La sentencia histórica contra el exjuez federal Walter Bento, condenado a 18 años de prisión por delitos de corrupción, fue el resultado de una investigación ardua y compleja que inició el fiscal Dante Vega, hace ya cinco años.
El fiscal Dante Vega consideró que el “mayor daño” que provocó el exjuez Walter Bento fue “restarle confianza al servicio de Justicia”.
El fiscal Dante Vega llevó adelante la acusación contra el exjuez Walter Bento, condenado a 18 años de prisión por corrupción.
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Ramiro Gómez / Los Andes La sentencia histórica contra el exjuez federal Walter Bento, condenado a 18 años de prisión por delitos de corrupción, fue el resultado de una investigación ardua y compleja que inició el fiscal Dante Vega, hace ya cinco años.
Con el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 2, presidido por la jueza Gretel Diamante, el representante del Ministerio Público Fiscal compartió sus reflexiones con Diario Los Andes y aseguró que la condena “va a aumentar la confianza en el sistema de Justicia”.
Al repasar los orígenes de la causa, Vega señaló a este diario que “esto empezó a fines de 2020, con un trabajo muy intenso y meticuloso que hizo la Fiscalía. En ese momento éramos cuatro personas, entre ellas quien habla, los que empezamos a develar esta trama delictiva”.
“Contamos con un preventivo policial, con conversaciones muy crípticas, y las fuimos desentrañando una por una para ver adónde nos llevaban. Empezamos a descubrir que Bento no actuaba en solitario, sino que lideraba una banda delictiva”, relató el fiscal.
El carácter críptico al que se refiere surge de la pericia policial del teléfono del narcotraficante Walter Bardinella Donoso, condenado como miembro de la banda. Las conversaciones detectadas con el abogado Luciano Ortego, sindicado como organizador, constituyeron el primer rompecabezas del entramado, que permitió dilucidar el rol central de Diego Aliaga como nexo entre el juez Bento y el resto de los involucrados.
En ese contexto, en mayo de 2021, Vega firmó el “primer dictamen”, en el que ya se encontraban consolidados la estructura de la banda, sus integrantes y su mecánica de funcionamiento.
“Ya habíamos develado la parte fundamental de la banda delictiva que encabezó el exjuez federal. También habíamos descubierto casos muy emblemáticos de coimas que luego se ventilaron en el juicio. Los primeros cuatro ya estaban claros a esa altura, me animo a decir”, sostuvo.
Finalmente, la condena del tribunal ratificó la estructura de la asociación ilícita que impulsó la Fiscalía con: Walter Bento como jefe; el fallecido Diego Aliaga como mano derecha y los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba, culpables como "organizadores".
Por debajo de ellos, se condenaron como "miembros" a los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo y Francisco "Chato" Álvarez. También fueron sentenciados con esa caratula delictiva el comisario Gabriel Moschetti y el narco Bardinella Donoso.
En el orden patrimonial, el TOF Nº 2 también condenó a la esposa del exjuez, Marta Boiza, y su hijo Nahuel Bento, por lavado de activos provenientes del negocio espurio de las coimas. A la mujer se la halló culpable por enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica, delitos atribuidos también al exmagistrado.
El fiscal describió cómo cambió el funcionamiento cotidiano de los Tribunales Federales tras destaparse el caso.
“El impacto ha sido muy grande hacia adentro de la Justicia Federal, que es una estructura mucho más pequeña que la Justicia provincial. Y el cargo que desempeñaba Bento era clave, porque no solo concentraba la primera instancia penal, sino también la competencia electoral, asignada por ley a un juez por provincia”, explicó.
Vega afirmó además que Bento intentó obstaculizar la investigación de manera permanente. “Él estaba en funciones, un piso debajo de donde yo trabajaba, y desde el primer momento intentó perturbar la causa y apartarme de la investigación, con esta teoría falsa de una conspiración”, afirmó.
“Desde que comenzó la causa a fines de 2020 hasta que fue removido y detenido, e incluso después, nunca dejó de intentar perturbar el proceso”, agregó.
Y fue más allá: “No hubo un solo momento en que el proceso no fuera obstaculizado por él, por su familia, por sus secuaces y por los abogados de la banda”. En ese marco, Vega aclaró en otra entrevista dada a Radio LV Diez que "la política no colaboró, pero tampoco puso obstáculos en la causa".
Respecto del funcionamiento judicial, recordó que tras la suspensión de Bento se le impidió ingresar al edificio de Tribunales Federales, salvo por trámites vinculados a la obra social, con el objetivo de cortarle el contacto con la estructura que estaba a su cargo.
Luego, el Poder Judicial subrogó las competencias vacantes en dos magistrados: la parte penal, a cargo del juez Marcelo Garnica, y la competencia electoral, primero en manos de Pablo Quirós y luego de Susana Pravata, actual responsable.
Vega subrayó que “nunca antes se había dictado una sentencia contra un exjuez”, y remarcó la importancia del fallo como mensaje contundente contra la corrupción administrativa.
“Es una pena significativa y estamos satisfechos. Es la pena que solicitamos y es muy alta”, afirmó, en referencia a los 18 años de prisión impuestos a Bento.
Además, destacó que el TOF Nº 2 respetó la “arquitectura de penas” diseñada por la fiscalía para el exjuez, los integrantes de la asociación ilícita y el clan familiar.
“Quien lea este fallo no va a poder decir que hay una grosera desproporción entre Bento y el resto. Hay una proporcionalidad acorde al grado de responsabilidad. Él se diferencia por la calidad del cargo que ostentaba: era juez”, explicó.
Finalmente, el fiscal aseguró que “no me cabe la menor duda de que este fallo ayuda a terminar con el escepticismo en la Justicia”.
“Hemos demostrado que la corrupción se puede atacar desde adentro, llevarla al banquillo y lograr una condena. Esto va a aumentar la confianza en el sistema de Justicia”, sostuvo.
Y concluyó: “Si la ciudadanía no confía en los jueces, ¿dónde va a llevar sus reclamos? Ese fue el mayor daño que hizo Bento: restarle confianza a la sociedad en el servicio de Justicia. Sin confianza en el sistema, es imposible vivir en democracia”.
“Bento va a seguir preso y va a volver a pedir la prisión domiciliaria seguramente, que va por otro carril, vinculado a la ejecución de la pena”, explicó el fiscal, al referirse a la situación procesal del exmagistrado.
En ese sentido, Vega remarcó la gravedad de la condena y recordó que los tribunales ya se expidieron sobre ese planteo. “Una persona que está condenada a 18 años de prisión es muy grave. La prisión domiciliaria la va a volver a solicitar y me atrevo a decir que, en tanto no se modifiquen las condiciones actuales, que son las que llevaron al tribunal a negársela, con confirmación de la Cámara de Casación, no habrá motivo para otorgarle ese beneficio”, sostuvo.
El fiscal explicó que la negativa judicial se fundamenta en la dinámica familiar vinculada al hijo de Bento, quien presenta una discapacidad severa y cuenta con cuidado a cargo de la madre, los hermanos y la persona designada por la obra social, situación que —según subrayó— no justifica el otorgamiento de la prisión domiciliaria.
Respecto del resto de los condenados, Vega indicó que su situación deberá analizarse caso por caso, de acuerdo con la medida de coerción vigente, la pena impuesta y el grado de firmeza de la condena. “Va a haber que esperar a que esa parte del proceso siga su curso”, aclaró.