Los casos de alcoholemias positivas en funcionarios públicos, sean de orden provincial o municipal, se transformaron en una noticia recurrente en Mendoza en los últimos meses.
Un proyecto de ley impulsado por el Pro en la Legislatura propone endurecer las sanciones contra los conductores que sean funcionarios públicos.
Proponen cambios en la ley de seguridad vial en Mendoza contra funcionarios públicos que den alcoholemia positiva.
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Archivo Los Andes Los casos de alcoholemias positivas en funcionarios públicos, sean de orden provincial o municipal, se transformaron en una noticia recurrente en Mendoza en los últimos meses.
El último caso fue en febrero pasado, cuando el consejero del Río Atuel en el Departamento General de Irrigación, Gustavo Villegas, presentó la renuncia a su cargo tras ser detenido alcoholizado en General Alvear.
Pero anteriormente pasaron por situaciones similares los concejales de San Rafael, Martín Antolín (Partido Libertario), y de Guaymallén, Miqueas Burgoa (UCR), que a diferencia de Villegas se mantuvieron en sus bancas a pesar de ser detenidos alcoholizados al volante.
Y si vamos un año atrás, hasta el propio titular del Ente de Movilidad Provincial, Jorge Teves, fue descubierto manejando borracho y presentó su renuncia.
La seguidilla de casos encendió las alarmas del bloque PRO en la Legislatura y la diputada Stella Huczak presentó un proyecto de ley para endurecer las multas específicamente en casos de funcionarios públicos que registren alcoholemias positivas. El orden de aplicación es para aquellos que tengan cargos nacionales, provinciales o municipales, por igual.
“Estuvimos debatiendo bastante con el equipo. Lo veníamos trabajando desde el tercer caso y se trata de situaciones que rozan lo ético. Si sos funcionario no podés manejar con niveles de alcohol no permitidos”, planteó la legisladora en contacto con Los Andes.
Al tratarse de una norma presentada en el período de sesiones extraordinarias, recién podría llegar al recinto el mes que viene, aunque puede avanzar previamente en comisiones.
El proyecto propone modificar la Ley de Seguridad Vial y el Código Contravencional de Mendoza para actualizar el régimen sancionatorio por conducción con alcohol en sangre, ordenar las escalas de penas e incorporar un agravante específico para funcionarios públicos.
En términos generales, la iniciativa apunta a precisar y ordenar el sistema vigente, manteniendo el principio de proporcionalidad.
Esto implica sostener una lógica escalonada: las infracciones menos graves continúan bajo el régimen administrativo de la Ley Vial, mientras que los casos más severos —cuando la alcoholemia alcanza o supera 1 gramo por litro de sangre— quedan bajo la órbita del Código Contravencional, con sanciones más duras.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la incorporación de un agravante específico para funcionarios públicos. Según se fundamenta, “no se trata de un criterio punitivista”, sino del reconocimiento de un mayor deber de responsabilidad institucional: quienes ejercen funciones públicas representan al Estado y deben ajustar su conducta a ese rol.
En la misma línea, se establece la obligación de comunicar la infracción y la sentencia a la autoridad superior del funcionario, con el objetivo de reforzar la transparencia y habilitar eventuales evaluaciones administrativas.
En cuanto a los cambios concretos, en la Ley de Seguridad Vial se mantiene la escala general de sanciones —multas de 3.000 a 6.000 Unidades Fijas e inhabilitación de 30 a 180 días—, pero se incorpora un agravante cuando el infractor sea funcionario público.
En esos casos, la multa se eleva de 4.000 a 8.000 Unidades Fijas y la inhabilitación pasa a un rango de 60 a 200 días. Además, se establece que, si la alcoholemia es igual o superior a 1 gramo por litro de sangre, el caso debe encuadrarse en el Código Contravencional.
Allí también se introducen modificaciones. Para los casos más graves, se fija una sanción de 4.000 a 11.000 Unidades Fijas o arresto de 40 a 120 días —incorporando un mínimo de arresto para dar mayor certeza jurídica—, junto con inhabilitación de 90 a 545 días.
En el caso de funcionarios públicos, el agravante eleva las penas a multas de entre 8.000 y 12.000 Unidades Fijas o arresto de 60 a 120 días, con inhabilitación de 210 a 730 días.
El proyecto además suma restricciones y precisiones: no se permite convertir las sanciones en trabajo comunitario, se habilita la imposición de cursos de capacitación y conducción responsable, se dispone la retención del vehículo hasta el cumplimiento de la pena y se establece que la inhabilitación debe aplicarse incluso con pago voluntario de la multa.
También se incorpora la presunción de infracción en caso de negativa u obstrucción al test de alcoholemia.
Al ser consultada sobre este proyecto en particular, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, explicó que el sistema actual ya distingue entre regímenes. “En materia de contravención ya hay un agravante específico por el hecho de ser funcionario, porque no se pueden otorgar determinados beneficios. En la Ley Vial no están esas diferencias subjetivas”, señaló.
Rus también aportó datos recientes sobre la situación en Mendoza. Indicó que durante el último fin de semana se registraron cerca de 1.500 infractores, con múltiples actas por alcoholemia.
En esa línea, remarcó la severidad de las sanciones vigentes: “Acuérdense que hoy el máximo está en cerca de 5 millones, es decir es un máximo importante la sanción vial que modificamos nosotros”. Y agregó que el problema principal se concentra en los casos más graves: “La gran mayoría que incumple lo hace muy por encima de los límites permitidos. El 50% supera el gramo y ya es contravencional. Ese es el núcleo al que hay que atacar”.
La ministra aseguró que las reformas recientes ya muestran resultados. “Hemos tenido una baja sustantiva de la positividad, que hoy ronda un 3% entre alcoholemias viales y contravencionales. En algún momento esos valores llegaron al 11 o 12%”, afirmó, y atribuyó esa mejora a un conjunto de políticas públicas. No obstante, advirtió que “hay que seguir concientizando y valorar que la seguridad vial se construye con corresponsabilidad social”.
Además, vinculó la política vial con cambios en el sistema judicial. Señaló que se brinda asistencia a víctimas de delitos viales y que se han logrado imputaciones relevantes, incluso en casos con víctimas fatales. En ese marco, destacó el impacto del juicio por jurados: “Tenemos imputados que firman una condena perpetua en un juicio abreviado con tal de no someterse a un juicio por jurado”.