La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, asistió a la Legislatura este martes para presentar ante diputados y senadores que integran las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de ambas cámaras, sus once proyectos de ley que buscan combatir el delito, disminuir accidentes de tránsito y establecer un mayor control sobre las empresas de seguridad privada, entre otras medidas.
Luego de detallar uno por uno cada proyecto de ley, la ministra anticipó que su cartera ha desarrollado junto al Ministerio Público Fiscal un plan de 14 puntos para combatir el ciberdelito, que actualmente se encuentra “auditado” para ser anunciado formalmente. Fue en respuesta a una consulta del diputado José Luis Ramón (Protectora) sobre las estafas que sufren los jubilados.
Cabe destacar que entre las once leyes impulsadas se encuentra una reforma del Código de Faltas, para incluir como contravención la publicidad de venta ardidosa o falsa, que aspiran a disuadir conductas que terminen en robos o propiamente estafas. Se busca con esto, ampliar líneas de investigación sobre las dinámicas delictivas contra el patrimonio vinculadas a las redes sociales y a otros sistemas informáticos, marca el proyecto.
A la par se impulsó a nivel nacional, entre las propuestas elevadas a la ministra Patricia Bullrich, la incorporación en el Código Penal del delito del robo de identidad. Rus afirmó que junto al gobernador Alfredo Cornejo insistieron en que sea incorporado en orden al proyecto antimafia que “se está debatiendo en el Congreso”.
“Nosotros hemos trabajado un plan de 14 puntos, porque no es tan sencillo. No es solo modificar una ley, hemos acompañado una propuesta a nivel nacional que tiene que ver con incorporar el delito de robo de identidad, que sabemos que se usa mucho para las estafas”, comentó Rus en diálogo con Los Andes.
Y agregó: “Trabajamos con campañas que tienen que ver con alfabetización digital y también con este plan de 14 puntos que hemos puesto al servicio de un comité para que lo audite, porque son temas muy complejos y no involucra solo a la seguridad desde un punto de vista preventivo o a la justicia, sino a un conjunto de cosas. Todavía no lo hemos anunciado”.
“Si ya hemos tenido principios de ejecución en lo que tiene que ver con reuniones con los bancos y entidades financieras, en lo que tiene que ver con la propuesta nacional. En el proyecto provincial realizamos una propuesta contravencional y las campañas de concientización, que tiene que ver con instruir a jubilados y demás, respecto de cuáles son las medidas de protección”, añadió.
Además, comentó que están trabajando con el Ministerio Publico Fiscal. “Por ahí es difícil dar con autores en este tipo de modalidades, pero si el MPF tiene un alto porcentaje de recuperos si las denuncias son a tiempo. Trabajando con Coelsa (Compensadora Electrónica), una cámara de compensación en la que están involucrados los bancos y las entidades financieras. Por eso es importante radicar la denuncia oportunamente”, agregó.
El único punto que anticipó Rus, se trata de “alertas universales preventivas”, que fueron trabajadas con los bancos, específicamente con el Banco Nación porque “es el principal proveedor y muchos de los estafados son sus clientes”.
“El banco ahora ha cambiado el sistema y rápidamente reconoce todos los que son préstamos. Nosotros le propusimos además esto del doble conforme”, añadió.
Y explicó que la alerta universal consiste en que aparezcan en los sistemas bancarios al momento de realizar una transferencia, una pregunta adicional o un cuadro de diálogo para confirmar que no se está realizando una estafa.
“Lo del doble conforme es no solo por eso, sino también para poder generar otra cuenta a través de otra persona física y que esa persona pueda cancelar rápidamente todo. Para evitar que esa transferencia siga siendo de distintas cuentas brutas”, explicó la ministra. De todos modos, también señaló que es responsabilidad del Enacom, “ejercer la presión” sobre esos sistemas. La articulación aún no fue dilucidada y se espera que terminen los estudios para que el plan sea lanzado.
Por otra parte el diputado del PJ, Juan Pablo Gulino, le indicó a la ministra que varias empresas de seguridad privada no fueron consultadas sobre la elaboración del proyecto que reforma este servicio. “No están muy contentas porque no han tenido contacto y se han informado por los medios. Sería importante que los convoquen abiertamente”.
Por su lado, ella manifestó que se reunieron con la CESIM (Cámara de Empresas de Seguridad e Investigaciones de Mendoza), pero admitió que sólo nuclea a siete empresas de las más de 160 que hay en la provincia. “Es un problema de representación y por eso también me reuní con el presidente de la cámara nacional, tiene acuerdo con combatir el problema de la clandestinidad”, dijo.
La reforma a la seguridad privada, explicó está apuntada para “lograr una más fortalecida y formalizada y evitar la dispersión de datos”. Se trata, dijo, de “poder incorporar a la seguridad privada a aquellos actores que cumplen esta función pero en la clandestinidad, y además diferenciar los distintos tipos de servicios: la seguridad humana y la tecnológica, que abarca el monitoreo por ejemplo, de una manera adecuada para lograr que estos servicios estén bajo el control estatal”, evitando la competencia desleal.
Más proyectos
Las once leyes que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados se basan en cinco ejes que abordan aspectos de seguridad pública, desde la prevención del delito hasta reformas en el sistema judicial. También se incluyen medidas para combatir el mercado ilegal de bienes, reforzar la seguridad vial y se destaca la inclusión de la ciudadanía en el sistema judicial a través de la ampliación de los juicios por jurado, entre otros temas.
La ministra Rus, indicó en líneas generales que “nuestra principal preocupación tiene que ver con que no se produzcan delitos, pero también la justicia. Por eso uno de los cambios fue unir seguridad y justicia”, en la reforma a la Ley de Ministerios, algo que calificó como “virtuoso”. Y agregó que el corazón de este paquete de leyes, es la prevención.
La funcionaria, hizo un repaso por cada uno de los proyectos con ejemplos puntuales. Dijo que se busca fortalecer “modelos que han sido exitosos, como la participación ciudadana”, a través de la ampliación de los juicios por jurado, y que se abordan aspectos del servicio penitenciario, la prevención y el control del liberado, además de la reforma sobre servicios de seguridad privada.
Entre otros puntos también mencionó el sistema de prevención y control sobre bienes usados. “En la media que tengamos mercado ilegal hace que proliferen más estos hechos delictivos. Queremos que Mendoza sea hostil a esto”, ponderó.
De la misma manera habló sobre medidas contra la publicidad de venta engañosa, el agravamiento de multas y sanciones por alcoholemia, la ampliación del Registro de Huellas Genéticas “para caminar hacia la universalidad, es una tendencia la tecnología y la ciencia al servicio de la seguridad”, subrayó.
