La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que reforma el Estatuto del Empleado Público. La oposición se abroqueló en el rechazo a la iniciativa.
Sesión de la Cámara de Diputados.
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Prensa Diputados La Cámara de Diputados le dio media sanción a la reforma del Estatuto del Empleado Público, un proyecto de ley enviado por el gobernador Alfredo Cornejo y fuertemente resistido por los gremios estatales, que se manifestaron esta mañana en la puerta de la Legislatura.
La iniciativa se aprobó con 27 votos a favor y 18 en contra. Cambia Mendoza hizo valer su mayoría y contó con el respaldo de aliados como Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) y Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza). Mientras que los bloques del PJ, La Unión Mendocina y el Partido Verde coincidieron en el rechazo. Ahora pasará al Senado para su sanción definitiva.
El proyecto busca modificar el Decreto Ley 560/73, a través de la actualización de artículos y la derogación de varias disposiciones que generan el rechazo de los sindicatos estatales, ya que aseguran que se trata de una ley inconstitucional que atenta contra la estabilidad laboral y el ingreso por concursos.
En ese mismo sentido se expresaron los legisladores de la oposición en el recinto. También reclamaron que no hubo una participación amplia para un debate más profundo sobre el empleo en el Estado.
La ley impulsa la creación de la categoría de personal de planta interino, basandose en jurisprudencia que "reconoce a este sector una estabilidad impropia, similar a la que otorga la Ley de Contrato de Trabajo, aunque sin equipararse plenamente a la de los agentes de planta permanente".
También se definen los efectos de la extinción de suspensiones o separaciones, diferenciando entre quienes gozan de estabilidad propia —los agentes permanentes efectivos— y aquellos con estabilidad impropia, como interinos y contratados, que no cuentan con derecho automático a la reincorporación.
Además plantea la eliminación de disposiciones que otorgaban derechos de acceso cuasi hereditarios a cargos públicos, en línea con los principios republicanos y constitucionales. Asimismo, se actualizan las reglas de indemnización, fijando un plazo máximo de 30 días para su pago.
El proyecto también precisa que el estatuto será aplicable de manera directa, residual o supletoria a todas las personas que presten servicios remunerados en relación de dependencia dentro del sector público.
En cuanto al cómputo de antigüedad, se establece que solo se reconocerán los servicios prestados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo las contrataciones bajo locación de servicios u otras figuras autónomas.
La diputada de Cambia Mendoza, Beatriz Martínez (UCR), fue la miembro informante del proyecto y aseguró que el proyecto “es un gran avance, enmarcado siempre en nuestra Ley madre, la Constitución”, que “resuelve situaciones sobre la cuales es fundamental como Estado tener claridad”. Agregó que “le otorga tranquilidad a la ciudadanía respecto al buen uso de los recursos, que con gran sacrificio proveen al Estado”.
Ala vez, “otorga tranquilidad también a quienes trabajan en el Estado respecto a las reglas claras, equitativas transparentes que deben regir toda organización pública y nos permite seguir avanzando hacia un Estado moderno, justo y consciente de las necesidades de la ciudadanía”.
Finalmente, sostuvo que “lo que le interesa a la sociedad, a la cual representamos, es que los lugares en el Estado sean ocupados por las personas más idóneas”.
A su turno, Emnauel Fugazzotto (PV) también adelantó su voto negativo señalando que “se ataca la eficiencia del Estado, la estabilidad. Vulneran convenios colectivos de trabajo, principios del derecho laboral, la primacía de la realidad. Viene a precarizar a los trabajadores del Estado”.
En la misma línea, Edgardo Civit Evans (PJA), indicó que “los que venimos bregando por el blanqueo de los trabajadores del Estado como también del sector privado, quisiéramos haber visto una Ley donde se garantice el empleo y una jubilación como corresponde”.
Jorge Difonso (LUM), señaló su disidencia manifestando que “nos hubiera gustado una discusión más amplia, abriéndola a algunos regímenes especiales que quedan fuera de la Ley”. De igual forma, afirmó que “traerá planteos judiciales, problemas que no los va a pagar el gobernador sino todos los mendocinos”.
Germán Gómez (jefe del bloque PJ), remarcó que “se habla de seguridad jurídica y Estado moderno, pero este proyecto más que generar una seguridad jurídica va a ocasionar una catarata de planteos judiciales, van a llover las demandas”.
“Va en contra de Pactos internacionales a los cuales la República Argentina ha adherido con carácter supraconstitucional”, opinó subrayando que “hay que respetar la Constitución Provincial, nosotros no somos quienes para no cumplir la Constitución".
"Lo que menos vamos a lograr es profesionalidad, no podemos generar modificaciones que van en contra de nuestro Constitución”, completó el legislador sanrafelino.