La investigación judicial sobre las irregularidades en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) ha dado un giro significativo tras el levantamiento del secreto de sumario dispuesto por el juez Ariel Lijo.
Nuevas pruebas obtenidas del celular del empresario Martín Migueles confirman el cobro de coimas de hasta el 15% para acceder al dólar oficial durante la gestión anterior. La causa, liderada por el juez Ariel Lijo, ya involucra a cinco funcionarios del Banco Central y expone una red de lavado y especulación financiera.
El celular de Martín Migueles tiene un rol clave en la investigación de la causa SIRA y operaciones con dólar blue
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web La investigación judicial sobre las irregularidades en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) ha dado un giro significativo tras el levantamiento del secreto de sumario dispuesto por el juez Ariel Lijo.
Lo que comenzó como una causa sobre maniobras con el dólar blue ha mutado en la detección de un "circuito paralelo" de corrupción que operaba bajo la órbita de las autorizaciones de comercio exterior durante el gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Sergio Massa.
El avance de la causa se aceleró tras el peritaje del teléfono móvil de Martín Migueles, empresario vinculado a Elías Piccirillo y actual pareja de la conductora Wanda Nara. En los dispositivos se hallaron chats de WhatsApp que comprometen seriamente a intermediarios y funcionarios. Según el fiscal Franco Picardi, de las conversaciones surge con claridad una mecánica donde se ofrecía agilizar o "liberar" declaraciones de importación "al toque" a cambio de pagos indebidos.
En uno de los intercambios más reveladores, Migueles conversa con Ariel Saponara (identificado como "Ariel Viken"), quien menciona que el costo de estas gestiones, incluyendo las "cometas" (sobornos), ascendía aproximadamente al 15% del monto involucrado. Migueles, por su parte, indicaba que a él le cobraban entre un 11% y un 12% por asegurar la autorización.
La Justicia ya ha puesto el foco sobre la connivencia de funcionarios públicos en este esquema. Actualmente, se investiga a cinco integrantes del Banco Central (BCRA) pertenecientes al área de Supervisión de Entidades No Financieras: Fabián Violante, Romina Gisela García, Diego Alberto Volcic, Analía Fernanda Jaime y María Valeria Fernández.
En diversos allanamientos realizados en sus domicilios, se secuestraron dispositivos electrónicos y grandes sumas de dinero en efectivo. Uno de los testimonios clave proviene de un policía arrepentido, Carlos "El Lobo" Smith, quien aportó audios donde se afirma que en el BCRA "están todos entongados para arriba".
El objetivo final de estas maniobras no era solo facilitar importaciones, sino alimentar un millonario negocio especulativo. Las empresas obtenían dólares a tipo de cambio oficial (cercano a los $350 en 2023) mediante permisos SIRA falsos o direccionados, para luego volcar esas divisas al mercado informal o dólar blue, donde la brecha llegó a ser del 200%.
Se estima que esta operatoria movió entre u$s1.400 y u$s1.500 millones, con una pérdida de trazabilidad del 84% de los fondos, los cuales terminaron abasteciendo cuevas financieras del microcentro porteño. Solo la firma Arg Exchange, vinculada a Elías Piccirillo, registró operaciones por más de u$s251 millones durante el período investigado.
La red de corrupción no se limitó a Buenos Aires. En provincias como Tucumán, se investiga a empresas de sectores clave (electrodomésticos e insumos médicos) que lograban destrabar permisos con una rapidez inusual, mientras que otras quedaban frenadas sin explicación técnica, alimentando la sospecha de que "si no pagabas, no importabas".
Con el secreto de sumario levantado, la causa entra en una etapa de mayor exposición pública. El juez Lijo ya ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de 50 personas físicas y jurídicas, y se esperan nuevas imputaciones que podrían escalar hacia niveles superiores de la antigua jerarquía ministerial.
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