Un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, de la UBA y el Conicet, analiza cuánto paga de luz y gas cada nivel de usuario.
Cómo impacta el cambio de esquema de subsidios en lo que pagan los mendocinos
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En febrero, con la aplicación del nuevo esquema de subsidios, los usuarios de la energía eléctrica se dividen entre aquellos con bonificación y los que pagan la tarifa “real”. En cambio, en el segundo mes de 2026, ningún hogar recibe subsidios sobre el precio del gas.
El informe mensual del Observatorio de Tarifas y Subsidios, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet) analiza qué cambios se han producido con el reemplazo de la división de los usuarios de electricidad y gas en tres niveles -según ingresos, con distintos grados de bonificación- por otra, que sólo plantea dos categorías: con y sin subsidio.
En el caso de la energía eléctrica, con el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, quienes mantengan una quita pagan el 50% del precio del servicio hasta un consumo de 300 kWh mensuales en verano e invierno (y 150 en primavera y otoño).
En promedio, en todo el país, los usuarios de la categoría residencial pagaron el 72% de los costos del sistema eléctrico este mes, mientras que el 28% restante es financiado por el Estado nacional. En enero, la cobertura por parte de los hogares era del 62%; lo que implica que creció 10 puntos.
En cambio, los usuarios residenciales del servicio de gas natural por redes abonan el 100% del costo de abastecimiento en febrero.
Para entender cómo se ha modificado cuánto pagan los usuarios con el nuevo esquema de subsidios -y por la resolución más reciente de la Secretaría de Energía, que fijan los precios estacionales-, los que no tienen bonificación (ex N1, de altos ingresos), vuelven a cubrir el 100% del costo de la electricidad; cuando en enero cubrían el 95%.
Mientras que para los usuarios con subsidio, comparables a la categoría N2 (bajos ingresos) vigente hasta enero, la cobertura -lo que pagan los hogares- pasó del 29% en febrero 2025 a 33% en enero 2026, y a 50% en febrero 2026. Esto implica, advierten desde el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), “una sustancial reducción de la proporción de costos financiado por el Estado Nacional y un mayor traslado a tarifa final”.
En el caso del gas, aunque febrero es un mes de bajo consumo, se pasó del 75% de cobertura para los ex N1, 20% para los N2 (bajos ingresos) y 25% para los N3 (ingresos medios) en enero a que todos paguen el 101% del costo de abastecimiento.
“La cobertura comparada entre febrero de 2025 y febrero de 2026 indica que, para energía eléctrica, los usuarios sin subsidio mantienen igual nivel de cobertura tarifaria que en 2025 (100%), mientras que para los usuarios con subsidio la cobertura aumenta. Para el caso del gas natural la cobertura se incrementa en todos los segmentos de usuarios y, en forma significativamente para los usuarios que eran catalogados como N2 y N3 en el antiguo esquema de segmentación debido a la ausencia de subsidios en el mes de febrero”, resume el informe.
José Vargas, de la consultora Evaluecon, señaló que los servicios públicos iban a tener un peso más importante en la nueva metodología de medición del IPC, que se iba a aplicar en enero y se postergó. “Con la nueva canasta, la ponderación de las tarifas hubiera sido más alta y hubiera marcado un índice de inflación más elevado”, detalló.
En ese sentido, planteó que la decisión política de posponer su implementación responde a la meta del Gobierno nacional de acelerar la disminución de los subsidios a los servicios públicos en los primeros seis meses del año, intentando que no tenga un impacto tan grande en el IPC. Aunque sí lo tendrá, resaltó, en el poder de compra de los salarios.
“Creo que, por lo menos durante el primer semestre, las tarifas se van a ir reacomodando de una manera bastante importante, con un impacto muy fuerte en los salarios”, avizoró.
Por su parte, Nicolás Aroma, economista del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza (Cefim), comentó que, en la medición que realizaron de la evolución de las tarifas de energía eléctrica, agua, gas y transporte público les arrojó que, del 2023 al 2025, aumentaron un 70% por encima de la inflación promedio.
Hacia adelante, evaluó que hay que ver qué pasa con la política fiscal, pero que entienden que el Gobierno va a sostener el ajuste y, así como en 2024, con una inflación elevada, pudo licuar el gasto público, ahora tendrá que apelar al recorte. Y en esa línea están los subsidios. Sumó que esto genera que aumenten las tarifas y que el consumidor se vea afectado, lo que será más evidente en los meses fríos.
Coincidió con Vargas en que el no haber implementado el cambio metodológico para medir el IPC no tiene tanto que ver con lo que podía arrojar la medición estos primeros meses de 2026, sino con lo que sucederá cuando la quita de subsidios a las tarifas de servicios públicos empiece a impactar en el bolsillo.
Aroma planteó que hay un problema estructural que el Gobierno no quiere reconocer y que se relaciona con la inflación de los costos. Señaló que no tiene que ver con lo estrictamente monetario, pero que dificulta que se rompa el piso del 1% que se había fijado como meta en su momento y pasó al 2% y ahora al 3%.
“Tiene que ver con esto: con las tarifas de los servicios públicos, con cómo controlar el tipo de cambio y qué pasa con los salarios. Esos son los tres precios importantes de la economía”, indicó.
El IIEP también elabora una comparación de cuánto pagan los usuarios en cada provincia según su nivel de ingresos. En el caso de los hogares categorizados como N1 con la anterior segmentación (sin subsidio), los de Mendoza pagan una factura promedio de $100.688; cuando el valor promedio en todo el país es de $76.209.
Los usuarios N1 mendocinos son los terceros que más pagan, después de Neuquén ($146.447) y Río Negro ($104.297). En el informe se aclara que el ritmo de los incrementos tarifarios correspondiente al componente del Valor Agregado de Distribución (VAD) es diferente entre provincias.
Los ex N2, que mantienen el subsidio con el nuevo esquema, mendocinos son los sextos con facturas más altas en todo el país, con $64.714, cuando el promedio nacional es de $49.166. Pero abonan más los usuarios de Neuquén ($87.488), Río Negro ($78.734), Catamarca ($77.499), Puerto Madryn ($71.053) y Santa Fe ($66.712).
En el caso de los N3 (usuarios de ingresos medios), en algunas provincias, como Mendoza, no se ha podido calcular la factura promedio porque se están adecuando los cuadros tarifarios desde la antigua segmentación al nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
“La dispersión de tarifas es multicausal, es un proceso complejo de identificación de costos que reflejan las características propias de la red, de la región en donde se presta el servicio y de la frecuencia de actualizaciones sobre los costos de distribuir la energía”, precisan.
Y suman que no sólo responde “a diferentes estructuras tarifarias, y a características estructurales propias del servicio público de distribución, sino también a factores exógenos como la existencia de diferentes cargas impositivas y anomalías regulatorias que alteran artificialmente los niveles tarifarios en algunas jurisdicciones”.
Con las facturas del gas, los usuarios mendocinos -ninguno tiene subsidio en febrero- pagan una factura promedio de $26.591, en el puesto siguiente por debajo del promedio nacional, que es de $30.291.
En análisis del IIEP recuerda que, en febrero de 2024, con la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, se produjo un abrupto salto en el valor del boleto promedio en el interior del país.
CABA, AMBA y la provincia de Buenos Aires siguen siendo las jurisdicciones que pagan menos por el transporte. Mendoza está, con los $1.400 que pagan los usuarios del área metropolitana por el boleto, por debajo de la tarifa promedio ponderada en todo el país, que es de $1.459.