Senadores y diputados de Unión por la Patria brindaron hoy una conferencia de prensa en el Congreso para rechazar la prisión domiciliaria que cumple desde hace un año Cristina Fernández de Kirchner por la condena por la causa Vialidad.
A un año de la detención, senadores y diputados del justicialismo elevaron una carta a la Corte y reafirmaron la inocencia de la expresidenta.
Legisladores reclamaron la liberación de Cristina Kirchner y denunciaron una detención "arbitraria"
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X | @BlancaOsunaOK Senadores y diputados de Unión por la Patria brindaron hoy una conferencia de prensa en el Congreso para rechazar la prisión domiciliaria que cumple desde hace un año Cristina Fernández de Kirchner por la condena por la causa Vialidad.
“Ni los genocidas ni los narcotraficantes tienen condiciones de detención domiciliaria como las que se le aplican a Cristina Fernández de Kirchner”, se quejó Germán Martínez, presidente del bloque en la Cámara baja.
Los legisladores consideraron que existe arbitrariedad y “proscripción” hacia la ex mandataria y, tras la rueda de prensa, enviaron una carta a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura para reclamar que se ponga fin a esa situación al cumplirse un año de su prisión domiciliaria.
Según señaló la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de bloque sostuvo que no “hay democracia cuando el Poder Judicial se mete, se inmiscuye en la competencia política a través de sus sentencias” ni “cuando el Poder Judicial se convierte en un instrumento de disciplinamiento político”.
En su presentación argumentó queque “no hay plena democracia cuando se impide el derecho de la ciudadanía a elegir libremente sus representantes. No hay plena democracia cuando se impide participar de la vida institucional y política a una dirigente de la talla de Cristina Fernández de Kirchner. No hay plena democracia cuando la injusta y arbitraria detención de Cristina se ve agravada además por condiciones absolutamente excepcionales y restrictivas”.
En la misma línea, envió un mensaje a sus pares de todos los frentes políticos: “Lo decimos con mucho respeto, pero también con mucha convicción: las fuerzas políticas democráticas en la Argentina no pueden permanecer calladas ni mirando para otro lado frente a todas las arbitrariedades cometidas contra Cristina”.
Y les advirtió que “el silencio y en muchos casos la convalidación de este accionar no va a impedir que estos rasgos antidemocráticos terminen más temprano que tarde recayendo sobre la totalidad del sistema institucional político de la Argentina”.
En ese contexto, también le habló al presidente Milei y al exmandatario nacional Mauricio Macri. “Un presidente y un expresidente metiéndose y dejando en claro la discrecionalidad y la arbitrariedad no solamente de este fallo sino de toda la persecución contra Cristina”.
Por último, Martínez aseguró: “Estamos convencidos que no van a poder tapar la profunda recesión que atraviesa todo el territorio nacional. No van a poder tapar el desempleo que crece y el miedo a perder el trabajo que carcome a los argentinos. No van a poder tapar la caída de los salarios de los trabajadores. No van a poder tapar la falta de medicamentos y condiciones de miseria en la cual tienen a nuestros jubilados”.
Por otro lado, respecto de las condiciones de detención de Cristina Kirchner, los legisladores solicitaron se les brinde información respecto a las condiciones que pesan sobre los detenidos con prisión domiciliaria en el área de la Justicia Federal con competencia penal en el país. En este sentido, realizaron una comparación con la situación de detención de CFK.
Como respuesta, obtuvieron los siguientes datos: del total de 2.513 detenidos en condición de prisión domiciliaria, apenas el 23,96% de los casos con información disponible utiliza tobillera electrónica, lo cual el porcentaje desciende al 19,54% si se analiza el total informado.
El 10 de junio de 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Ese día, rechazó los recursos de la defensa y confirmó la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La Justicia sostuvo que existió una maniobra para beneficiar de manera irregular al empresario Lázaro Báez mediante la asignación de una gran cantidad de contratos de obra pública y un sistema de controles insuficientes, pagos preferenciales e irregularidades administrativas que habrían perjudicado al Estado.