se venía observando, y que reduce los costos vinculados a un exceso de trámites y regulaciones. En ese sentido, consideró que satisface un planteo del sector.
De todos modos, aclaró que se trata de una primera lectura y que hay que analizar con cuidado cuáles son los artículos de la ley 14.878 que deroga. También señaló que habrá que ver de qué manera define el Gobierno una unidad organizativa, cómo va a funcionar la parte operativa, cuáles van a ser las jerarquías y, en definitiva, cómo se va a instrumentar esta transformación.
Sosa indicó que un artículo establece que “los organismos públicos nacionales deberán consultar al INV antes de adoptar providencias sobre asuntos que se relacionen con el control técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola”; pero no menciona nada sobre los provinciales o municipales, lo que les genera una cierta inquietud de que algunos intenten “suplir” lo que se está eliminando a nivel nacional.
Si bien recalcó que hay que ver cómo se resuelve el aspecto operativo y seguir estudiando la cuestión legal, Sosa manifestó, que, en lo sustancial, las modificaciones están en línea con lo que la industria vitivinícola venía reclamando en términos de desburocratizar y desregular, y de cambio del criterio de fiscalización, ya que había muchos controles en el proceso de elaboración, pero no del producto final.
“Con esta medida (del INV) se pone fin a un esquema regulatorio sobredimensionado, oneroso e ineficaz, que durante años perjudicó el desarrollo de una de nuestras principales economías regionales. A su vez, a partir de la centralización del organismo se generan ahorros por la eliminación de sus estructuras de apoyo administrativo”, sumó Sturzenegger.
El decreto no sólo modifica el INV, sino que también transforma el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); y elimina la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame); el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci); el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y la Comisión Nacional de Semillas.
En los considerandos del decreto, que lleva la firma del jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos; del ministro de Economía, Luis Caputo; y del ministro de Salud, Mario Lugones; se menciona, sobre el caso específico del INV, que el organismo “desplegó una intensa actividad fiscalizadora a lo largo de toda la cadena productiva vitivinícola, ejerciendo controles redundantes que generan sobrecostos, burocracia y distorsiones que afectan la competitividad de la industria, en especial de los pequeños productores”.
