Por un conflicto con la salud, está frenada hace ocho años la ley de tope para los salarios estatales

Las protestas del personal de la salud han sido recurrentes en los últimos años.
Foto: Ignacio Blanco / Los Andes
Las protestas del personal de la salud han sido recurrentes en los últimos años. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

La norma se sancionó en la Legislatura en 2014 y establecía que nadie podría cobrar más que el gobernador, salvo los jueces y otros casos especiales. Pero su aplicación quedó frenada por un amparo de Ampros y la Corte todavía no define la “cuestión de fondo”. Antecedentes de la compleja relación salarial del Gobierno con los anestesiólogos.

Cada tanto el sector salud ofrece un conflicto con el Gobierno provincial. El último litigio con profesionales de la salud fue en 2014, que concluyó con la sanción de la ley de tope salarial. Sin embargo, ese conflicto no está saldado aún porque la Asociación de Profesionales de la Salud (Ampros) recurrió a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. De hecho, el tope salarial nunca se aplicó porque hay una medida cautelar hasta que el máximo tribunal defina “la cuestión de fondo”, que es la constitucionalidad de la ley. Esto todavía no ocurre y ya pasaron ocho años desde que la Legislatura dictó la norma.

La diferencia con el conflicto actual es que en aquella oportunidad la pelea del Gobierno no era sólo con los anestesiólogos, sino con distintas especialidades médicas.

El otro gran conflicto, pero exclusivamente con profesionales de la anestesiología fue en 2007, cuando se registró un paro de casi un mes.

El 10 de setiembre de 2014, la Cámara de Diputados transformaba en ley un proyecto votado el día anterior en Senado. Era la ley 8.727 de convergencia salarial o tope de sueldos.

Como hace dos semanas con la declaración de emergencia en Anestesiología, hubo un trámite exprés con amplio consenso de PJ y UCR para imponer un tope salarial a los trabajadores del Estado.

Los únicos que se opusieron a ese proyecto fueron los legisladores del FIT, quienes defendían el resultado de las paritarias como única forma de conformar el salario de los trabajadores.

El tope era el sueldo del gobernador. Nadie podría ganar, tras la sanción de esa ley, más que el ocupante del sillón de San Martín. La ley establecía excepciones: el Estado podía tener gente que cobrase más, pero esa decisión debía ser avalada por ley de la Legislatura.

También quedaban afuera del tope los jueces, el fiscal de Estado y el titular de Irrigación, entre otros.

Respecto de los sueldos superiores al del gobernador no indicados como excepciones, existe el caso de un profesional que tiene un sueldo alto autorizado por ley: se trata del director del Registro Provincial de Huellas Genéticas Miguel Marino.

La pelea en aquellos años era por algunos sueldos de médicos considerados “impagables” por el gobierno de Francisco Pérez. Ampros y ATE, cada uno por su lado, fueron a la Suprema Corte esgrimiendo que la ley era inconstitucional.

El máximo tribunal ya emitió fallo sobre el planteo de ATE. El 25 de marzo de 2019, los supremos Julio Gómez, Pedro Llorente y José Valerio indicaron que la ley era constitucional y así a los pocos estatales representados por la Asociación de Trabajadores del Estado que cobraban más que el entonces gobernador Alfredo Cornejo les hicieron un recorte para que quedaran por debajo del mandatario.

En cambio, los representados por Ampros aún gozan de la cautelar y pueden cobrar más que el gobernador actual (que percibe en mano algo más de 300 mil pesos). Dicen que hay casos en los que cobran como un juez, es decir salarios que rondan los 500 mil pesos o más en el Estado.

¿Cuándo saldrá el fallo de la Corte para los profesionales de la Salud? En la Justicia indican que el caso está listo para emitir sentencia y que se ha dilatado por planteos efectuados por Ampros.

El gremio de los profesionales de la salud llegó hasta la Organización Internacional del Trabajo a plantear el caso del tope salarial. El 19 de setiembre de 2019, Los Andes informaba que el Comité de Libertad Sindical de la OIT decía que no le incumbe “pronunciarse sobre el contenido de las materias mencionadas que fueron modificadas por vía legislativa en 2014. Sin embargo considera que una legislación que modifica convenios colectivos que ya estaban en vigor desde hacía cierto tiempo y que tiende a restringir el ámbito de la negociación colectiva es contraria a la negociación colectiva voluntaria, pues corresponde a la partes determinar los temas a negociar”.

El convenio colectivo de Ampros, tiene un tope de 55 horas, ítems y mayores dedicaciones que permiten redondear jugosos sueldos por encima del promedio de los trabajadores del Estado, e incluso similares a los de los magistrados del Poder Judicial. Y así será hasta tanto la Corte defina el planteo judicial de la asociación.

