El Gobierno nacional remitió este viernes al Congreso dos proyectos de ley que buscan reformar integralmente la Ley de Salud Mental y combatir el fraude en las Pensiones No Contributivas por Invalidez.
Con la firma del presidente Javier Milei, el Ejecutivo busca actualizar el marco normativo sanitario y frenar el fraude en las prestaciones sociales.
El Gobierno envió al Congreso las reformas la Ley de Salud Mental y Pensiones por Invalidez
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Mariano Sánchez / NA El Gobierno nacional remitió este viernes al Congreso dos proyectos de ley que buscan reformar integralmente la Ley de Salud Mental y combatir el fraude en las Pensiones No Contributivas por Invalidez.
Las iniciativas, que ingresaron con la firma de Javier Milei y los ministros de las áreas social y judicial, fueron analizadas previamente en una reunión de la mesa política en la Casa Rosada convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El proyecto de Salud Mental propone dejar atrás expresiones como "padecimiento mental" para adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades, incorporando conceptos más precisos como "trastornos mentales o del comportamiento".
Uno de los puntos centrales es reforzar el rol de los profesionales médicos, otorgando mayor relevancia a los especialistas en psiquiatría en el abordaje de estas problemáticas y el tratamiento de adicciones.
Además, el texto redefine los criterios para las internaciones involuntarias. Se reemplaza el concepto de "riesgo cierto e inminente" por el de "situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros", buscando evitar la inacción profesional ante situaciones de duda.
Aunque la internación se mantiene como un recurso terapéutico excepcional, la reforma permite que se realice en hospitales generales, instituciones psiquiátricas y centros especializados, tanto públicos como privados.
En cuanto a las pensiones por invalidez, el Ejecutivo justificó la reforma señalando un crecimiento exponencial de los beneficios, que pasaron de 76.000 en 2003 a aproximadamente 1.200.000 en 2023.
Según fuentes oficiales, auditorías previas detectaron una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir requisitos legales, incluyendo domicilios inexistentes.
La nueva normativa propone un proceso de reempadronamiento obligatorio para los titulares. Además, la implementación de auditorías periódicas y cruces de datos entre organismos y fijar el haber en el 70% de la jubilación mínima, estableciendo incompatibilidades con el empleo formal.
A diferencia de otros proyectos, el oficialismo decidió que ambas propuestas ingresen por la Cámara de Senadores, donde consideran que cuentan con una mayoría más sólida para iniciar el debate. La intención es asegurar un primer aval legislativo que facilite las negociaciones posteriores en Diputados.
Esta movida parlamentaria, definida por la "mesa chica" del Gobierno, busca reactivar la agenda legislativa tras semanas de baja actividad. En este contexto, el oficialismo también planea acelerar el tratamiento de otras normas prioritarias, como la Ley Hojarasca y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
