En la Cámara de Diputados persisten dos proyectos de ley para agravar las sanciones contra funcionarios públicos que manejen alcoholizados.
Control de alcoholemia en Mendoza. Archivo
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Cinco funcionarios públicos fueron detenidos por alcoholemia positiva en Mendoza entre 2025 y lo que va de 2026. El último caso ocurrió el domingo 5 de julio, cuando el excoordinador del ETI de San Rafael, Diego Silvestre, fue detenido con 2,27 gramos de alcohol en sangre en el Sur provincial, apenas tres días después de haber sido designado también como representante de los abogados en el Consejo de Minería.
En este contexto de "alcoholemias políticas" que se repiten periódicamente, el diputado provincial Edgardo Civit Evans (Jubilados Auténticos) insiste con el tratamiento de un proyecto de ley que presentó el 21 de febrero para endurecer las sanciones contra funcionarios públicos que conduzcan alcoholizados.
A ese expediente se sumó un mes después otro proyecto más amplio impulsado por la diputada Stella Huczak (PRO), tal como informó Los Andes. Ambas iniciativas ingresaron durante el período de sesiones extraordinarias, pero con la actividad legislativa ordinaria en marcha desde mayo pasado, quedaron relegadas del debate por el oficialismo.
Aún no han tenido avances en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), que preside la diputada Beatriz Martínez (UCR).
Por el lado del Ejecutivo, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, señaló al conocerse la propuesta de Huczak que “en materia de contravención ya hay un agravante específico por el hecho de ser funcionario, porque no se pueden otorgar determinados beneficios. En la Ley Vial no están esas diferencias subjetivas”.
En esa línea, remarcó la severidad de las sanciones vigentes: “Acuérdense que hoy el máximo está en cerca de 5 millones, es decir es un máximo importante la sanción vial que modificamos nosotros”.
Además sostuvo en marzo que la positividad bajó este año a un 3% de los controlados, porcentaje que se mantuvo hasta junio pasado. El Gobierno informó en su informe por el Día de la Seguridad Vial que hasta ese mes se realizaron 49.707 controles de alcohol. La cifra representó un aumento del 33% respecto del mismo período de 2025.
La iniciativa propone incorporar el artículo 67 ter a la Ley Contravencional 9.099 para establecer que las sanciones por conducir con alcohol en sangre se dupliquen, tanto en su mínimo como en su máximo, cuando el infractor sea un funcionario público en ejercicio de sus funciones.
En los fundamentos, Civit Evans sostiene que la propuesta responde a los reiterados episodios protagonizados por funcionarios públicos que fueron detectados manejando alcoholizados y afirma que esos casos "generan un grave perjuicio a la institucionalidad y afectan la confianza de la ciudadanía en sus representantes".
Asimismo, argumenta que "la función pública conlleva una responsabilidad agravada por la relevancia del servicio que presta a la sociedad", por lo que considera necesario establecer sanciones más severas para quienes incumplan la normativa vial.
A su entender, "el endurecimiento de las sanciones (...) no solo es una medida correctiva, sino también preventiva, buscando disuadir conductas que puedan afectar el buen funcionamiento de la administración estatal".
Finalmente, sostiene que incorporar como agravante la condición de funcionario público "servirá como una herramienta efectiva para fortalecer la disciplina dentro del ámbito gubernamental y evitar la impunidad", al tiempo que remarca que "la ciudadanía exige y merece un servicio público eficiente, honesto y responsable".
La iniciativa presentada por Stella Huczak plantea una reforma más amplia de la Ley de Seguridad Vial y del Código Contravencional, con el objetivo de actualizar el régimen sancionatorio por alcoholemia positiva e incorporar un agravante específico para funcionarios públicos.
El proyecto mantiene el esquema vigente, por el cual las alcoholemias inferiores a 1 gramo por litro de sangre continúan bajo el régimen administrativo, mientras que los casos que igualen o superen ese límite pasan al Código Contravencional, con sanciones más severas.
En el caso de los funcionarios públicos, incorpora un agravante específico. Según los fundamentos, "no se trata de un criterio punitivista", sino de reconocer que quienes ejercen cargos públicos tienen "un mayor deber de responsabilidad institucional", ya que representan al Estado y deben adecuar su conducta a esa función.
La propuesta eleva las multas y los plazos de inhabilitación para conducir cuando el infractor sea funcionario público y dispone que la infracción y la sentencia sean comunicadas a su autoridad superior para reforzar la transparencia y permitir eventuales evaluaciones administrativas.
Además, prohíbe reemplazar las sanciones por trabajo comunitario, habilita la imposición de cursos de capacitación y conducción responsable, establece la retención del vehículo hasta el cumplimiento de la pena, dispone que la inhabilitación se aplique incluso si se paga voluntariamente la multa y presume la infracción cuando el conductor se niegue u obstaculice el test de alcoholemia.
En el último año y medio, cinco funcionarios públicos fueron detectados conduciendo bajo los efectos del alcohol en Mendoza, una seguidilla de episodios que reactivó el debate sobre la necesidad de establecer sanciones más severas para quienes ejercen cargos públicos.
El caso más reciente fue el de Diego Silvestre, excoordinador del ETI de San Rafael, quien fue detenido el 5 de julio de 2026 con 2,27 gramos de alcohol en sangre, apenas tres días después de haber sido designado como representante de los abogados en el Consejo de Minería.
En febrero de 2026 (específicamente la madrugada del 17 de febrero) también presentó la renuncia el consejero del Río Atuel en el Departamento General de Irrigación, Gustavo Villegas, luego de ser detenido manejando alcoholizado en General Alvear con 1,44 g/l.
En 2025 habían protagonizado alcoholemias positivas los concejales Miqueas Burgoa (UCR), de Guaymallén, detenido el 10 de mayo de 2025 con 1,25 g/l, y Martín Antolín (Partido Libertario), de San Rafael, detenido el 24 de noviembre de 2025 con 1,15 g/l.
A diferencia de Villegas y Silvestre, ambos continuaron en sus bancas pese a haber sido detenidos por conducir con alcoholemia positiva. (Burgoa cumplió su mandato en abril pasado).
Y a principios del año pasado, el 19 de enero de 2025, el entonces presidente del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), Jorge Teves, fue detectado conduciendo alcoholizado con 0,89 g/l de alcohol en sangre y posteriormente presentó su renuncia al cargo.