El paro de 2007

En setiembre de 2007, durante la administración de Julio Cobos, los anestesistas realizaron un paro de 25 días sin atención en los quirófanos que dejó más de 3.000 cirugías postergadas. El 3 de octubre el Gobierno y los profesionales firmaron una tregua hasta el 31 de diciembre de ese año.

Con posterioridad a ese conflicto, cada tanto desde los sucesivos gobiernos se argumentaba que había pocos anestesistas, lo que demuestra a las claras que el problema nunca se resolvió, pero la pelea nunca afloró como ahora, con una renuncia masiva de 68 profesionales.

En 2007, de acuerdo a las publicaciones de esa época, eran unos 80 profesionales los que se dedicaban a la anestesiología en el Estado provincial. Pedían $ 6.000 pesos y el resultado fue llamativo: aceptaron extensiones horarias.

Otro detalle curioso de aquel paro es que los jefes de anestesiología de los hospitales Central, Notti, Perrupato, Lagomaggiore y Paroissien firmaron el acuerdo en representación de sus empleados, mientras que por la “patronal” fueron el entonces ministro Armando Caletti y el subsecretario Fernando Scherbovsky. Cómo ahora, la Asociación Mendocina de Anestesiología (AMA) no fue parte de ese acuerdo.

Ese es un elemento que se repite: AMA nunca aparece en primer plano, pero es la asociación que se encarga de “repartir” anestesistas donde se necesitan y también son los que regulan la matrícula de profesionales: en general AMA “permite” entre 6 y 10 egresados por año. Para este año se supone que serán 10. Cabe preguntarse qué tan “autoconvocados” son los autoconvocados si existe un férreo control de la asociación que nuclea a los profesionales.

Otro elemento interesante es que Ampros tampoco es parte de una negociación supuestamente salarial, cuando el gremio de profesionales de la salud es el que tiene la personería gremial.

¿Qué se discute en la mesa de diálogo?

¿Qué es la personería gremial? Es el privilegio que se concede a un sindicato o asociación de trabajadores para realizar en nombre de todo el gremio determinados actos por ser considerada como la asociación más representativa de determinada actividad laboral. Ese reconocimiento para ser representante de los trabajadores en una negociación laboral (incluido lo salarial) lo otorga el Ministerio de Trabajo de la Nación.

AMA no tiene personería gremial, los autoconvocados tampoco la tienen. Ampros es la organización que tiene ese reconocimiento para discutir cuestiones laborales. De hecho, hay varios anestesistas que están afiliados al gremio de profesionales. Ni en 2007, ni ahora, Ampros ha formado parte de la negociación.

En el artículo 8 de la ley de Emergencia en Anestesiología votada hace casi dos semanas, se prevé la conformación de una “Mesa de Diálogo” con la participación de todos los sectores (oficialismo, oposición y organizaciones de anestesiólogos) para intentar llegar a acuerdos para solucionar el problema de fondo.

¿Pero cuál es el alcance legal de esa mesa? Los conocedores de los vericuetos laborales en el Estado sostienen que los anestesistas no quieren discutir salario, sino “prestaciones”, es decir el precio de cada servicio en quirófano; es decir una cápita por cada paciente puesto a dormir en una cirugía.

Esto no es un sueldo mensual por la tarea de un trabajador, sino que para algunos observadores implica la privatización del servicio de anestesiología.

Sin embargo, los autoconvocados se mueven solos, sin representación gremial porque no se trata de una paritaria en la que se discute salario mensual y condiciones de trabajo. Es la discusión entre el Estado y un particular que le pone precio a su servicio, casi como una licitación, aunque con un solo oferente.

La queja de los autoconvocados es que el Gobierno no quiere discutir lo salarial en la mesa de diálogo. A priori, los negociadores del Estado no quieren hablar de sueldos en una mesa que no es paritaria. Aunque algún observador con experiencia sostiene que el lenguaje corporal de los profesionales dice que “están negociando y los anestesistas van a conseguir hablar de plata en esa mesa”.

Una voz experimentada en el tema gremial dice que no hay provincia a la que recurrir por profesionales porque en todo el país los anestesistas están llevando adelante la misma estrategia y coordinada. En todos lados tienen contenida la oferta de profesionales, capacitan la cantidad que ellos quieren y prefieren trabajar por prestaciones.

“La única forma de romper este control férreo de AMA (Asociación Mendocina de Anestesiología) es poder traer profesionales de otros países,, pero el precio sería impagable para la Provincia, a no ser que traigan cubanos o venezolanos”, dice con sorna un viejo dirigente gremial.

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