Mientras la reforma de la ley de salud mental busca reforzar la internación involuntaria, en el Valle de Uco construyen un modelo articulado y comunitario.
Antes los pacientes eran internados “donde había lugar”; ahora los hospitales generales avanzan hacia internaciones diferenciadas en salud mental, con equipos especializados, entornos de contención y actividades terapéuticas.
Foto:
Daniela Campos Internación diferenciada en el área de Salud Mental del Hospital Victorino Tagarelli, de San Carlos
Foto:
Daniela Campos La salud mental que la ley no garantiza y las redes sostienen en el Valle de Uco
Foto:
Gentileza Hospital Victorino TagarelliAbre la puerta del patio, sale con la capucha puesta. Las manos en los bolsillos del buzo, tanteando el encendedor. Se sienta, dice buen día, y prende el pucho. Suspira. Anda con auriculares, es la única manera de silenciar su cabeza, cuenta. Escuchar música.
El día anterior, dos niñas en el pasillo:
- Para mí las voces que vos escuchas son pesadillas. Te doy siete días para que vuelvas a casa o bueno, hasta que pare de llover.
Son sus sobrinas, una le pintaba las uñas. La más "charleta", la menor, le ponía labial en la boca y le contaba que quería ser “maquillista”.
Su hermana los miraba sonriendo, habían venido a visitarlo al área de Salud Mental.
Antes que diagnósticos, indicadores o cifras; una postal de la internación diferenciada en un hospital público.
Las tensiones en la organización social del cuidado se hacen visibles en las demandas de una población desbordada. Con familias que no dan abasto ante el déficit de servicios y escuelas atravesadas por el colapso social, queda claro que la respuesta no puede ser solo médica ni tratarse solamente en un consultorio.
Desde la pandemia, e incluso años antes, la fragilidad de las redes de apoyo exige una atención interdisciplinaria en salud mental que supere el abordaje tradicional. Ante este panorama, ¿cuáles son las problemáticas que hoy aquejan al Valle de Uco y cómo se articulan las instituciones en la provincia para sostener a una sociedad en crisis?
El sector público se ha convertido en el principal sostén de la atención médica en los departamentos de San Carlos, Tunuyán y Tupungato. La jefa del servicio de Salud Mental del Hospital Victorino Tagarelli y Coordinadora regional de Salud Mental del Valle de Uco, Noelia Calderón, asumió la coordinación hace un año y algunos meses, por lo que la primera parte del 2025 estuvo abocada al diagnóstico con los equipos que ya estaban trabajando. Lo que buscó fue potenciarlos, solicitar más recursos humanos.
“Fue así como Tupungato tiene la internación diferenciada que ya la tenían hacía un par de meses San Carlos y Tunuyán. Es así como también se logró que cada uno de los tres departamentos del Valle de Uco tenga su equipo de PAPSui, que es el programa de abordaje a la problemática del suicidio, con equipos territoriales que se dedican a la prevención y a la posvención de suicidio”, explica.
Además, en Tupungato y San Carlos sumaron CPAAs (Centro Preventivo y Asistencial en Adicciones), anteriormente solamente estaba el CPAA de Tunuyán. “Eso es lo que se logró el año pasado. Este año tenemos como objetivo formalizar y fortalecer las redes con otras instituciones”, afirmó.
Este esquema responde a los lineamientos de la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la Provincia, que prioriza el abordaje comunitario e intersectorial: “Entendiendo a la salud mental desde una mirada más integral y desmitificando esto de que solamente los equipos de salud pueden hacer salud. Es una construcción colectiva, que tiene determinantes sociales. Si bien pueden existir diagnósticos con patologías, lo social en muchos casos agrava o promueve el bienestar” sostiene la profesional.
Bajo esta perspectiva, la salud mental ya no puede pensarse solo como una cuestión médica: se busca superar el modelo médico-asistencial, desestigmatizar la salud mental y descentralizar los servicios para garantizar un acceso local, oportuno y de calidad a toda la población.
Antes de 2025, en la zona centro de la provincia, las personas con crisis de salud mental eran alojadas junto a pacientes con patologías clínicas generales, lo que dificultaba el abordaje específico. Actualmente se implementa la internación diferenciada, donde cada hospital adecúa un entorno de contención y tratamiento interdisciplinario.
En San Carlos, el Hospital Victorino Tagarelli cuenta con seis camas de internación diferenciada; el Hospital Antonio Scaravelli de Tunuyán posee la misma cantidad y el Hospital General Las Heras de Tupungato dispone de cuatro. En total, el Valle de Uco suma 16 camas destinadas a salud mental, lo que permite un mayor acompañamiento y seguimiento por parte de profesionales especializados. Además, todos los centros de salud de la región cuentan con equipos de salud mental.
