Fiscales de género también investigarán falsas denuncias

El lunes 6 de febrero comenzará a funcionar la Unidad Especial de Violencia de Género a cargo de cuatro fiscales que -en su mayoría- provienen de fiscalías departamentales: Fernando Giunta, de Las Heras-Lavalle; Mariana Pedot, de Luján-Maipú y Mónica Fernández de San Martín. A ellos se suma Mónica Romero, fiscal de flagrancia.

Estos cuatro integrantes del ministerio público actuarán en base a un estricto protocolo establecido por el procurador general de la Corte Alejandro Gullé.

Según trascendió, el contenido del instructivo de procedimientos contempla tanto la recepción de una denuncia como la certificación de su veracidad en el curso de la investigación.

Por lo tanto, estos fiscales terminarán orientando sus imputaciones -según corresponda- tanto a los acusados de hechos de violencia de género como a las autoras de falsas denuncias. 

Entre jueces y fiscales en  Tribunales comenzó a crecer el temor de que los esfuerzos del Estado por atender prioritariamente los casos de violencia doméstica se comiencen a banalizar y generen situaciones de injusticia inversa por el avance de denuncias amañadas o falsas.

“Conozco un abogado que antes atendía casos de divorcio y ahora se va a dedicar a los de violencia doméstica porque considera que es más fácil conseguir que una cliente se quede con la casa y el denunciado se deba ir por restricción de acercamiento”, comentó alarmado una autoridad del Poder Judicial.

"No desperdiciemos esta ley. He tenido la denuncia de una psicóloga que me dice que la están mandando de algunos estudios jurídicos a que certifique violencia de género donde no la hay y eso es gravísimo", denunció ayer por Canal 9 la abogada Carolina Jacky.

Jacky, que se ha especializado en la temática, remarca que esta situación se resuelve con la debida capacitación de los profesionales intervinientes “ya que a través de un estudio de un psiquiatra se puede saber si (la denunciante) es víctima de un príncipe azul que destiñe o victimaria por despecho”.

La falsa denuncia es un delito tipificado por el artículo 245 del Código Penal como 'contra la administración pública'. Y contempla una pena de prisión de dos meses a un año o multa de hasta 12.500 pesos.

En tanto la violencia de género es un agravante de otro delito, que estableció la ley 26.791 del año 2012.

Su aplicación fue motorizada en medio de un clamor generalizado que en octubre del año pasado movilizó a más de cinco mil personas en Mendoza bajo la consigna Ni una menos.

Y tres días después de la marcha  fue 'reconfirmada' por el asesinato de tres mujeres a manos del profesor de taekwondo Daniel Gonzalo Zalazar, de 30 años, en Godoy Cruz. Esto elevó a 16 el número de mujeres muertas a manos de hombres en la provincia durante 2016.

Hoy la Justicia busca que la respuesta a esta situación evite otras  injusticias.

El diputado Díaz pondrá su propio  perito

El diputado Mario Díaz (FpV) propondrá a la Justicia la intervención de un perito psiquiátrico de parte, en la causa que le inició  su ex esposa Gabriela Noé bajo la figura de 'amenazas simples en concurso real'. 

Así lo confirmó su abogado Mariano Tello.

El fiscal actuante, Mauro Perazzi, ordenó pericias psiquiátricas sobre la denunciante y el denunciado. El portal Mdz publicó ayer que en Noé se detectaron “rasgos de inmadurez e inestabilidad emocional, sentimientos de impotencia, agobio emocional, dependencia psicoafectiva, impotencia ante la figura de su ex pareja, sobrecarga y fallas en el control de los impulsos que pueden generar desborde emocional".

Aún no se practican las pericias sobre Díaz. El legislador ha ofrecido la renuncia a sus fueros para ser investigado. Aunque el presidente de la cámara, Néstor Parés (UCR) remarcó ayer que “sólo la cámara puede disponer el desafuero de un diputado” y no el propio legislador.

Díaz remarca que no existen elementos probatorios concreten que sustenten la denuncia en su contra. Y a su vez acusa a su ex pareja de ser responsable de “hostigamientos” contra su persona porque le pidió el divorcio.