Tal como sucedió en otras estaciones del país, el INTA de La Consulta - San Carlos se movilizó en un Abrazo Simbólico contra el decreto presidencial.
Abrazo Simbólico en la estación experimental de INTA La Consulta - San Carlos
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GentilezaBajo la consigna "¡el INTA está en peligro!", se realizó un Abrazo Simbólico en la estación experimental de San Carlos junto a trabajadores, investigadores y productores. La convocatoria tuvo por objetivo manifestar en asambleas el rechazo al decreto impulsado por el Gobierno nacional que, sostienen, pone en riesgo la autonomía y el carácter federal del organismo.
Para ponernos en contexto, Analía Díaz Bruno, directora del INTA Mendoza confirma que: “Hoy nos encontramos con la publicación de un decreto de necesidad y urgencia que reforma profundamente al INTA. Se modifica su personería jurídica, se limita su autonomía, y se transforma por completo su estructura de gobernanza”.
Con esta nueva norma, el actual Consejo Directivo, integrado por representantes del Estado, entidades de productores y universidades, pasaría a centralizar sus decisiones en un presidente designado por el Ejecutivo, bajo el Ministerio de Economía. “La modificación de la gobernanza, al cambiar la composición del Consejo, también le quita funciones. Se convierte en un órgano meramente asesor y no decisor. Esto deja al presidente del INTA con un poder concentrado sin precedentes dentro de la institución”, dice Díaz Bruno.
En la mañana del martes, en la estación experimental de La Consulta – San Carlos se reunió la comunidad a fin del INTA y efectivizaron el abrazo simbólico. También debatieron en asamblea los pasos a seguir. Coincidieron en que se trata de un punto de crucial para la institucional que afecta a la estructura formal y al rol que el organismo cumple en el territorio. “Es alarmante. Estamos en un proceso de quiebre de una institución que lleva 68 años. Por primera vez se desmantela su forma de funcionamiento”, señaló Aldo López, secretario gremial del INTA La Consulta.
Desde su fundación en 1956, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se organizó como un ente descentralizado y autárquico. Su particularidad era que las políticas institucionales no las definía el Estado de forma unilateral, sino junto a las organizaciones de productores, universidades y gobiernos provinciales. “El INTA fue pensado como una institución donde los productores fueran quienes validaran o corrigieran nuestro trabajo. ¿Qué mejor que sea el propio destinatario de la tecnología quien nos diga si estamos bien encaminados?”, sostuvo el secretario gremial López.
Mientras que el director de la Estación Experimental La Consulta – San Carlos, Daniel Pizzolato, explicó que “las decisiones sobre qué investigar, qué extensión priorizar o cómo invertir los recursos se tomaban con los productores y los gobiernos provinciales. Todo eso se quedaría disuelto”.
Además de la estructura participativa, el INTA combina fondos públicos con aportes del sector privado. Sostuvieron desde la institución que, en 2023, la Estación Experimental La Consulta logró igualar en financiamiento privado (a través de convenios de investigación y prestación de servicios) el presupuesto que recibió de Nación. Pizzolato es contundente al confirma que “el INTA es una inversión productiva. No hay cargos a dedo. Todo el personal, desde el campo hasta los investigadores, entra por concurso. Y trabajamos todos los días, con monitoreos permanentes”.
Los efectos de la medida que tiene el decreto, advierten desde el INTA, serán profundos y no necesariamente inmediatos. Los factores sobre los cuales se alarman son: reducción de personal, suspensión de becas, incertidumbre en las líneas de investigación, debilitamiento territorial y pérdida de autonomía.
Sin embargo, “antes de este decreto ya sabíamos que había intenciones claras de achicar el INTA: reducción de planta, cierre de unidades, e incluso interés en las tierras que hoy tiene el organismo”, dijo la directora del INTA Mendoza. A lo que suma Pizzoletto en lo sucedido desde la estación de La Consulta, es que desde hace dos años no se reponen vacantes y que el personal actual se encuentra sobrecargado: “Ya venimos de una situación de achique. Hubo retiros voluntarios, jubilaciones y casi nadie fue reemplazado. Ahora, con este decreto, se abre la posibilidad de avanzar con más despidos. Se habla de 1.500 personas menos, lo que implicaría quedarnos con una generación vacía”. Ambos remarcaron el riesgo de romper la cadena de conocimiento científico-técnico que caracteriza al organismo.
“Las investigaciones agropecuarias no se hacen en cuatro años. Hay trabajos de conservación de suelos, manejo del agua o desarrollo de variedades que llevan 10, 15 o hasta 20 años. Si un presidente designado decide interrumpir eso, el daño es irreversible”, dijo López. Uno de los puntos más sensibles es el rol de los becarios, quienes hoy conforman el semillero de técnicos e investigadores. A modo de ilustrar, concluye que “si se eliminan los becarios, se rompe la cadena de conocimiento. Nos quedamos sin el recambio generacional. Es como un club de fútbol que se queda sin inferiores”.
En la asamblea también se hicieron presentes productores, que sostenían una mirada preocupante ante la situación. Caso tal es el de Julián Berge, viticultor y elaborador de vinos en La Consulta. “Nosotros pudimos dejar de vender la uva y empezar a hacer vino gracias al INTA. Nos ayudaron a formar la cooperativa, a conseguir maquinaria, a entender el proceso. Sin su acompañamiento, no podríamos haberlo hecho. Como pequeños productores no tenemos espalda para pagar asesoramiento privado”.
Se resolvió sostener el estado de alerta y movilización. En lo inmediato, se proyecta una movilización pública en un espacio céntrico del Valle de Uco con la participación de trabajadores, productores, organizaciones sociales y autoridades locales.
“Vamos a seguir concientizando a la comunidad. Vamos a salir a explicar lo que está en juego. Los efectos de este decreto no se van a ver mañana, se van a ver cuando no haya respuesta técnica ante un problema productivo, cuando no tengamos un becario que continúe una línea de investigación, cuando el productor no tenga a quién acudir”, afirmó López.
Además, tanto el gremio como las autoridades institucionales están trabajando en la presentación de recursos de amparo judiciales, por considerar que el decreto modifica una ley vigente sin pasar por el Congreso Nacional. “El INTA no se va a resignar. Vamos a defender la soberanía tecnológica, el conocimiento público, el trabajo en territorio y la construcción colectiva con los productores”, dijo Pizzolato.