Sin embargo, cada nueva cama incorporada es ocupada rápidamente por nuevos pacientes, lo que refleja la magnitud de la demanda. En algunos casos, no es posible internar a una persona en su departamento de origen.
“Hay una red interhospitalaria de salud mental. Entonces siempre y cuando podamos respetar la georreferencia, se hace, pero si no lo puedo recibir en la zona, voy a pedir ayuda en la red”. Ante situaciones de saturación, la prioridad se centra en la asistencia médica por sobre la cercanía geográfica. En momentos críticos hay que ponderar: '¿qué es más importante, la georreferencia o la situación de salud?'”, concluye Calderón.
Las principales problemáticas asistidas en el Valle de Uco están vinculadas al consumo problemático, suicidio y posvención, depresión, angustia, y violencia de género e intrafamiliar. El entorno socioeconómico incide directamente en la demanda del servicio.
“Las crisis económicas terminan generando más malestar subjetivo en las personas, obviamente vamos a tener un incremento de consultas. El deterioro del tejido social genera angustia, genera depresión, genera violencia. Entonces esa parte tan importante de lo social condiciona mucho”, se explayó la Coordinadora de Salud Mental del Valle de Uco.
Calderón señala además algunas características del Valle de Uco que condicionan el abordaje: se trata de departamentos extensos, con baja densidad poblacional y grandes distancias entre sí, donde la ruralidad puede representar tanto una fortaleza como una dificultad. En ese contexto, destaca la importancia de las redes de acompañamiento y señala que, aunque los equipos de salud puedan orientar a las familias, no siempre logran que esas indicaciones se sostengan en la práctica.
Las cifras, leídas de manera aislada y sin contexto, muchas veces refuerzan los prejuicios que aún existen en la comunidad respecto de la salud mental. Sin embargo, las estadísticas locales buscan desarmar esas miradas estigmatizantes.
“Hay prevalencia de depresión, hay prevalencia de angustia, de ansiedad. Hay intentos de auto eliminación. Sin embargo, no está en el tope de registros ningún departamento del Valle de Uco”, indicó Calderón, quien además señaló que el Observatorio permite identificar cuáles son las problemáticas que requieren mayor atención y que, a partir de esos registros, se ha avanzado en el abordaje de la salud mental en los tres departamentos.
El Observatorio de Salud Mental, coordinado por Alexandra Martín, marcó un cambio de paradigma fundamental al pasar de un registro administrativo a transformar la información en un insumo.
"Los datos no son leídos únicamente como problemáticas, sino que por primera vez se realiza un abordaje integral de la salud, para pensar la planificación sanitaria”, se detuvo Martín. Para lograr esto, se capacitaron equipos y se comenzaron a analizar datos cruzando no solo patologías sino también modalidad de atención y capacidad de respuesta del sistema.
Martín subraya que la salud es mucho más que el sistema sanitario de atención e involucra a toda la sociedad (Estado, mercado, comunidad y familia), con distinto peso y responsabilidades cada uno.
"En estos momentos, a nivel comunitario estamos atravesando un periodo de mucho individualismo, y con pocos espacios comunes que no estén mediados por el consumo", advirtió. Por eso considera importante fortalecer espacios accesibles y no mercantilizados que promuevan otras formas de encuentro, vinculadas al arte o al deporte.
La profesional también destaca la importancia de los llamados activos en salud. "Son esos factores, tanto actividades como espacios, que favorecen los aspectos saludables de una población", explicó.
Al estar referenciados por la misma comunidad, pueden ir desde una cancha de fútbol hasta talleres artísticos impulsados por el Estado. "Es importante favorecer tanto desde el Estado como desde la comunidad este tipo de activos, para que a nivel social existan otras posibilidades de hacer algo con el malestar. También es importante destacar que estos espacios no suplen la clínica individual, sino que la complementan", concluyó.
Trabajar en redes integradas de salud mental responde a una perspectiva más inclusiva, según explicó Noelia Calderón. “Entender que no son los mismos tiempos ni la misma época que hace diez años atrás donde podíamos trabajar en el consultorio y nada más. Sino que las problemáticas también son otras, la tecnología es otra, entonces ha crecido la demanda, pero también se ha modificado esa demanda”, detalló.
Para la coordinadora, es imposible considerar a la salud mental aislada. “La persona es un ser social y necesita o atraviesa todas estas instancias: un usuario de un servicio de salud mental va a la escuela, va al Poder Judicial, si necesita va al ETI con quien también articulamos, va al municipio, pasa por múltiples escenarios comunitarios e institucionales y nosotros necesitamos contactarnos con ellos”, ejemplificó.
En esta etapa, la estrategia busca consolidar vínculos sólidos con el Poder Judicial y la Dirección General de Escuelas (DGE) luego, expandir la red hacia organizaciones sociales, clubes y otros actores comunitarios. Para materializar este trabajo, la Dirección de Salud Mental inició encuentros regionales, mientras que con el ámbito judicial se unificaron criterios bajo una perspectiva regional.
