El fallo unánime que condenó al ex juez federal de Mendoza Walter Bento como responsable de haber encabezado una asociación ilícita, en ejercicio de sus funciones, asombra por la gravedad de los delitos cometidos, pero a su vez exalta la labor responsable y profesional de quienes juzgaron a un colega.
Bento fue declarado culpable de encabezar una organización que integraron familiares, funcionarios judiciales y policías, destinada a “obtener dinero a cambio de decisiones judiciales ilegítimas”, además de haber resultado responsable por cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de prueba. Una suma de delitos comprobados que resultaron prácticamente inapelables para cualquier defensa y que se llevaron a cabo durante años dentro del Juzgado Federal 1, a su cargo.
El derrotero que condujo a la condena se consolidó en noviembre de 2023, cuando, tras la acusación, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación dispuso la destitución, a la que siguió el arresto y el prolongado juicio de reciente finalización.
En aquella oportunidad, la Magistratura fue rotunda a través de sus fundamentos sobre la actitud que había adoptado el por entonces depuesto Bento. Se lo acusó de haber realizado “maniobras tendientes a la interferencia y entorpecimiento del accionar judicial, inadmisibles en un juez federal de la Nación”.
Aquel tribunal de enjuiciamiento destacaba al momento de su decisión que “jamás será auspicioso para el servicio de justicia tener que remover a un magistrado por mal desempeño o mala conducta”, definición que pone el foco en los principios de objetividad y honestidad que deben marcar siempre el recorrido de un integrante de la justicia.
Por otra parte, cabe añadir que la figura judicial del doctor Bento siempre adquirió mayor relevancia por su competencia electoral en nuestra provincia, función por la cual también recibió cuestionamientos en su momento.
Un caso de tanta gravedad institucional y repercusión nacional debería obrar como bisagra que separe definitivamente épocas en las que en las instituciones de la república abundaron casos de corrupción en sus estructuras, dejando un ejemplo muy malo para el grueso de la sociedad. Es que la población necesita, precisamente, ver cómo los propios poderes del Estado se encargan de depurarse cuando lo que domina es la deshonestidad.
De ahí la insistencia para que, de una buena vez, las autoridades nacionales se encarguen de cubrir las numerosas vacantes que tiene en estos tiempos la Justicia Federal. Es el momento de seleccionar a los profesionales del derecho que ameriten su oportunidad en base a especialización y talento y no por componendas políticas, que prevalecieron por años en muchos casos.
La honestidad del juez es la conducta más apropiada para fortalecer la confianza de los ciudadanos en su sistema judicial.