El proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público se trata en un plenario de comisiones, de forma más pausada que en Diputados. Mañana asisten ATE, Ampros y Empleados Judiciales.
Manifestación de ATE en la Legislatura contra la reforma del Estatuto del Empleado Público.
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Prensa ATE Después de la rápida aprobación que se dio en la Cámara de Diputados, con protestas en la puerta de la Legislatura por parte de los gremios estatales, el oficialismo extiende el tratamiento en el Senado del proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público que envió el gobernador Alfredo Cornejo.
El proyecto busca modificar el Decreto Ley 560/73, a través de la actualización de artículos y la derogación de varias disposiciones que generan el rechazo de los sindicatos estatales, ya que aseguran que se trata de una ley inconstitucional que atenta contra la estabilidad laboral y el ingreso por concursos.
La semana pasada los asesores del Gobierno, Ricardo Canet y Javier Urrutigoity, explicaron el proyecto ante un plenario de comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Hacienda y Presupuesto y Asuntos Sociales y Trabajo, que presiden los senadores Walther Marcolini (UCR), Ángela Floridia (UCR) y Flavia Manoni (LUM), respectivamente.
Los funcionarios habían sido voceros del Ejecutivo provincial también ante las comisiones de LAC y Hacienda de Diputados, pero a diferencia de esa instancia, esta vez los sindicatos tendrán oportunidad de exponer sus posturas ante los senadores.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) y Empleados Judiciales, entre otros, fueron citados al plenario que trata la ley, mañana a las 9.30 en el anexo del Senado.
En tanto, la firma del despacho que parecía resolverse esta semana, se demorará hasta la próxima reunión de comisión. Es decir, el proyecto tampoco se tratará en la sesión del martes próximo, sino que el oficialismo dejará abierta la discusión con la oposición antes de llegar al recinto.
Este gesto parece corresponder con las críticas que surgieron en la Cámara Baja y la reacción que el PJ tuvo ante las declaraciones de la vicegobernadora Hebe Casado, quien aseguró que está dispuesta a desempatar la votación a favor, si el recinto se divide entre los 19 votos de Cambia Mendoza y el mismo número de la oposición en su conjunto.
“Si empatamos, desempato yo”, aseguró la vicegobernadora en contacto con Aconcagua Radio y afirmó que "es una política de Estado, no se va a patear. Se va a tratar, se va a discutir y se va a aprobar. Si no, no la hubiéramos presentado”.
Ante estas declaraciones, los jefes de la bancada peronista en la Legislatura le salieron al cruce en la red social X. La presidenta del bloque PJ en el Senado, Adriana Cano, respondió de forma irónica por la sentencia de Casado.
“La República de Cornejolandia que en su debacle, mágicamente se transforma en Manso despotismo”, cuestionó la senadora. Y remató: “Hermosos consensos intenta la vice @hebesil”.
Ahora, con un tratamiento más demorado, Cambia Mendoza parece buscar apoyos en parte de la oposición para evitar llegar a un desempate con una ley tan importante.
Tanto ATE como Ampros y Judiciales van a exponer las razones de su contundente rechazo a la reforma que impulsa el gobernador Alfredo Cornejo.
La secretaria adjunta de ATE, Adriana Iranzo, comentó a Los Andes que van a solicitar el archivo del proyecto de ley porque “realmente es una inconstitucionalidad terrible, que yo creo que si tienen dos dedos de frente lo deben hacer”.
“Lo tienen que retrotraer a Diputados y que se archive, es lo mejor y más diplomático que puede hacer Cornejo en su campaña electoral con Milei”, apuntó.
“No entiendo como veníamos conquistando derechos y convenios colectivos. Ahora resulta que nos sacan todo lo que venimos trabajando hace 20 años. Lo que ha pasado es una obediencia debida con Milei, donde le dijo que él iba a implementar la reforma laboral”, apuntó.
Y sostuvo que “los legisladores están haciendo lo que se debería hacer en una paritaria, ellos no pueden legislar sobre derechos de los trabajadores, somos los sindicados los que tenemos esa potestad”.
En tanto, sobre los dichos de Casado, Iranzo sostuvo: “Yo debería ser empática con ella, se supone que el voto conquistado por las mujeres la puso en ese lugar, no fue Cornejo, sino la paridad de género lograda en los cargos electivos. Hoy está votando en contra de las mujeres trabajadoras de la salud, que el 80% son sostén de familia. Es más machista y misógina que el gobernador”.
Por su parte, la secretaria general de Ampros, Claudia Iturbe, calificó la iniciativa, “como una reforma laboral encubierta, regresiva e inconstitucional; jaquea la estabilidad laboral de más de 100.000 trabajadores estatales y vulnera pilares como la estabilidad, la antigüedad y el derecho a defensa, consolidando así un modelo de precarización estructural, que echa por tierra todos los derechos adquiridos”.
Mientras que el titular de Judiciales, Ricardo Babillón, adelantó a este diario que van a pedir el rechazo: "Los derechos no se eliminan", aseguró.
La ley impulsa la creación de la categoría de personal de planta interino, basandose en jurisprudencia que "reconoce a este sector una estabilidad impropia, similar a la que otorga la Ley de Contrato de Trabajo, aunque sin equipararse plenamente a la de los agentes de planta permanente".
También se definen los efectos de la extinción de suspensiones o separaciones, diferenciando entre quienes gozan de estabilidad propia —los agentes permanentes efectivos— y aquellos con estabilidad impropia, como interinos y contratados, que no cuentan con derecho automático a la reincorporación.
Además plantea la eliminación de disposiciones que otorgaban derechos de acceso cuasi hereditarios a cargos públicos, en línea con los principios republicanos y constitucionales. Asimismo, se actualizan las reglas de indemnización, fijando un plazo máximo de 30 días para su pago.
El proyecto también precisa que el estatuto será aplicable de manera directa, residual o supletoria a todas las personas que presten servicios remunerados en relación de dependencia dentro del sector público.
En cuanto al cómputo de antigüedad, se establece que solo se reconocerán los servicios prestados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo las contrataciones bajo locación de servicios u otras figuras autónomas.