En el segundo año de gestión del presidente Javier Milei la Argentina retrocedió cinco lugares en la escala sobre corrupción que realiza la ONG Transparencia Internacional, quedando en el puesto 104 sobre 182 naciones. El gobierno nacional debe interesarse y compenetrarse más en el impulso a políticas anticorrupción.
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Argentina no logra repuntar rápidamente en las mediciones internacionales sobre corrupción que evalúan la situación de los distintos países. En este caso se trata del balance que realiza anualmente la ONG Transparencia Internacional, de reconocida trayectoria, denominado Índice de Percepción de la Corrupción 2025.
Según el trabajo, en el segundo año de gestión del presidente Javier Milei la Argentina retrocedió cinco lugares en la mencionada escala, quedando en el puesto 104 sobre 182 naciones. El año anterior, también con la conducción libertaria, se había ubicado en el lugar 99.
De acuerdo con lo que se informó, la medición sobre nuestro país se realizó en base a ocho encuestas llevadas a cabo por organizaciones internacionales encargadas de evaluar las variaciones que se registran en materia de seguridad jurídica, fiabilidad de la economía, corrupción, etc.
La incómoda posición de la Argentina en estas mediciones no es nueva, lamentablemente. Como ejemplo se puede citar que en el año 2022 un informe del gobierno de Estados Unidos había emitido una fuerte señal de alerta a raíz de graves casos de corrupción en el plano gubernamental argentino, además de ser destacada la embestida oficial que el gobierno de entonces ejercía contra el Poder Judicial de la Nación.
El dato conocido en aquel momento no era para desestimar, puesto que se trataba de una nueva evaluación de la Casa Blanca, que periódicamente observa la situación de los derechos humanos y la corrupción a nivel global. El signo partidario que gobernaba la Argentina en ese momento cargaba con fuertes planteos y denuncias por casos de corrupción acumulados durante administraciones previas de dicha corriente, varios de los cuales fueron resueltos por la Justicia con penas drásticas que hoy cumplen ex funcionarios.
Volviendo al índice actual, que nos ocupa, el gobierno nacional debe interesarse y compenetrarse más en el impulso a políticas anticorrupción. Respetar el rol de la justicia en ese aspecto es ya un mérito enorme, pero también se deben extremar los recursos que el Poder Ejecutivo tiene a su disposición para que queden atrás de una buena vez sospechas de irregularidades en la función pública.
Incluso, desde entidades vinculadas con el control que debe ejercer la ciudadanía sobre la conducta de sus funcionarios, se reclama más contundencia por parte del Gobierno para salir a esclarecer hechos de corrupción que han sido movilizados en el plano oficial en la actual administración y que son de dominio público.
En línea con el pensamiento de calificados profesionales del derecho abocados a proponer soluciones para el flagelo de la corrupción, podemos reiterar que queda claro que este grave problema retrasa el progreso de un país, atenta contra las libertades civiles y, por añadidura, socava las bases de las instituciones republicanas.