La corrupción
Ante la desesperanza que vive la sociedad, cabe preguntarnos: ¿la corrupción implica costos políticos y socio económicos para los países?
Hoy, la sociedad argentina, los medios de comunicación, los encuestadores, los empresarios y los hombres y mujeres que militan en diferentes espacios políticos, se encuentran en el fondo con un estado de asombro ante el “estrepitus fori”, expresión latina que, en el lenguaje jurídico, la utilizamos para referirnos a un escándalo público o el clima de presión y controversia que rodea un proceso, como lo es la situación del jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Manuel Adorni.
El jefe de gabinete Manuel Adorni en Mendoza.
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Ante la desesperanza que vive la sociedad, cabe preguntarnos: ¿la corrupción implica costos políticos y socio económicos para los países?
El BID (Banco Interamericano de Desarrollo), en este contexto de crisis, a través de su presidente, Luís Alberto Moreno, convocó a un grupo Asesor de Expertos (EAG, por sus siglas en inglés), a fin de identificar enfoques innovadores y eficaces para combatir la corrupción y responder la pregunta que nos hacemos. En su informe expresaron:
“La corrupción acarrea costos socioeconómicos muy altos para los países. Existe considerable evidencia y amplio consenso en cuanto a que la corrupción y la falta de transparencia afectan negativamente el normal funcionamiento del Estado y el Estado de derecho, y debilitan la confianza en las instituciones públicas. También se ha demostrado que la corrupción afecta negativamente la asignación eficaz del gasto público, fomenta la evasión fiscal, aumenta los costos de la deuda soberana y los gastos transaccionales del sector privado, reduce los incentivos para la inversión, frena la productividad y la innovación privada, y reduce el crecimiento económico en general.... A nivel mundial, las mejoras en los niveles de gobernanza y lucha contra la corrupción se asocian a un aumento de tres veces del ingreso per cápita a largo plazo. Se trata de una gran oportunidad perdida para la mayoría de los países de ALC.”
Este diagnóstico, nos lleva a la convicción de que los escándalos recientes que vivimos los argentinos claramente muestran la necesidad de una reforma política, institucional y legal en serio, con objetivos, propósitos y valores compartidos por los diferentes actores políticos, sociales y económicos, que permitan diseñar una política de Estado, no sujeta a los vaivenes electorales. Ello permitirá a nuestro criterio, contrarrestar la corrupción y poner fin a la impunidad de las personas con conexiones políticas.
Combatir la corrupción, requiere un enfoque más audaz que involucre a servidores públicos, empresas, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y cuerpos intermedios, para generar el necesario shock sistémico que supere la crisis de confianza entre ciudadanos e inversores y fortalezca la democracia como sistema de gobierno y como forma de vida. Una mayor transparencia en los contratos gubernamentales, en los presupuestos públicos y en los conflictos de intereses, y la utilización de herramientas innovadoras de las tecnologías de la información pueden ser muy útiles.
Los escándalos de corrupción abren oportunidades para una reforma sistémica de gobernanza ya que los actores clave pierden temporalmente su poder de veto. Aprovechar esa oportunidad requiere de líderes valientes, confiables e íntegros (en toda la administración pública y en la sociedad, no solo en el Poder Ejecutivo). De igual manera, es necesario el apoyo de actores externos que puedan contribuir a la credibilidad. Al respecto, creemos que el BID puede desempeñar un papel muy importante.
También creemos que se avanza contra la corrupción, si contamos con un “Gobierno Abierto y con simplificación administrativa”.
Con una clase media que ahora constituye la mayor parte de la población en la región, las expectativas públicas están cambiando hacia una mayor participación en la gobernanza y en la prestación de servicios públicos más accesibles y de mayor calidad. La población más pobre puede haber renunciado a recibir servicios de calidad de parte del Estado, pero incluso estos grupos ahora esperan un gobierno que funcione mejor.
El acceso a la información está mejorando lentamente, pero esto no es suficiente si las personas no disponen de canales legítimos para influir y participar en el gobierno de manera individual o colectiva. En esta era de comunicación, el gobierno abierto es un ingrediente esencial no solo para la transparencia y la rendición de cuentas, sino también para establecer la confianza y una interacción constructiva entre los ciudadanos, las empresas y el Estado.
Estamos convencidos que este tipo de situaciones que vivimos en Argentina y también en países de ALC, crean oportunidades para que el ciudadano advierta la necesidad de líderes éticos que son servidores públicos y no se sirven de la comunidad.
Y también creemos que se deben implementar políticas concretas que hacen al bien común de la sociedad, tales como:
El General San Martín como gobernador-intendente de cuyo, afirmaba con convicción: “Un buen Gobierno, no consiste en hacer sentir el poder, un buen gobierno siempre se preocupa por hacer sentir la protección a los ciudadanos”.
* El autor es presidente del Instituto Argentino de Relaciones Institucionales (IARI).