El proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público de Alfredo Cornejo no logró convencer a la oposición en comisiones.
El proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público podría ser sancionado por un voto de Hebe Casado. Foto: Prensa Senado
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El proyecto de ley que el gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura para reformar el Estatuto del Empleado Públicoencontró fuerte resistencia, no solo en los gremios, sino también en los partidos de la oposición. De este modo, se presta a lograr sanción definitiva del Senado con un posible desempate de la vicegobernadora Hebe Casado. La votación será en la sesión del martes próximo.
El proyecto busca modificar el Decreto Ley 560/73, a través de la actualización de artículos y la derogación de varias disposiciones que generan el rechazo de los sindicatos estatales, ya que aseguran que se trata de una ley inconstitucional que atenta contra la estabilidad laboral y el ingreso por concursos.
Después de atravesar tres semanas de tratamiento en un plenario de comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Hacienda y Presupuesto y Asuntos Sociales y Trabajo, que presiden los senadores Walther Marcolini (UCR), Ángela Floridia (UCR) y Flavia Manoni (LUM), el oficialismo no logró convencer al peronismo, ni a La Unión Mendocina y el Partido Verde, que representan la mayoría de la oposición en la cámara.
Aunque resta definir la posición que tomarán Armando Magistretti (PD) y Duilio Pezzutti (peronista disidente), en caso de que se plieguen al rechazo general de la oposición, la votación quedará dividida en 19 bancas contra el mismo número de Cambia Mendoza y tendrá que desempatar la vicegobernadora, que ya avisó que está dispuesta a hacerlo.
“Si empatamos, desempato yo”, aseguró la vicegobernadora en contacto con Aconcagua Radio y afirmó que "es una política de Estado, no se va a patear. Se va a tratar, se va a discutir y se va a aprobar. Si no, no la hubiéramos presentado”.
A diferencia de lo ocurrido en la Cámara Baja, el oficialismo le dio un tratamiento más prolongado en comisiones: primero acudieron los asesores del Gobierno, Ricardo Canet y Javier Urrutigoity, para explicar el proyecto; posteriormente citaron a los gremios estatales para que planteen sus observaciones y finalmente, hoy se le dio despacho.
Cambia Mendoza firmó un despacho en mayoría para el proyecto de ley tal como llegó de la Cámara de Diputados, donde logró media sanción. Mientras que LUM un dictamen en minoría que rechaza la iniciativa y asegura que la reforma "debería tratarse en paritarias" como reclaman los gremios. El PJ anticipó su rechazo tanto en comisiones, como en el recinto.
De esta manera, la sesión del próximo martes apunta a darse en medio de un clima caliente. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que conduce Roberto Macho decidió en una asamblea realizada este miércoles que harán paro y se manifestarán en la puerta de la Legislatura. Se espera que se sumen otras entidades sindicales como ocurrió en la votación de Diputados.
La ley impulsa la creación de la categoría de personal de planta interino, basandose en jurisprudencia que "reconoce a este sector una estabilidad impropia, similar a la que otorga la Ley de Contrato de Trabajo, aunque sin equipararse plenamente a la de los agentes de planta permanente".
También se definen los efectos de la extinción de suspensiones o separaciones, diferenciando entre quienes gozan de estabilidad propia —los agentes permanentes efectivos— y aquellos con estabilidad impropia, como interinos y contratados, que no cuentan con derecho automático a la reincorporación.
Además plantea la eliminación de disposiciones que otorgaban derechos de acceso cuasi hereditarios a cargos públicos, en línea con los principios republicanos y constitucionales. Asimismo, se actualizan las reglas de indemnización, fijando un plazo máximo de 30 días para su pago.
El proyecto también precisa que el estatuto será aplicable de manera directa, residual o supletoria a todas las personas que presten servicios remunerados en relación de dependencia dentro del sector público.
En cuanto al cómputo de antigüedad, se establece que solo se reconocerán los servicios prestados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo las contrataciones bajo locación de servicios u otras figuras autónomas.