Se amplió menos de lo esperado el sistema de videovigilancia

En diciembre de 2021, el Ministerio de Seguridad le informaba a Los Andes que tenía pensado para el año siguiente (2022) un ambicioso proyecto para ampliar el sistema de videovigilancia a más de 3 mil cámaras entre propias, de municipios y privados. El plan se concretó a medias y ahora buscan completarlo antes de que termine la gestión.

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Por ese entonces se anunciaba que apostarían a un servicio tercerizado para sumar 700 cámaras. Lo cierto es que en marzo de 2023 finalmente se adjudicó a la empresa Danaide SA, la “contratación del servicio de plataforma VMS y hardware del sistema integral de video vigilancia de la provincia de Mendoza” por un período de 2 años, según constó el decreto 228/2022 firmado por el gobernador Rodolfo Suárez. El costo de la inversión total fue de $301 millones.

Entre esas 700, se incluyeron 80 cámaras inteligentes que pueden identificar patrones de conducta con eventos predictivos o anómalos y además, otras 126 que pueden registrar patentes automáticamente. Lo cierto es que la instalación se inició recién en agosto y finalmente en diciembre se puso en funcionamiento el servicio. También habían prometido incorporar otras 150 en ese año, pero eso se postergó y aspiran a concretarlo a lo largo de 2023.

Leandro Biskupovich, director de Informática y Comunicaciones del Ministerio de Seguridad, explicó a este diario: “Como es un servicio integral, recién empezó a correr en diciembre, que fue cuando ya estaban todas las cámaras instaladas”.

Y señaló que “no se paga un servicio por avance, sino cuando ya está todo en funcionamiento y se inicia el proyecto. Eso incluye las 700 cámaras, los centros de datos que implementamos en 13 departamentos y la migración de plataformas”.

“Básicamente el adjudicatario tiene mucha responsabilidad porque la plataforma y el hardware para almacenar datos también los pone ellos. Con gestión nuestra, había que hacer una renovación tecnológica y era la forma más viable de hacerla”, dijo sobre la contratación.

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Con la adquisición de esas 700, hoy la Provincia cuenta con 1956 propias en total. Si bien a fines de 2021 la cifra era de 1446, el funcionario comentó que varias de esas debieron ser removidas y por eso la suma no fue tan lineal. “Habían algunas que ya estaban obsoletas y era necesario hacer esa renovación tecnológica. Hoy podemos decir que tenemos 1956 en pleno funcionamiento”, indicó.

Entonces el reparto total, según los cuatro oasis, quedó de la siguiente forma: Gran Mendoza (y Lavalle), 1390; Sur provincial, 191; zona Este, 153; y Valle de Uco, 96.

Si desglosamos la distribución de las 80 nuevas cámaras que cuentan con inteligencia artificial, 45 se instalaron en el Gran Mendoza, 15 en el Sur, 10 en el Este y otras 10 en Valle de Uco. En tanto, las 126 que pueden identificar patentes, fueron ubicadas en corredores interdepartamentales para combatir el “modus operandi de robar en un departamento y pasar a otro”.

Por otro lado, cabe señalar que el ministerio sigue buscando incorporar al nuevo sistema otras 600 provenientes de los municipios. En ese sentido, Biskupovich señaló que Ciudad y Godoy Cruz también aportarán recurso humano para la visualización. “Estamos trabajando en la incorporación de plataformas” al nuevo sistema, sostuvo el funcionario.

150 más por servicio tercerizado

Para este último año de gestión, desde la cartera que conduce Raúl Levrino, indicaron que van a incorporar “cerca de 150 cámaras más” y aseguran que ya tienen el “trabajo grueso de puntos relevados” para su colocación. 20 de esas serán de identificación de patentes y el resto, cámaras fijas y domos. No habrá otras inteligentes. Lo harán también a través del sistema tercerizado, porque destacan que “garantiza” su pleno funcionamiento.

“Es muy difícil tener las cámaras funcionando al 100% porque influyen muchos factores. Por ejemplo, si un lugar de la provincia se queda sin luz o se cortó la fibra de uno de los proveedores y se quedó sin conectividad, esa cámara por un lapso determinado que no depende de ninguno de nosotros, queda fuera de servicio”, explicó Biskupovic.

“Con esto nosotros garantizamos que si es vandalizada o por otro motivo deja de funcionar, la empresa tiene un plazo de hasta 48 horas para reponerla”, agregó.