Estos espacios, en palabras de Calderón, buscan “poner sobre la mesa lo que tenemos y cómo sumar esfuerzos para el bienestar de la comunidad”.
Uno de los acuerdos de esta instancia es la unificación de criterios ante situaciones críticas en el ámbito escolar, donde se logró diferenciar la urgencia de salud de aquella que requiere un abordaje ambulatorio. En este sentido, la profesional propone desterrar el concepto de "derivación" en favor de un "circuito de articulación". El objetivo es consolidar un abordaje interdisciplinario y en red, evitando que las intervenciones se perciban como simples pases de responsabilidad entre instituciones.
Las municipalidades de Tupungato, Tunuyán y San Carlos consolidan sus políticas de prevención, promoción y acompañamiento en salud mental, con un fuerte foco en el ámbito escolar y el trabajo territorial.
Desde el Programa de Salud Mental de San Carlos, Chiara Ramírez explicó que se trabaja en la prevención mediante talleres, charlas y stands informativos en escuelas, instituciones y eventos. El área brinda acompañamiento a personas que atraviesan tratamientos psicológicos o psiquiátricos y a sus redes de contención, articulando con hospitales y otros efectores de salud. Se trata de un proceso voluntario y personalizado. Además, asisten con traslados y/o alimentos a familias en situación de vulnerabilidad económica.
Actualmente, las principales alertas provienen de las escuelas secundarias, el Juzgado de Familia y áreas municipales. "No registramos tanto consumo problemático en los acompañamientos, pero sí numerosos casos de intentos de suicidio, autolesiones e ideación suicida, especialmente en adolescentes", señalaron desde el programa.
Por su parte, Tunuyán puso en marcha el Área Multidisciplinaria de Salud Mental para potenciar las acciones de contención ante la creciente demanda comunitaria. El municipio desarrolla talleres preventivos en escuelas y barrios bajo un modelo de abordaje comunitario -no asistencial ni psicoterapéutico- desarrollado en tres ejes: escuelas, familias y comunidad.
Noelia Calderón remarcó la importancia de que el abordaje de la salud mental y los consumos problemáticos involucre a toda la comunidad y no únicamente a instituciones específicas. En ese sentido, sostuvo que ninguna persona atraviesa estas situaciones de manera aislada y que, detrás de cada caso, existen redes familiares y comunitarias que muchas veces también llegan desgastadas por el propio consumo.
En ese sentido, advirtió que cuando esas redes no logran sostenerse, los tratamientos y abordajes tienden a debilitarse. Por eso consideró fundamental promover la participación y el involucramiento colectivo. La profesional señaló además que esta mirada comunitaria resulta especialmente necesaria en pueblos donde quienes asisten a talleres o dispositivos de salud mental todavía suelen ser señalados socialmente.
La Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010, obliga a transformar los manicomios, neuropsiquiátricos y toda institución de internación monovalente en un sistema de atención comunitaria que respete los derechos y la dignidad humana.
Hoy, en medio de un fuerte ajuste presupuestario, el Gobierno nacional impulsa una reforma que cambia el sentido de esa ley: amplía las posibilidades de internación involuntaria, fortalece el enfoque psiquiátrico y vuelve a darle centralidad a las instituciones especializadas. Distintas provincias ya rechazaron el proyecto y cuestionaron haber quedado afuera de la discusión. Antes de reformar la ley, quizás sería mejor preguntarse qué pasa cuando ni siquiera se garantiza su cumplimiento.
En ese contexto, el director de Salud Mental de la Provincia, Manuel Vilapriño fijó la postura. Reconoció que la norma significó un avance fundamental en derechos al impulsar el trabajo interdisciplinario y los dispositivos intermedios. Sin embargo, consideró que, tras quince años, ciertos puntos merecen revisión, como son el rol del psiquiatra en las urgencias -sugiriendo una evaluación compartida con psicología clínica- y la actualización del concepto de “riesgo cierto e inminente”, para que la norma refleje la complejidad de las crisis actuales sin habilitar internaciones indiscriminadas.
Frente a quienes proponen cerrar los hospitales especializados, Vilapriño apuesta por fortalecerlos y profundizar su articulación con los hospitales generales. Asegura que la red provincial integra servicios de emergencia y seguridad para priorizar la reintegración social del paciente.
Bajo esta perspectiva, la internación deja de concebirse como encierro para entenderse como una herramienta terapéutica más dentro de tratamientos complejos: una opción para quienes no evolucionan en abordajes ambulatorios y necesitan una respuesta que contemple sus vínculos, familias y entornos sociales.
"La internación también es un derecho cuando está bien indicada", concluyó Vilapriño.