Uno de los sucesos que sacudió a la estructura política gobernante es el referido a los recursos que administraba la ahora disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y que, más allá de una tibia defensa oficial, quedó a merced de la acción de la justicia.
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem
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Gentileza La idoneidad y la honestidad son requisitos indispensables que deben cumplir quienes lideran cualquier organización, pública o privada. Pero la transparencia en la conducción del Estado es indispensable. El funcionario público lo que más debe irradiar es confianza entre quienes dependen de sus decisiones.
Lamentablemente, hechos de corrupción abundan en una sociedad que con esa reiteración de sucesos no hace otra cosa que sumar descreimiento en sus dirigentes y decepcionarse de aquellos que, supuestamente, llegan al poder para cortar de raíz con la afrenta a las instituciones.
El actual gobierno nacional surgió de una muy loable propuesta de transparencia en el manejo de los recursos públicos y defensa del equilibrio fiscal. En campaña y también en funciones, el presidente Milei hizo alusión reiteradamente al final de la época de “los políticos chorros”.
Sin embargo, varios hechos producidos en estos primeros dos años de gobierno libertario contradijeron esa parte del discurso oficial. Un nivel de igualdad con aquellos a los que la ciudadanía castigó con su voto, entre otras razones, por el evidente desmanejo de los recursos públicos.
Concretamente, uno de los sucesos que sacudió a la estructura política gobernante es el referido a los recursos que administraba la ahora disuelta Agencia Nacional de Discapicad (Andis) y que, más allá de una tibia defensa oficial, quedó a merced de la acción de la justicia.
Luego de meses de investigación y con la reanudación de la actividad judicial tras la feria de enero, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, el primer director de la ex agencia, por los delitos de cohecho activo, que es cobro de sobornos, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público. La compra de medicamentos a laboratorios privados fue el detonante.
También se lo acusó de haber sido uno de los presuntos jefes de una denominada asociación ilícita que cooptó la Andis para enriquecerse. Los otros supuestos jefes de esa banda también fueron procesados; entre ellos el ex número dos de Spagnuolo. La misma instancia recayó sobre otros 15 exfuncionarios y empresarios, pero se advirtió sobre la posibilidad de más delitos y que las responsabilidades podrían escalar “a otro nivel de complicidades”, supuesto que lleva a conjeturar con una mayor escala de responsabilidades.
En virtud de lo delicado del caso, no se debe descartar que la decisión oficial de disolver la Andis, a fines de diciembre pasado, para transformar el organismo en una dependencia del Ministerio de Salud, haya sido motivada por el concreto avance de la investigación.
Al margen de lo que determine finalmente la investigación judicial, es inadmisible que se conjeture e investigue sobre recursos públicos destinados a un sector vulnerable de la sociedad que requiere, inevitablemente, la protección oficial.