La acusada era parte de una banda que registraba a embarazadas situaciones en situación de vulnerabilidad para ofrecerle dinero por sus bebés. También hay irregularidades en trámites de adopción en familias adineradas de Pilar.
Se detectó, por ejemplo, el otorgamiento de una pensión por invalidez laboral con la radiografía de un perro. Lanzaron una mega auditoría para el sistema aplicado durante el kirchnerismo.
El superintendente de Irrigación admitió que quedaron dos obras sin realizar en la Inspección de Cauce de Los Corralitos y afirmó que él dio inicio a las investigaciones que terminaron en la suspensión.
El juez federal retirado Alfredo Manuel Rodríguez dio detalles este jueves en tribunales federales sobre su relación con Walter Bento, el exmagistrado removido de su cargo y quien afronta desde la cárcel un juicio en el que se lo acusa de liderar una banda que daba beneficios judiciales a cambio de coimas.
Los ministros Adaro, Palermo y Valerio no dieron lugar a un recurso extraordinario federal que presentó la abogada de la suspendida diputada de La Unión Mendocina. Ya puede ser imputada por la Justicia.
La demanda es por una supuesta administración fraudulenta. El primer juez se declaró incompetente y la envió a otro magistrado, que también la rechazó.
La Jueza María Paz Gallardo resolvió la adjudicación del inmueble a la Dirección General de Escuelas.
Para el gobierno la ministra de Capital Humano es “una número uno” y cargaron las responsabilidades a Pablo de la Torre, quien engrosó la lista de 32 funcionarios que ya dejaron el cargo en menos de seis meses de gestión de La Libertad Avanza.
En los contratos incluyó una cláusula para “garantizar el pago de la comisión de 4 millones de euros anuales” para su empresa.
Se trata del excomisario Gabriel Moschetti, quien supuestamente era la “pata policial” de la banda que daba beneficios judiciales a cambio de coimas. Estaba por cumplir casi 3 años preso.
Carlos Javier Carbajo, Carlos Alberto Mahiques y Daniel Antonio Petrone emitieron dos fallos que impactan en el megajuicio que se le sigue al exmagistrado en los tribunales federales de Mendoza.
Así lo denunció el Ministerio de Capital Humano en base a una auditoría en el Plan contra el Hambre. “Los peques de San Alberto” y “Gauchito Gil”, entre los ejemplos.
Luciano y Nahuel, hijos del exmagistrado, y Marta Boiza, su esposa; enviaron una carta al gobierno de los Estados Unidos para cuestionar un informe de derechos humanos que menciona el caso. Acusaron al fiscal de desinformar y manipular el proceso. Los tres están acusados en el juicio.
El informe del gobierno de los Estados Unidos no se limita a los casos de corrupción en la conducción del Estado durante los años del kirchnerismo. También hace referencia a causas que involucraron a integrantes de la Justicia, poniendo como ejemplo destacado la sentencia que recibió el juez federal de Mendoza Walter Bento.
Nadie duda de que la corrupción en el poder no nació en este país con los gobiernos de la familia Kirchner; forman parte de décadas de desencantos de la gente con sus representantes. Pero es indudable que la trama que se gestó durante sus años de gobierno sobrepasó los límites de lo imaginable y también incluyó presiones sobre jueces y fiscales.
Con una autodenuncia, la compañía aceptó en la Justicia una serie de pagos indebidos a funcionarios entre 2014 y 2018.
Esto se debe a que la defensa del exmagistrado recusó a las juezas del TOF2 porque no ha ordenado su inmediata libertad. La Cámara de Casación Penal deberá resolver este pedido.
Por mayoría, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución que dispuso la prisión preventiva del exjuez federal.
La provincia atraviesa un escenario delicado con caída de recaudación producto de la recesión que generan las medidas del presidente Milei apoyado por el gobernador Cornejo y el radicalismo local. Los salarios docentes son los más bajos del país, tenemos la mayor cantidad de indigentes de todos los aglomerados urbanos que mide el Indec, la pobreza más alta que el promedio nacional y la más elevada de Cuyo. También con delicadas situaciones referidas a la “institucionalidad” que avergonzarían a cualquier provincia. Sin certezas sobre el desarrollo minero y el crecimiento económico que se produciría si se ordena la macroeconomía.
En la etapa final de un largo camino recorrido tras la denuncia pública que la marcó de por vida y que concluyó con un ex vicepresidente preso, dijo a Los Andes que el programa de Testigos Protegidos se encuentra acéfalo. “Es el momento de actuar”, sostuvo.
La investigación iniciada hace unas semanas de por qué un decreto presidencial ordenó a todas las reparticiones del Estado contratar sus pólizas con Nación Seguros, que es parte del Estado, a través de intermediarios, está avanzando a buen ritmo, como debería ser en todos los casos.
