El laudo presidencial por Portezuelo del Viento terminó en la Corte Suprema de Justicia. El gobernador Rodolfo Suárez presentó un amparo por mora ante la decisión del presidente Alberto Fernández de no expresarse ante las diferentes posturas de Mendoza y La Pampa por el estudio de impacto ambiental.
“Elevamos este recurso con el fin de agotar todas las instancias legales”, expresó el mandatario en su cuenta de Twitter. El máximo tribunal no tiene plazos para resolver y en el Gobierno esperan, que haya una pronta respuesta por parte del Jefe de Estado.
Suárez había avisado que no abandonaría la pelea por la mega represa hidroeléctrica que iba a construirse en Malargüe, aunque le dio prioridad a otras obras como el dique El Baqueano. Mientras esto avanza, el Gobierno acudió a la Corte Suprema de Justicia que es quien debe entender en estos temas.
“Es una omisión de pronunciamiento del Ejecutivo y se transforma en un acto de ilegalidad, porque tiene la obligación legal de hacerlo y tiene hasta plazos para hacerlo”, expresó Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia a Los Andes.
El amparo por mora presentado es por no haber tenido respuesta alguna en el laudo presidencial solicitado aquel 26 de junio del 2020 y que consta en el acta 73 del Consejo de Gobierno del Coirco. Fue recordada la votación 4 a 1 en favor de La Pampa que solicitaba la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental Regional en toda la cuenca del Río Colorado en base a la Ley de Obras Hidráulicas Ley 23.879. Y que para realizarlo, tomara como antecedente el ya hecho por dos universidades nacionales como son la de La Plata y la del Litoral, además de los estudios anteriores llevados a cabo por la UNCuyo, la UTN Mendoza y el de la UN de La Pampa.
También Mendoza se había opuesto al desarchivo del expediente realizado por Eduardo De Pedro, ministro del Interior y presidente del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, dándole a La Pampa la posibilidad de reclamar por la obra.
Las acciones administrativas
De ahí en más, fueron todas acciones administrativas las realizadas por Mendoza pidiendo por una definición del presidente Alberto Fernández, de acuerdo al reglamento del Coirco.
El mecanismo se activó el 15 de marzo, y desde allí no hubo respuesta, pese a que la normativa del Coirco es clara en los tiempos. Desde el 8 de abril, de acuerdo al amparo presentado, “comenzaron a correr los diversos plazos que contempla el artículo 29 del Estatuto para la emisión del laudo arbitral”.
La norma prevé treinta días para recabar “informaciones y antecedentes” que, de acuerdo al texto vencieron el 24 de julio. Luego debían correr los primeros 30 días hábiles para Fernández, pudiendo pedir 30 días más de prórroga mediante resolución fundada, vencidos el 22 de agosto. “Ni siquiera se tomó el trabajo de pedir la prórroga”, indicó Ibáñez.
Por ese motivo, el Gobierno presentó un pronto despacho el día 29 de agosto de este año y pasados esos 30 días hábiles, se encuentra sin decisión por parte del Jefe de Estado al 12 de octubre. Así, todo llega al máximo tribunal.
En las explicaciones de por qué acudir a la Justicia, para Ibáñez es necesario agotar las vías y que en algún momento esto se resuelva. Recordó las posiciones escuchadas a fines del 2021 por parte de “Liliana Paponet, Anabel Fernández Sagasti, parte del empresariado de Mendoza, la Fiscalía de Estado, el Grupo Olascoaga, el ex gobernador Arturo Lafalla” cuando decían que “el Gobernador tenía que adjudicar la obra así como estaba”.
Con el escenario de adjudicación si laudo, “si Fernández laudaba diciendo que hay que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental, ya se deberían haber desembolsado casi 400 millones de dólares, parar la obra, judicializar e inmovilizar los fondos”.
Este pensamiento era compartido por el Gobierno provincial hasta que leyeron algunos medios patagónicos que reprodujeron unas declaraciones de la ex secretaria de Provincias y ex titular del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis.
La funcionaria, ahora en el Banco Nación, había dicho según expresaron diarios importantes del sur nacional que “se va a realizar otro estudio de impacto ambiental y se avanzará en las negociaciones, pero no será un tema resolución inmediata”. Batakis desmintió categóricamente estos dichos, pero ante la duda, el Gobierno avanzó en el laudo presidencial.
Los tiempos insondables de la Corte
Con el amparo presentado por Suárez, es el máximo tribunal de justicia de la Nación quien debe intervenir, pero no tiene plazos para hacerlo según precisó Víctor Ibáñez.
“Se hace imprescindible que la Administración dicte, de manera expedita, el acto administrativo solicitado ya que es un derecho que le compete a mi mandante establecido por ley”, dice el texto firmado por Suárez junto a Juan María Díaz Madero, abogado del Gobierno provincial en Buenos Aires.
En el texto del amparo presentado, se cita el artículo 28 de la Ley Nº 19.549 que indica los pasos a seguir. Una vez presentado el petitorio, si la justicia lo considera pertinente, le requerirá en este caso a Alberto Fernández (en un plazo fijado) que “informe sobre las causas de la demora aducida”. Una vez contestado este requerimiento o vencido el plazo sin que se lo hubiere evacuado, “(…) se resolverá lo pertinente acerca de la mora (…)”.
“Hemos agotado todas las instancias que hay que agotar y esperamos que se resuelva. Por el momento no, se ha hecho. Llevamos mucho tiempo con esto y hay que poner en valor que no se ha abandonado la pelea por Portezuelo del Viento y los fondos están bien cuidados”, resumió Ibáñez.
Es difícil saber cuándo el máximo tribunal tome alguna determinación. Mientras el Gobierno sigue adelante con El Baqueano y mirando otras obras, espera que el presidente Alberto Fernández se exprese al respecto.
Si el tiempo sigue pasando, es muy probable que ni Suárez ni Fernández sean los actores principales de este laudo presidencial. Es algo que le recaerá a sus sucesores o sucesoras.
