El Gobierno nacional decidió reestructurar siete organismos que calificó de “sobredimensionados e ineficientes”. El objetivo de la gestión libertaria es la de optimizar las funciones y recursos del Estado.
Por decreto, el Gobierno nacional reestructura siete organismos estatales. Disuelven: INTI, INTA, ARICCAME, INAFCI, INASE, INV e INPI. Conocé en detalle la función de cada organismo y la medida adoptada.
Milei pasó la "motosierra" por siete organismos en pos de fortalecer el equilibrio fiscal.
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El Gobierno nacional decidió reestructurar siete organismos que calificó de “sobredimensionados e ineficientes”. El objetivo de la gestión libertaria es la de optimizar las funciones y recursos del Estado.
Los organismos afectados:
Desde el Ministerio de Economía comunicaron: “El Gobierno Nacional continúa trabajando para optimizar las funciones y recursos de los organismos del Estado. En este sentido, a partir de un Decreto que se publicará en las próximas horas, se determina la reestructuración de siete organismos sobredimensionados e ineficientes para cuidar el dinero de los contribuyentes”.
Y sumó: “La reestructuración de organismos ineficientes y programas superpuestos con otras agencias públicas permite avanzar en una organización administrativa más racional, que fortalezca el equilibrio fiscal, optimice el uso de los recursos disponibles y promueva una asignación del gasto eficiente y transparente”.
Los organismos que se reestructuran “tienen como característica una gestión de sus programas disociada de los objetivos macroeconómicos y en abierta competencia con el sector privado”.
Siguiendo el anuncio oficial, se transformará al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, manteniendo la denominación de Instituto. El organismo tiene una dotación de 2.356 agentes y cuenta con un presupuesto anual de más de $85.600 millones.
Además, el INTI tiene más de 250 reparticiones, estructuradas en 6 niveles jerárquicos, equivalentes a un Ministerio, con áreas que supervisan hasta siete unidades funcionales inferiores. En las gestiones anteriores, el organismo “había incrementado notablemente su planta de personal sin que ello se correspondiera con los servicios prestados”, argumentó Economía.
“A su vez, el INTI ha ido incorporando tareas que, por su naturaleza, podrían ser prestadas por el sector privado, que se ha visto desplazado por la competencia que ejerce el organismo público como oferente de servicios en condiciones de mercado mucho más ventajosas que un privado”, detallaron en el comunicado.
De esta manera, la redefinición funcional permitirá “preservar y fortalecer el rol técnico esencial del INTI en materia de metrología, calidad, innovación e investigación y desarrollo para la mejora competitiva de la industria, para los cuales cuenta con técnicos de excelencia que han sostenido al Instituto a pesar de sus desmanejos administrativos y de personal”.
Desde el Gobierno señalaron que se transformará al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en un organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, para enfocarse en la innovación y la transferencia tecnológica y “dejar de sostener con recursos presupuestarios un organismo sobredimensionado y orientado al extensionismo, la agricultura familiar y la agroecología”.
La dotación del INTA supera los 6.000 agentes y tiene un presupuesto anual aproximado de $229.000 millones. “El INTA, una de las entidades más emblemáticas del país, se desvió durante los últimos años de su propósito original, siendo utilizado como herramienta de militancia política y con un enfoque guiado por los lineamientos de la Agenda 2030 y alejado de las necesidades reales del progreso del sector agroindustrial”, indicaron en el comunicado.
Y ampliaron: “Los altos niveles de ineficiencia detectados y la mala administración de los recursos públicos, hacen necesario repensar sus funciones y su organización para adecuarlas a los nuevos desafíos tanto nacionales como internacionales”. El carácter descentralizado del INTA “no se tradujo en una mayor eficacia institucional, sino que ha derivado en dificultades de supervisión estratégica, dispersión operativa y una débil alineación con los lineamientos de la política agropecuaria nacional”.
