El Gobierno nacional busca modificar la ley de Salud Mental vigente (N°26.657), una norma que durante su vigencia, desde 2013, ha planteado diversos cuestionamientos, en tanto muchos aseguran que no logra dar la respuesta necesaria.
¿Cuándo pueden internarse los pacientes? Apuntan a la responsabilidad de la familia, manejo de adicciones y reafirman el rol de las instituciones especializadas.
Ley de Salud mental: el Ministerio de Salud de la Nación presentó un proyecto para modificarla
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El Gobierno nacional busca modificar la ley de Salud Mental vigente (N°26.657), una norma que durante su vigencia, desde 2013, ha planteado diversos cuestionamientos, en tanto muchos aseguran que no logra dar la respuesta necesaria.
Ahora, el Ministerio de Salud de la Nación presentó un nuevo proyecto con el que asegura que busca mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante situaciones que no encuentran suficiente amparo bajo la normativa actual.
La directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud de la Nación, Liliana González, presentó la propuesta e hizo hincapié en que “la ley, así como está formulada, no funciona adecuadamente, sobre todo para el abordaje de los trastornos severos. Se necesita un cambio para poder acceder al tratamiento adecuado y oportuno y evitar homicidios, suicidios y agresiones severas por no tener el acceso debido a los tratamientos”.
La propuesta fue presentada en el Congreso Argentino de Psiquiatría y Salud Mental, que se realizó en Mar del Plata del 22 al 25 de abril. Habla de “afección o trastorno de salud mental” y no de padecimiento. Además, ratifica las adicciones como parte integrante de las políticas de salud mental, debiendo abordarse según la singularidad de cada persona.
Desde el Ministerio destacan que, para su elaboración, se tuvieron en cuenta las dificultades identificadas en la aplicación de la ley en las distintas jurisdicciones. “Hemos escuchado a familiares, madres desesperadas que no lograban un tratamiento para sus hijos, organizaciones de la sociedad civil, profesionales, jefes de servicio y también a las 24 jurisdicciones”, expresó González.
Por eso -señalan- se trabajó para facilitar intervenciones más oportunas en contextos de riesgo, fortalecer la articulación entre dispositivos de atención y acompañar la práctica de los equipos de salud.
Las modificaciones más importantes que propone el proyecto tienen que ver con las prácticas clínicas. En particular, sobre las internaciones, cuándo hacerlas y bajo qué procedimientos, un tema que ha resultado conflictivo.
“La internación es considerada como un recurso terapéutico excepcional y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social”, explicita el texto.
González destacó el reemplazo del concepto de “riesgo cierto e inminente”, que es el que se contemplaba para decidir una internación, aun sin la aprobación del paciente, por un concepto situacional. “Que tenga en cuenta lo que ha ocurrido para que se desencadene la situación actual y lo que ocurriría si no se hiciera un tratamiento adecuado. No vamos a contemplar la foto del momento como se hacía en el riesgo cierto e inminente”, destacó la funcionaria.
El proyecto plantea que, para la internación, incluso involuntaria, ya no se evalúa solo el momento de la entrevista, sino que se adopta un criterio situacional. Se debe considerar la ocurrencia previa de hechos dañinos y la evolución previsible si no se realiza el tratamiento.
En casos donde no haya un equipo interdisciplinario completo al momento de la crisis, un solo médico puede disponer la internación, la cual debe ser revalidada por el equipo en un máximo de 24 horas.
Además, “La persona internada bajo su consentimiento puede en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación. Sin perjuicio de ello, el equipo de salud debe evaluar previamente al alta si el paciente presenta su capacidad judicativa alterada”, plantea.
Si una internación voluntaria supera los 60 días, el juez debe intervenir para evaluar si debe pasar a ser considerada involuntaria.
El director de Salud Mental de la provincia de Mendoza, Manuel Vilapriño, dijo que en todo esto se ha jugado mucho una cuestión binaria: quienes decían que la ley era perfecta y los que pensaban que era un desastre y que había que derogarla. “Ni una cosa ni la otra”, marcó posición.
