¿Bento fue el inventor de esta mecánica o en todo caso un heredero de viejas prácticas? El silencio y la “normalidad” de tanto tiempo abre interrogantes sobre si lo que se conoció no podría volver a repetirse.
El exjuez federal Walter Bento fue condenado a 18 años de prisión.
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Ramiro Gómez / Los Andes La histórica condena a 18 años de prisión para Walter Bento da pie a reflexiones que bien ilustran no sólo un puntual accionar vergonzante de la Justicia, sino también del funcionamiento de las instituciones argentinas. Esa cotidiana sensación de corrupción que atraviesa diversos estamentos de la vida pública y de la que no escapa el Poder Judicial, órgano republicano que debería ser capaz de hacer cumplir la ley, perseguir y condenar.
Según lo ventilado en el proceso que duró más de dos años, así sucedió en Mendoza, ya que el Tribunal Oral 2 (TOF2) lo encontró culpable de liderar una asociación ilícita con la que propició y se benefició de coimas a cambio de favorecer a acusados mientras estaba a cargo del Juzgado Federal número 1. Producto de ese accionar, se enriqueció ilícitamente y ante esa evidencia, lideró una estrategia (que incluyó a su propio núcleo familiar) para lavar activos. “Una expresión paradigmática de corrupción judicial”, sintetizó en la fundamentación de la condena la presidenta del tribunal, Gretel Diamante.
Lo que este caso expuso es una cadena de ilícitos que nunca podrían haberse concretado no sólo sin la audaz impunidad del ex juez federal destituido en 2023 y desde entonces preso en Cacheuta, sino también sin la evidente complicidad (o al menos “vista gorda”) de gran parte del entramado judicial (desde jueces y fiscales a empleados y abogados), algunos de ellos cómplices y también juzgados en esta ocasión; otros tantos, simples receptores informales de las sospechas que circulaban por los pasillos y los cafés de Tribunales desde hacía tiempo y que se convirtió en escándalo con la denuncia del fiscal Dante Vega.
No debe ser simple (y está bien que así sea) juzgar a un juez federal. Como magistrado la Constitución le otorga una serie de prerrogativas que no hacen más que proteger su figura a la que se entiende no sólo como la de quien imparte justicia, sino también como representante de la ley, y, por ende, del Estado, del bien común.
El juicio a Bento también debió demostrar que aquí no se estaba vulnerando ni avasallando derechos, “ni respondiendo a presiones externas”; sino que por el contrario, se intentaba advertir y terminar (previa intervención de todas las instancias legales) con el uso impropio de la magistratura para demostrar que “al menos desde 2007 funcionó (...) una asociación ilícita de carácter permanente cuya finalidad era la obtención de beneficios económicos ilegales mediante la venta de decisiones judiciales”, tal como indicó el tribunal que además de Diamante completaron las juezas Eliana Rattá y María Carolina Pereira. Es decir, concluyeron que Bento convirtió a la Justicia en un mercado a disposición del mejor postor.
El caso -para mayor atractivo- incluye no sólo una trama de corrupción y voraz ambición económica, sino también una necesaria arista política. Imprescindible desde el mismo mecanismo de selección de los jueces, pero también en otras instancias clave durante el proceso como fue la intervención del Consejo de la Magistratura que entre 2021 y 2023 analizó el asunto y finalmente votó su suspensión como juez de la Nación. Paso necesario para el Jury de Enjuiciamiento que lo terminó destituyendo y habilitando el juicio penal que concluyó en su primera instancia esta semana.
En ambas ocasiones, Bento fue defendido férreamente por una porción del poder político que lo consideraba como “propio”, principalmente el kirchnerismo y algún sector del PJ que entendía que un juez promovido por el gran articulador peronista desde el retorno de la democracia como Juan Carlos “Chueco” Mazzón (fallecido hace 10 años) y nominado en 2005 por el entonces presidente Néstor Kirchner, merecía ser sostenido en su sitial: aún ante la catarata de pruebas y evidencias que poblaban la denuncia, incluso con el acompañamiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que estimó el enriquecimiento ilícito de Bento en ¡un millón setecientos mil dólares!
El Juzgado Federal desde donde Bento llevó adelante esta perversa maquinaria de corrupción, tiene un componente adicional, un atractivo especial para la política, ya que incluye entre sus atribuciones la competencia electoral. Es decir, contar con un juez “amigo” o al menos “cercano” a los intereses partidarios puede inclinar la balanza en múltiples decisiones involucradas en un proceso electoral, desde impugnaciones y observaciones sobre el padrón, los candidatos, las boletas, las denominaciones y hasta el mismo operativo el día de los comicios. No es neutral quién ocupe ese despacho. Y la política lo supo desde el primer momento.
Más allá de los ribetes y los detalles conocidos, algunos indicativos de los escrúpulos (o la codicia) de Bento como fue la toma de un crédito del Banco Nación para “justificar” un departamento que ya había comprado y que así le impedía el acceso a alguien que efectivamente necesita de esa herramienta financiera para adquirir una vivienda propia; o la inclasificable decisión de nominar como titular de algunos inmuebles -según la Justicia producto de ilícitos- a su hijo con parálisis cerebral, una pregunta flota entre los observadores del proceso.
¿Bento fue el inventor de esta mecánica o en todo caso un heredero de viejas prácticas? El silencio y la “normalidad” de tanto tiempo abre interrogantes sobre si lo que se conoció no podría volver a repetirse. Como consuelo, tal vez el único, pero no menor, queda que las revelaciones surgieron de las mismas entrañas de Tribunales Federales, y que con todas previsiones legales y del Código Penal no miró para el costado y se intentó reparar la vergüenza de su propia podredumbre. Un mínimo antídoto ante esta delicada gangrena.
* El autor es periodista y profesor universitario.