Y sostuvo: “Antes, adquirir una cámara para el ministerio era carísima y después los procesos de compra para el Estado son muy lentos (normales en realidad), pero cuando se habla de Seguridad tener una cámara detenida un par de meses, es delicado”.

“De esta manera, nosotros podemos garantizar prestar un servicio de calidad y que funcione permanentemente. Esa es la línea que hemos elegido. La adquisición va a ser durante el año”, prometió el funcionario, pero no dio un plazo estimado.

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Además destacó que una cámara conectada implica un costo fijo permanente de conectividad, alimentación eléctrica, mantenimiento y recurso humano para visualizarla. Por lo cual no es tan sencillo el procedimiento de incorporación.

500 más desde el sector privado

El gobierno también se propone este año sumar unas 500 cámaras del sector privado al sistema de videovigilancia. En octubre pasado, firmaron un preacuerdo con la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines (Amena) para avanzar en ese sentido con las estaciones de servicio. Aseguran que hay más interesados.

Sobre esto, desde Seguridad explicaron que “se está haciendo una prueba piloto en una estación” y aclararon que “la idea de incorporar a los privados no es que el Ministerio de Seguridad haga vigilancia privada en un establecimiento, sino instrumentarlo con una especie de botón de pánico, para que el estacionero pueda pulsar y desde el centro rápidamente se pueda recibir esa alerta y tener visualización de lo que está pasando. Eso sirve para que se comunique al despachador del 911 y se desplace al personal”.

El proyecto oficial para regular las incorporaciones

La senadora radical Mercedes Rus presentó en marzo un proyecto de ley para modificar la ley 7924, que se encarga de regular el funcionamiento de las videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos abiertos o cerrados y el posterior tratamiento de las mismas.

Si bien la ley actual actual no es muy vieja, porque fue sancionada en 2008, el avance tecnológico y el crecimiento del parque de cámaras de seguridad, justifican una modificación según la legisladora.

“Si bien el ministerio de Seguridad venía llevando adelante convenios, lo que hacemos nosotros es incorporar dentro del marco normativo, la posibilidad de que cualquier persona humana o jurídica pueda incorporar su cámara, siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos”, dijo Rus a Los Andes.

Y comentó que “si el Estado incorpora una cámara en una estación de servicio con un punto de captura determinado, cuando vaya a sumar una estatal va a tener en cuenta eso y la ubicará en otro lugar. De una forma esto colabora con el principio preventivo de la norma y sirve para direccionar los recursos de forma más efectiva en aquellos lugares donde no las hay”.

El conflicto con San Rafael

La Municipalidad de San Rafael le donó 28 cámaras de seguridad al gobierno provincial en octubre pasado y su intendente, Emir Félix (PJ), reclamó que “solo se han colocado 2″ en su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante.

Ante esto, Biskupovich respondió que instalaron sólo esas dos porque tenían “un cupo disponible que no habíamos agotado de una orden de compra vigente” y con el resto se debe esperar “el proceso administrativo correspondiente”.

“Yo no sé cómo habrán pensado ellos, pero el servicio de conectividad y de alimentación eléctrica se hace a través de licitaciones públicas y se revisa por todos los órganos de control. Recién ahí se puede ejecutar”, afirmó y calculó que “en los próximos meses se podrá concretar”.

Por otro lado, criticó que las cámaras que “se han donado son bastante baratas y no tienen la tecnología de las que adquiere la Provincia”.

Sobre esto, también se expidió la senadora Rus, ya que dijo que el proyecto que impulsa marca una “obligación hacia los municipios, para que las cámaras que compren estén adecuadas a los protocolos técnicos del Ministerio de Seguridad”.

“Había una tarea muy disfuncional en este sentido, a veces los municipios que querían colaborar, compraban cámaras que no estaban acordes entonces el ministerio no las podía colocar”, aseguró.

Y puntualizó sobre San Rafael, a tono con la crítica de Biskupovich: “Se compraron unas cámaras que no eran compatibles para instalarlas y adaptarlas es 5 veces más caro que comprar cámaras nuevas. El proyecto tiende a evitar este derroche de recursos estatales”.

El plan de videovigilancia en números

- El Ministerio de Seguridad tiene 1956 cámaras y buscan adquirir 150 más

- Quieren incorporar otras 600 de los municipios y 500 del sector privado

- Total del plan: 3206