"Somos conscientes de que había que hacer un cambio en la ley, no la derogación”, sostuvo. Según su visión, tras 14 años de vigencia, la práctica profesional ha dejado al descubierto puntos críticos que dificultan la atención.
Uno de los puntos que Vilapriño destaca como fundamentales para la reforma es la modificación de los criterios de internación involuntaria. El director señaló que la redacción actual sobre el riesgo "cierto e inminente" limita la capacidad de respuesta médica ante situaciones de crisis.
"Eso, en lo nuestro, es muy complejo, porque es rarísimo el riesgo cierto e inminente para la integridad propia o de otro al momento de la evaluación. Que la persona te diga 'me voy a suicidar o voy a asesinar a alguien' no es la realidad frecuente", detalló.
Para el especialista, el problema radica en que la mayoría de los casos presentan un riesgo "potencial" que la ley vigente no termina de cubrir: "Desde la práctica clínica, a la ley le ha faltado mirada clínica. Cuando estás con pacientes complejos, vos no evaluás el riesgo únicamente de lo que la persona diga en el momento, sino a partir de una serie de elementos que constituyen entender que el riesgo puede ser alto en las próximas horas. Lo de 'cierto e inminente' limita mucho porque, si lo internás creyendo que es un riesgo potencial, tranquilamente se te puede hacer una denuncia; de hecho, ha pasado".
Otro de los cambios que la nueva ley propone es que la red asistencial esté conformada por hospitales generales, hospitales especializados en Salud Mental e instituciones especializadas. Salud refiere que de esta manera se busca dar respuesta a la falta de camas que, actualmente, representa un problema para garantizar la atención.
Efectivamente, en esto hay un cambio de postura y se aceptan los hospitales especializados, tras haberse instalado un paradigma de eliminación de efectores monovalentes.
En este marco, se modifica la restricción de los centros monovalentes. Ahora se establece que las internaciones pueden realizarse tanto en hospitales generales como en hospitales e instituciones especializadas en psiquiatría (públicos o privados).
Además, plantea que las instituciones de internación deben incorporar al menos dos dispositivos ambulatorios de inclusión comunitaria (centros de día, talleres, etc.).
Vilapriño valoró que el nuevo proyecto incluya la internación en red entre hospitales especializados y generales. “Nosotros, en Mendoza, hemos armado una red de internación que incluye la diferente complejidad, hay casos de pacientes que, por la gravedad y las características del cuadro, conviene que sean especializados y otros que conviene que sean generales", afirmó.
Respecto al destino de los centros monovalentes, fue contundente: “En esta gestión no estamos de acuerdo con el cierre de los especializados. Lo que tenés que hacer es invertir en ellos, refuncionalizarlos mejor y darles recursos, básicamente".
El proyecto también plantea la obligación de cuidado familiar: se establece que la asistencia económica no exime a los familiares (cónyuges, parientes) del deber de cuidado y acompañamiento. La familia tiene la obligación de presentarse al momento del alta para formalizar la salida.
El proyecto contempla medidas protectoras post-alta: al finalizar una internación involuntaria, el equipo puede pedir al juez medidas para favorecer el tratamiento ambulatorio por hasta 6 meses. Esto implica la implementación de un control judicial de los pacientes dados de alta durante ese plazo para mejorar la adherencia del tratamiento.
Además, refiere al consentimiento informado en tanto se detallan los requisitos de información que debe recibir el paciente. Si el paciente no puede expresarse, el consentimiento puede ser otorgado por familiares o allegados ante riesgo grave.
González también destacó la incorporación de la evaluación de los pacientes internados de manera voluntaria por un grupo interdisciplinario antes de darles el alta.
Para cualquier internación (voluntaria o involuntaria), es requisito indispensable que uno de los profesionales que la determine sea médico psiquiatra.
“Debe promoverse que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales -uno de los cuales deberá ser médico psiquiatra-, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente, tales como médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, terapistas ocupacionales y de otras disciplinas afines”, detalla la propuesta.
Además, estipula cómo manejar la medicación: “La prescripción de medicación solo debe responder a las necesidades fundamentales de la persona que padezca algún tipo de afección o trastorno mental y debe ser administrada exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo, por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales”.