El Tribunal Oral Federal Nº 2 resolvió las responsabilidades penales del exjuez federal Walter Bento y una treintena de acusados, vinculados a una red de coimas.
El exjuez Walter Bento escuchó las condenas en la sala de Tribunales Federales junto a sus hijos Nahuel y Luciano. Foto: Ramiro Gómez.
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En una jornada histórica para Mendoza, el exjuez federal Walter Bento fue declarado culpable por liderar una asociación ilícita que se valió del cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales. El fallo del Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereira, fue contundente y ratificó las principales acusaciones que pesaban sobre el exmagistrado, entre las que se destacan lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La jueza Diamante señaló en su lectura que los delitos cometidos por Bento constituyeron un “paradigma de corrupción” en el propio Poder Judicial y se encargó de diferenciar dos tipos de bandas que lideró el exjuez: por un lado, la asociación ilícita integrada por abogados y, por el otro, su propia familia, en maniobras de lavado.
Al exjuez, el Tribunal Oral Federal Nº 2 solo le reconoció la prescripción de algunos delitos menores, pero a toda la familia le endilgó lavado de activos. “Bento fue la fuente principal del ilícito”, afirmó la presidenta del tribunal, Gretel Diamante.
La mayoría de los cargos del Ministerio Público Fiscal fueron aceptados por el TOF 2. Entre ellos, la falsedad ideológica en acciones para adquirir un inmueble.
Antes de leer el veredicto para cada uno de los 33 imputados de esta megacausa, la magistrada puso en valor que la complejidad de la causa radicó en una “circunstancia excepcional”.
“A este tribunal le tocó juzgar a un par; a un juez federal. Es decir, a alguien que pertenecía al mismo estamento institucional de quienes hoy integramos este cuerpo”, sostuvo Diamante.
“Esta situación no fue neutra ni sencilla. Juzgar a un par implicó una exigencia adicional de prudencia y de responsabilidad institucional. No se trató solamente de analizar conductas delictivas complejas, sino de hacerlo cuando uno de los principales acusados había ejercido durante años una función jurisdiccionalmente similar a la de quienes debimos juzgarlo”, sostuvo también para ponderar que se trata de un juicio excepcional.
Pero advirtió que “esa dificultad jamás fue un obstáculo para que el tribunal hiciera lo que debía hacer. Por el contrario, lejos de afectar la función, esa circunstancia reforzó el compromiso de decidir conforme a la ley, a la prueba y a la propia conciencia institucional, como partes integrantes del Poder Judicial de la Nación”.
Posteriormente, la presidenta del TOF Nº 2 explicó los principales fundamentos de la sentencia y comenzó sorpresivamente por el delito de lavado de activos, al que graficó como la “síntesis más elocuente” del destino de los fondos conseguidos a través de los delitos de cohecho que “se tuvieron por acreditados como delitos precedentes, en particular en relación con Walter Bento”.
La jueza detalló cómo fue el accionar de cada uno de los miembros del clan Bento, empezando por el exjuez como cabeza de la banda; siguiendo por su esposa Marta Boiza y sus hijos Luciano y Nahuel Bento (todos juzgados por lavado, aunque Luciano B. resultó absuelto). Incluso señaló que el exmagistrado también utilizó a su hijo con discapacidad para camuflar fondos ilícitos.
“El tribunal tiene por acreditado que los integrantes sostuvieron durante un prolongado período un entramado familiar destinado a incorporar al circuito económico formal activos provenientes de actividades ilícitas, mediante la utilización combinada de diversas formas clásicas de lavado de activos”, sostuvo la jueza Diamante.
Y advirtió que “la investigación permitió reconstruir una secuencia continua de actos jurídicos, financieros y registrales que, apreciados en su conjunto, revelan una operatoria orientada a ocultar y disimular el origen ilícito de los fondos, integrándolos así al patrimonio familiar bajo una apariencia de legalidad”.
Diamante también ratificó la estructura de la asociación ilícita que conducía Bento. En este sentido, el tribunal declaró la “responsabilidad penal” de los organizadores de la banda y del resto de los acusados, entre ellos los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba.
“La jefatura indiscutida de esta organización estuvo a cargo de Walter Bento. Su rol fue central y excluyente, ya que en su condición de juez detentaba el poder decisorio final sobre la libertad, el estado procesal y el destino judicial de las personas involucradas en las causas”, sostuvo la magistrada.
Además, señaló que la banda operaba principalmente en causas de contrabando, que le aseguraban el cobro de coimas importantes a los imputados.
La jueza indicó que Bento, desde su posición de líder, “definía las estrategias, autorizaba los beneficios, fijaba los montos a cobrar y ordenaba el curso de las maniobras”.
Inmediatamente por debajo de Bento, el TOF Nº 2 ubicó a Diego Alfredo Aliaga, el agente aduanero que fue asesinado en 2020 por Diego Barrera (testigo en esta causa).
La jueza aseguró que Aliaga cumplía el “rol principal como organizador operativo y nexo entre el juez y el resto de los integrantes”, tal como indicaba la investigación del Ministerio Público Fiscal encabezado por Dante Vega y María Gloria André.
“Aliaga no era un simple intermediario, sino una pieza clave del engranaje delictivo. Recibía las directivas de Bento y las retransmitía a los abogados de la organización. Abordaba imputados y familiares, exigía sumas de dinero, prometía resultados judiciales concretos, coordinaba pagos y verificaba el cumplimiento de las órdenes impartidas”, sostuvo la jueza.
Además, indicó que “la prueba demuestra que Aliaga actuaba con pleno conocimiento del funcionamiento judicial y que, además, utilizaba su condición de informante policial para obtener y filtrar información sensible, tanto para iniciar causas como para frustrarlas, según conviniera a los intereses económicos de la banda”.
Por debajo de Aliaga se encontraban los organizadores, principalmente los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba, aseguró la magistrada, y explicó que ambos “cumplían funciones de captación, ejecución y coordinación. Reclutaban clientes, contactaban a familiares de detenidos, fijaban precios y organizaban o asumían personalmente defensas”.
“Visitaban imputados en unidades penitenciarias y se encargaban de que los abogados operativos presentaran los escritos necesarios para dar apariencia de legalidad a decisiones previamente acordadas de manera ilícita”, completó.
También fueron declarados miembros de la asociación ilícita los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Francisco “Chato” Álvarez; el comisario Gabriel Moschetti y el narco Walter Bardinella Donoso.
El TOF Nº 2 declaró la responsabilidad penal de Walter Ricardo Bento en:
El delito de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con el delito de cohecho pasivo por ocho hechos en calidad de autor, todos a su vez en concurso real entre sí —en relación con los casos Nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10—; en concurso real con el delito de enriquecimiento ilícito, en calidad de autor; en concurso real con el delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una banda y por haberlo cometido en ejercicio u ocasión de su carácter de funcionario público; en concurso real con el delito de falsedad ideológica por dos hechos, en concurso real entre sí —estos tres últimos delitos en grado de coautor—; y, a su vez, en concurso real con el delito de ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir como prueba, en carácter de autor.
Ahora se abrirá el denominado “juicio de cesura”, instancia en la que la Fiscalía —integrada por los doctores Dante Vega y María Gloria André— y las defensas solicitarán las penas correspondientes. Esta etapa se realizaría entre miércoles y jueves, según pudo saber Los Andes.
El viernes se llevará a cabo la última audiencia, en la que el TOF Nº 2 resolverá las condenas definitivas, es decir, los años de prisión que deberán enfrentar los culpables.