Ahora el nuevo rol del INTA será el foco en la investigación, la creación de tecnologías y bienes públicos tecnológicos para profundizar la base científica dirigida a la producción agropecuaria. También tendrá la misión de contribuir a la formación de nuevos productores agropecuarios altamente capacitados, interconectados a través de redes privadas.
La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME) se transformará en una Dirección Nacional de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. El Gobierno busca simplificar y redimensionar la estructura del Estado Nacional y eliminar organismos que “no han demostrado una contribución efectiva para los objetivos para los que fueron creados”.
La gestión libertaria también informó que “la experiencia de ARICCAME demuestra que su sobredimensionamiento estructural, la superposición de funciones con otros organismos, la rigidez operativa derivada de su modelo de gobernanza y la dispersión de funciones y responsabilidades han dificultado la implementación de una política clara y efectiva en el sector”.
Ante este nuevo escenario sin ARICCAME, la ANMAT recupera la regulación integral de la flor de cannabis y sus derivados con destino medicinal, mientras que la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía regulará el cáñamo industrial, excluyendo la flor.
Por su parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca será competente en materia de semillas y propagación vegetal. Este nuevo esquema “permite una especialización por destino y riesgo sanitario, en línea con estándares internacionales, eliminando superposiciones institucionales y reduciendo costos”.
Se disuelve el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. El organismo quedará en cabeza de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, según las funciones previstas por la ley 27118.
El Gobierno destacó que “el organismo fue creado en el 2022 con el objetivo de funcionar como una caja política que llegó a tener más de 900 contratados, otorgando beneficios a provincias políticamente afines. Con un presupuesto anual aproximado de $9.000 millones de los cuales casi el 90% se destinaba a sueldos".
Y agregó: "El INAFCI cuenta hoy con una dotación de personal de 105 agentes y un presupuesto anual aproximado de $2.749 millones. El fortalecimiento del sector agropecuario —incluida la agricultura familiar— “no debe sostenerse en esquemas clientelares ni en dependencias de subsidios o aparatos burocráticos, sino en reglas claras, estabilidad macroeconómica y acceso equitativo a los mercados”.
Se disuelve el INASE como organismo descentralizado, con la transferencia de la totalidad de sus competencias esenciales a la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. Cabe señalar que el organismo cuenta con una dotación de personal de 233 agentes y el presupuesto anual aproximado asignado supera los $20.000 millones.
“La existencia del INASE como un organismo autónomo para la regulación de semillas implica una fragmentación funcional dentro de la política agrícola nacional, considerando que sus competencias sustantivas pueden ser desarrolladas eficazmente por una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía", comunicaron.
Se trata de "un esquema más integrado, técnicamente conducido y con mejor coordinación con el resto de las áreas involucradas en la producción y fiscalización de semillas. Esta modificación no afectará el derecho de Propiedad Intelectual de las semillas”, explicaron las voces oficiales.
Se transformará al INV en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, la cual mantendrá la denominación del Instituto. El objetivo es garantizar la continuidad de la certificación vitivinícola en el ámbito del comercio exterior.
Actualmente cuenta con una dotación de 459 agentes y con un presupuesto anual superior a $12.120 millones. El INV “ha desplegado una excesiva actividad fiscalizadora en la cadena productiva, ejerciendo controles redundantes e innecesarios que generan sobrecostos, burocracia y distorsiones que afectan la competitividad de la industria, en especial de los pequeños productores”, según dicta el comunicado oficial.
Además, se mantiene el proceso de certificación internacional valorado en los mercados de destino. El mismo será voluntario a pedido del productor.
Se transformará al INPI en un ente desconcentrado en la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial cuenta con una dotación de 362 agentes. Su presupuesto anual aproximado asciende a casi $8.500 millones.
El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), en su función de registro y protección de la propiedad industrial, “no requiere un grado de independencia que justifique su condición de organismo descentralizado”. “Sus funciones pueden desarrollarse de manera igualmente eficiente como organismo desconcentrado, manteniendo la autonomía técnica necesaria para su gestión especializada, sin necesidad de contar con personería jurídica ni patrimonio propio”, cierra el comunicado.