No se trata de castigar instituciones ni de comparar lo incomparable. Se trata de que la medición sistemática y pública es, en sí misma, una intervención que ayuda a corregir. Mendoza tiene las herramientas. Tiene los profesionales. Le falta decidir que la rendición de cuentas operativa no es opcional. Que los datos de desempeño no son un activo del Estado: son un derecho del ciudadano. Lo que no se mide, no se gestiona.
Mendoza se precia de liderar el ranking nacional de datos abiertos. Cuatro años consecutivos en el primer puesto, puntaje perfecto. El logro es real. Pero hay una diferencia fundamental entre publicar datos y rendir cuentas por resultados. Y en esa segunda categoría, la provincia tiene una deuda pendiente con sus ciudadanos.
Cuatro sectores lo ilustran con claridad.
En Estados Unidos, las infecciones de sitio quirúrgico afectan al 2–4% de los pacientes operados y desde 2014 los hospitales que superan ese umbral reciben penalidades financieras directas del sistema Medicare. Esa presión pública resultó en una reducción del 7% en la tasa nacional entre 2015 y 2019.
En Mendoza, el Ministerio publica un reporte de infecciones hospitalarias que involucra apenas once instituciones, limitado a Unidades de Cuidados Críticos. Las infecciones postoperatorias en cirugía electiva general —la apendicitis, la hernia, la cesárea— no aparecen en ningún portal de acceso ciudadano.
Tampoco se publica la tasa de apendicectomía negativa —el porcentaje de cirugías de apéndice en que el órgano resultó histológicamente normal— un indicador internacionalmente reconocido de la precisión diagnóstica quirúrgica, cuya meta aceptable es inferior al 10%. Ningún hospital público mendocino la publica.
Los datos son nacionales, pero Mendoza no escapa a ellos. Según PISA 2022, el 73% de los estudiantes argentinos de 15 años no alcanza el nivel mínimo de competencia en Matemática, el 55% no lo alcanza en Lectura, y el 54% en Ciencias. Solo uno de cada cuatro alumnos puede resolver un ejercicio de regla de tres simple.
En cuanto a las universidades, la Universidad Nacional de Cuyo —la principal casa de estudios de la región— no figura entre las primeras 600 instituciones del mundo en el ranking QS 2025, aunque se ubica entre las diez mejores del país en varias disciplinas. La brecha con las universidades latinoamericanas líderes es significativa y no hay estadísticas provinciales públicas que permitan seguir su evolución a lo largo del tiempo.
La Municipalidad tiene procedimientos para reclamos por daños de raíces en vía pública, pero los tiempos de respuesta no se publican sistemáticamente. En la mayoría de los casos, los daños a veredas y acequias son responsabilidad del frentista según la normativa local, aunque la Municipalidad interviene en ciertos casos. No existe un portal que indique cuántos reclamos se reciben por mes, cuánto tardan en resolverse, ni quién asume el costo final.
Tres organismos —AYSAM, Municipalidad y el Departamento General de Irrigación— gestionan sistemas subterráneos interconectados sin publicar datos operativos coordinados. Esa fragmentación tiene costos invisibles que ningún presupuesto municipal cuantifica públicamente.
El Departamento General de Irrigación (DGI) publica informes técnicos, pero la eficiencia real del sistema de acequias urbanas —el porcentaje del agua derivada que llega efectivamente al arbolado— no figura en ningún dashboard ciudadano. Estudios académicos estiman pérdidas del 40 al 60% en sistemas de riego por acequia abierta en zonas áridas. En Mendoza, donde el agua es un recurso crítico, esa cifra tiene implicancias directas para la gestión del arbolado público y la infraestructura subterránea.
No publicar estas cifras no es neutralidad. Es una elección. Y esa elección tiene costos: pacientes que no pueden tomar decisiones informadas, médicos y enfermeras que no reciben retroalimentación sistemática sobre su práctica, y gestores públicos que no enfrentan la presión de la comparación.
En Estados Unidos, cuando Nueva York comenzó a exigir la publicación de las tasas de mortalidad en cirugía cardíaca, la tasa promedio cayó un 41% en cuatro años. El mecanismo fue simple: los hospitales con peor desempeño tuvieron un incentivo poderoso para mejorar.
No se trata de castigar instituciones ni de comparar lo incomparable. Se trata de que la medición sistemática y pública es, en sí misma, una intervención de salud pública —y de gestión urbana.
Mendoza tiene las herramientas. Tiene los profesionales. Le falta decidir que la rendición de cuentas operativa no es opcional. Que los datos de desempeño no son un activo del Estado: son un derecho del ciudadano.
Lo que no se mide, no se gestiona. Y lo que no se gestiona, en medicina, tiene consecuencias que ningún portal de datos abiertos puede reparar.
* El autor es médico.