“Los procesos políticos son fenómenos biológicos,
La verdadera alternativa para ganarle a la corrupción consiste en crear sistemas que se autocorrijan. El desafío no es moralizar a los actores —eso es para los curas y los politicastros de café—, sino rediseñar la arquitectura institucional para que el comportamiento cooperativo abierto tenga mayor fitness que la cooperación clandestina.
“Los procesos políticos son fenómenos biológicos,
pero ¿qué político entiende eso?”
Gregory Bateson
Viendo los groseros casos de corrupción que se investigan o juzgan en la actualidad —$LIBRA, ANDIS, Adorni, AFA/Chiqui Tapia, Cuadernos— u obscenidades como los préstamos de los bancos públicos a funcionarios del gobierno, uno se pregunta: ¿cómo hace este fenómeno para prevalecer? La respuesta es incómoda: la corrupción es un sistema vivo, con su propio sistema inmunológico que le permite permanecer y evolucionar. Más allá de moralinas, teleologías y misticismos, el objetivo de todo sistema vivo es mantenerse en el tiempo sano y fuerte. Cuando un sistema es percibido como dañino, el cinismo imperante de la política postula: “lo enfrentaremos con leyes más duras”, “con nosotros esto se acaba”, “la Ética es nuestra guía”, y otras estupideces. Pero nada es efectivo. La corrupción prevalece.
En Teoría de Juegos, la mayoría de los delitos son de suma cero: en un robo, el ladrón gana exactamente lo que la víctima pierde. En una estafa, igual. La corrupción, en cambio, es -tal vez el único- juego delictual de suma no cero: corruptor y corrompido obtienen un beneficio inmediato. Uno accede a una ventaja indebida (contrato, autorización); el otro recibe un soborno o comisión. Desde la perspectiva del intercambio puntual, el resultado es mutuamente ventajoso. Eso explica su estabilidad. Ese beneficio bilateral se obtiene, claro, a costa del sistema social en su conjunto, que sufre pérdidas difusas en eficiencia, equidad y confianza institucional. Pero a los protagonistas del intercambio, eso les importa poco.
Frente a entornos complejos —burocracias extensas, regulaciones abundantes, controles fragmentados— la corrupción incrementa su variedad interna: multiplica intermediarios, diversifica canales, segmenta responsabilidades. Mientras los sistemas de control formal centralizan decisiones y simplifican procedimientos, la corrupción se ramifica en redes horizontales, adaptativas y descentralizadas. La represión selectiva no la desarticula; simplemente induce mutaciones organizacionales. Cambian los actores visibles, se reconfiguran las rutas, se sofistican los mecanismos de ocultamiento. Como todo sistema vivo con alto fitness, aprende. Incorpora nuevas tecnologías, internaliza riesgos legales y coevoluciona con los dispositivos de control.
En 1999, como vicepresidente de la Nación, Chacho Álvarez asume la Presidencia del Senado. Llega a un sistema notoriamente corrupto, propio de una partidocracia entrópica y decadente. En esa época, los senadores aún eran elegidos por las Legislaturas provinciales, recién en 2001 comenzaron a ser elegidos directamente por el pueblo. Chacho, que es una persona decente, emprende una estrategia de eliminación de corruptelas. ¿Qué hace el resto del Senado? Primero, el sistema trata de absorberlo: “Chacho, vos sós político, todos tenemos compromisos”. Luego lo capsula —apenas si conseguía que le sirvieran un café— y, finalmente, impotente, renuncia. Es decir, el sistema lo expulsa. Así obra la corrupción: como un sistema biológico. El resto es filosofía barata y zapatos de goma.
Esa misma vitalidad encierra su límite. Como todo sistema que optimiza beneficios locales a expensas de la integridad global, la corrupción incrementa la entropía estructural del conjunto. A largo plazo reduce la confianza, distorsiona señales de precios, desalienta la innovación y debilita los mecanismos formales de coordinación. Su fitness adaptativo puede convertirse en un atractor que desplaza al sistema político hacia estados de baja legitimidad y alta inestabilidad. La paradoja es que la corrupción sobrevive precisamente porque satisface necesidades sistémicas que las instituciones formales no logran atender.
Los argentinos, durante años, debimos acudir a “parasistemas decisorios” —la típica era un amigo comisario— para conseguir una cédula, un carnet de conductor, un pasaporte o la eliminación de una multa. Por suerte, la incorporación de tecnología, la descentralización y la automatización empezaron a salvarnos de esos procesos. La ineficiencia y la discrecionalidad del Estado son parte de la corrupción. Si no, observe el lector el caso del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) en la presidencia anterior. Un desastre burocrático que pedía a gritos una coima.
Stafford Beer enseñó que ningún sistema puede ser viable si su estructura de control no posee variedad equivalente a la del entorno que pretende regular. La ley de la variedad requerida no se resuelve incrementando coerción, sino diseñando mecanismos internos de regulación capaces de absorber complejidad en tiempo real. El enfoque jurídico clásico opera como sistema de control de segundo orden: lento, reactivo y episódico. El enfoque sistémico, en cambio, busca generar condiciones estructurales donde la corrupción pierda ventaja adaptativa: reducir gradientes de discrecionalidad opaca, aumentar la trazabilidad de decisiones, distribuir el control en redes horizontales y fortalecer la retroalimentación temprana.
El control centralizado tiende a generar puntos únicos de captura. Cuanto más concentrado está el poder decisorio, mayor es la probabilidad de que se convierta en nodo de corrupción. En cambio, el control distribuido diluye incentivos y multiplica observadores internos. No se trata de vigilar más, sino de diseñar sistemas donde las decisiones estén estructuralmente acopladas a procesos transparentes, auditables y participativos.
Además, si la corrupción actúa como mecanismo informal de compensación frente a fricciones institucionales, entonces simplificar procedimientos, acortar tiempos de respuesta y clarificar reglas reduce la energía disponible para los intercambios clandestinos. Un sistema con alta capacidad de respuesta disminuye la tentación de recurrir a atajos. Cuando el cumplimiento normativo ofrece beneficios comparables o superiores al desvío, el equilibrio estratégico cambia.
Un sistema público, como la Justicia, está corrompido no porque los jueces sean malas personas o delincuentes, sino porque el sistema total ingresa una cantidad formidable de dinero que pagamos los contribuyentes y, a cambio, egresa al entorno solamente impunidad, traducida en un escasísimo número de sentencias sobre las denuncias que recibe. (Aprovechamos para pedir a las autoridades de la Procuración que vuelvan a poner las estadísticas delictuales que borraron de la web. Para los investigadores son muy importantes.)
La verdadera alternativa consiste en crear sistemas que se autocorrijan. Allí donde la transparencia es estructural y no excepcional, donde la información circula sin cuellos de botella y donde el poder se encuentra distribuido en múltiples nodos interdependientes, la corrupción pierde su ventaja adaptativa. No desaparece por decreto, sino porque deja de ser una estrategia evolutivamente rentable. El desafío no es moralizar a los actores —eso es para los curas y los politicastros de café—, sino rediseñar la arquitectura institucional para que el comportamiento cooperativo abierto tenga mayor fitness que la cooperación clandestina.
Quizás por eso el problema de la corrupción no se resuelve simplemente con más leyes o más jueces. Cuando una práctica logra sobrevivir durante décadas en contextos institucionales muy distintos, probablemente estemos frente a algo más que una suma de delitos individuales. Estamos frente a un sistema. Y, desde el punto de vista de la evolución de los sistemas sociales, un sistema sorprendentemente eficaz.
* El autor es abogado y profesor universitario. Investigador en Teoría Sistémica y Complejidad.