Mediante un decreto, el Gobierno Nacional derogó las jornadas obligatorias de violencia de género y educación vial de las escuelas.
Ya no son obligatorios: el Gobierno eliminó contenidos que se enseñan en las escuelas
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A través del Decreto 436/2025, publicado el viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional derogó artículos clave de las leyes que obligaban a impartir contenidos sobre educación vial y violencia de género en el ámbito educativo. La medida implica que estos temas ya no serán obligatorios en las escuelas de todo el país, generando un fuerte cambio en las políticas educativas vigentes hasta ahora.
La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, y se enmarca dentro del plan oficial para reducir el tamaño del Estado, eliminar estructuras consideradas “redundantes” y “optimizar recursos públicos”.
Uno de los cambios es la derogación del artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la jornada anual “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todas las escuelas del país. Según el decreto, esta responsabilidad “no le corresponde al Poder Ejecutivo Nacional”, ya que la administración de los servicios educativos fue transferida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la Ley 24.049.
El Gobierno argumenta que esta disposición generaba “una responsabilidad innecesaria” para el Estado nacional, y que las jurisdicciones locales deben encargarse de definir sus contenidos escolares.
El decreto también elimina los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, disolviendo así al Observatorio de la Educación Vial, un organismo que nunca llegó a funcionar plenamente, según reconoce el propio texto oficial. En su lugar, se mantendrá el Consejo Federal de Seguridad Vial, que según el Ejecutivo, cumplía funciones similares, provocando una “superposición de esfuerzos y estructuras” contraria a la eficiencia administrativa.
Desde el Gobierno se sostiene que esta medida permitirá reducir el gasto público, mejorar la gestión estatal y evitar “duplicaciones de funciones” que no contribuyen de forma eficiente a la educación o la prevención.
En cumplimiento de la Ley 26.122, el Decreto 436/2025 fue enviado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional, que deberá analizar su validez y oportunidad. La medida también se apoya en los principios de la Ley Bases 27.742, que busca reducir el “sobredimensionamiento del Estado” y equilibrar las cuentas públicas.
El decreto se da en un contexto más amplio de revisión de los contenidos educativos, iniciado en enero, que incluye también una revisión integral de la Educación Sexual Integral (ESI). Este proceso está a cargo del Ministerio de Capital Humano, que trabaja en “garantizar su adecuación a la normativa vigente”.