Después de que el Senado rechazara el DNU que modificaba el organismo, el Gobierno nacional tomó esta medida.
Pasaron a disponibilidad a 49 empleados del INV
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Apenas una hora y media después de que el Senado nacional ratificara el rechazo al veto del decreto que había modificado la ley de creación del INV, el Gobierno nacional emitió una resolución en la que pasó a disponibilidad a 49 empleados del organismo.
Se trata de personas que, en alrededor de la mitad de los casos son profesionales y han pasado a disponibilidad por un período de 6 o 12 meses. Esto implica, en la práctica, que su cargo fue eliminado y que, durante ese tiempo, deberán estar disponibles durante el horario de trabajo y cobrarán un haber reducido.
Los primeros días de julio, el Gobierno nacional emitió el decreto 462/2025, que disuelve y transforma diversos organismos descentralizados. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que dejó de ser autárquico y se convierte en una unidad organizativa bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Ministerio de Economía.
Esto también implicó una serie de cambios, como que el organismo deja de ejercer controles obligatorios sobre las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (como la propiedad de los viñedos, la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento y el transporte), para concentrarse exclusivamente en el producto final y controlar la aptitud para el consumo y que no exista adulteración ni manipulación.
Además de la incertidumbre laboral, hay otra que se cierne sobre la industria. Y es que el decreto no sólo hacía que el INV dejara de ser autárquico, sino que también establecía diversas modificaciones.
Una de ellas era que dejaba de ejercer controles obligatorios sobre las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (como la propiedad de los viñedos, la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento y el transporte), para concentrarse exclusivamente en el producto final y controlar la aptitud para el consumo y que no exista adulteración ni manipulación.
Aunque el aspecto de la desburocratización y la eliminación de ciertos trámites había sido celebrado por los industriales, también generaba dudas en cómo iba a impactar en el sector primario, de qué manera se iba a asegurar la genuinidad y qué controles se mantendrían. Por ejemplo, bajo qué parámetros se iba a habilitar a un laboratorio privado a realizar ciertas certificaciones.
Sobre la vigencia de estos cambios hay distintas interpretaciones. Pérez Catón consideró que, con el rechazo del decreto, el organismo retomará su funcionamiento anterior. Planteó que, al fiscalizar sólo la última parte de la cadena de producción -es decir, la góndola-, se perdía la trazabilidad desde la viña y el proceso de elaboración, fraccionamiento, cuidado en bodega, etc.
“Se perdían un montón de logros técnicos que se han conseguido a lo largo de 66 años de funcionamiento del INV, que lo llevó a ser referente y a que su laboratorio sea el tercero en el mundo”, lanzó.
En cambio, desde Bodegas de Argentina, una de las entidades impulsoras de la desregulación, Milton Kuret, el director ejecutivo, comentó que entienden que los cambios que el sector vitivinícola acordó con la Secretaría de Agricultura y el propio INV, “no se ven afectados por la negativa al decreto”. “Se trata de simplificaciones en los procesos de registración, menor burocracia y mayor eficiencia”, destacó.
Fabián Ruggeri, presidente de Acovi (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas), analizó que, aparentemente se volvería para atrás con las modificaciones, pero que espera que el INV avance con algunos cambios a través de resoluciones internas, que incorporen los aportes y sugerencias de las entidades del sector privado; y que esto no debería tomar años.
Añadió que comparten la idea de que la modernización de instituciones como el INV y el INTA es sumamente necesaria, pero que ese proceso debe surgir del consenso para que sea perdurable. También consideró que deben analizarse qué cambios con indispensables y cuáles no.
Por otra parte, indicó que sería bueno que los políticos entiendan la necesidad de que los cambios se apliquen a partir de acuerdos, porque la incertidumbre en la que esta situación ha puesto a la industria retrasa procesos. Esto, porque se ha tenido que dedicar tiempo -en el marco de la Coviar- a analizar los decretos regulatorios y a plantear cuáles eran actividades indelegables, en lugar de destinarlo a ver cómo se puede incrementar la productividad.