En un país que necesita crecer la erradicación de la corrupción es un imperativo, pues se trata de un flagelo que corroe las estructuras del Estado y se traslada inevitablemente al ámbito privado.
Las irregularidades por parte de funcionarios públicos siguen dominando, lamentablemente, la escena política argentina. De hechos de notable corrupción a desprolijidades y abusos, el abanico de irregularidades parece no cesar, aportando al descrédito social de la dirigencia, en especial por el involucramiento de aquellos que supuestamente llegaban para erradicar vicios arraigados por décadas, como ocurre con personajes del actual gobierno.
Comenzando por los casos juzgados, resulta difícil comprender que haya seguidores que aún sostienen que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue víctima de operaciones políticas y mediáticas que la condujeron a la cárcel, cuando la justicia actuó en forma clara y contundente y ya se encuentra decomisando bienes por sumas millonarias habidos a través de procedimientos irregulares. Y hay más casos en juicio.
Ante tal realidad, dar vuelta la página hubiese significado para la ciudadanía comprobar que la corrupción en el Estado comenzaba a ser una parte del pasado y que de ahora en más todo esfuerzo se podría tolerar en un contexto de recuperación económica e institucional.
Sin embargo, hay hechos que siguen golpeando esa anhelada credibilidad, como varios que ya han involucrado a personajes de la actual gestión y que son investigados por la justicia. Resalta en estos momentos la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que por la suma y magnitud de las irregularidades por las que se lo investiga no sería desatinado que diese un paso al costado como funcionario para no perjudicar más al gobierno que integra.
Y se suma la información que da cuenta que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y algunos de sus colaboradores viajaron a España para participar de un encuentro internacional del progresismo político con la colaboración monetaria del Consejo Federal de Inversiones (CFI), un organismo público que nuclea a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, con recursos de éstas, para promover su desarrollo.
Se podrá argumentar que lo del gobernador bonaerense no es un hecho de corrupción sino una clara desprolijidad. Sea como fuere, en base a la jerarquía institucional del personaje involucrado, se trata de un hecho absolutamente criticable por las características meramente ideológicas que motivaron el viaje. Otra mirada se hubiese tenido en el caso de un traslado en el rol de gobernador.
Sirve esta enumeración de hechos irregulares para reflexionar una vez más sobre la necesidad de que la justicia, como poder alejado de la política, investigue y juzgue con rigurosidad cada caso de corrupción que afecte al Estado sea cual fuera su dimensión.
Porque en un país que necesita crecer la erradicación de la corrupción es un imperativo, pues se trata de un flagelo que corroe las estructuras del Estado y se traslada inevitablemente al ámbito privado.