El PJ reacciona ante los cambios del Gobierno en la coparticipación municipal

El peronismo mendocino advirtió que el proyecto que impulsa la redistribución de una parte de la coparticipación municipal representa una “decisión unilateral” y reclamó que Poder Ejecutivo brinde explicaciones y abra la discusión sobre los fondos al conjunto de los intendentes.

La primera crítica del PJ a la reforma fiscal de Alfredo Cornejo surgió luego de una reunión en San Rafael, en la cual estuvieron cuatro de los siete intendentes peronistas, así como sus referentes en la Legislatura. “No se puede tomar una decisión unilateral, queremos explicaciones y corresponde discutirlo porque esto se va a modificar para los próximos 10 o 15 años”, expresó Fernando Ubieta, intendente de La Paz y uno de los voceros de la reunión.

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El destino de las expresiones del PJ fue la iniciativa oficialista que modifica el coeficiente de equilibrio de desarrollo regional, uno de los ítems de la coparticipación municipal.

Este coeficiente reparte el 10% de la masa coparticipable total para los 18 departamentos. La porción que le toca a cada distrito fue modificada en la iniciativa con el objetivo de “nivelar” a las comunas y mitigar las diferencias que habían producido entre ellas los cambios en la población que reveló el último censo nacional.

El censo de 2022 tuvo impacto en la coparticipación municipal porque el 65% de los recursos se distribuyen según ese criterio. Hasta entonces se usaba el de censo 2010 y el cambio determinó que las tajadas de recursos que les tocan a departamentos como Luján y Maipú crecieran mucho, mientras que otras comunas, como Godoy Cruz y Las Heras, quedaron relegadas en el reparto.

Pero el Gobierno elaboró una “solución”. Con el nuevo coeficiente nivelador, Godoy Cruz, que era el departamento que más recibía en este concepto, aumentará aún más su participación: irá del 2,25% al 2,72%. De este modo, recibirá en el año unos 7.000 millones de pesos extra; mientras que Luján, el municipio que mayores ingresos suma por el censo, perderá una parte de ellos: 2.680 millones de pesos.

Ante esta situación, el peronismo, o buena parte de él, acordó este lunes exigir que el Gobierno explique cuál es el criterio que ha tenido para establecer las nuevas escalas. Hay que recordar en este sentido que cuando fue creado el coeficiente, en 1996, tuvo como objetivo compensar a los departamentos que no recibían fondos por regalías.

“Se tienen que discutir los ingresos respecto de los servicios que tienen que prestar los municipios, porque no es lo mismo dar servicios en departamentos donde viven muchas personas por cuadra que en los que hay que recorrer muchos kilómetros para brindarlos”, advirtió uno de los participantes de la reunión peronista de este lunes.

Y soltó una sospecha respecto del principal beneficiado con las modificaciones, que es Godoy Cruz: “Esto lo tienen que discutir con nosotros, no pueden cambiar la coparticipación para salvar a un departamento”.

“Queremos conocer las fórmulas que utilizaron para sacar estos números”, reforzó Ubieta en ese sentido.

LA MAYORÍA PERONISTA

En la reunión de este lunes en San Rafael no estuvieron todos los intendentes y legisladores del PJ, pero sí una parte bastante representativa. Por el lado de los intendentes participaron Matías Stevanato (Maipú), Omar Félix (San Rafael), Flor Destéfanis (Santa Rosa y actual presidenta del partido) y Ubieta.

A ellos se sumaron el hermano del intendente anfitrión (el exjefe comunal Emir Félix), la diputada Verónica Valverde (vice del bloque de diputados), Gustavo Perret (diputado que responde a Félix) , Juan Pablo Gulino (diputado de Stevanato) y la jefa del bloque de senadores del peronismo, Adriana Cano.

Un intendente anunció fuerte suba del aporte municipal en infraestructura escolar

El encuentro se realizó al inicio de una semana en la que el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, irá a la Legislatura a defender los cambios que afectan una parte de los 260 mil millones de pesos que planea repartir la Provincia este año en coparticipación municipal. En ambas cámaras, el oficialismo cuenta con votos para sacar el proyecto.

Los que comulgan con el Gobierno aseguran que el cambio de reglas para distribuir el 10% de la masa coparticipable apenas hace que “los que ganan no ganen tanto y los que pierden no pierdan demasiado” y hasta ha elaborado cuadros en los que muestra que la modificación del coeficiente no afecta mucho la cuenta general.

En este sentido, en un comparativo elaborado por el oficialismo que publicó Los Andes el domingo aparece que Luján, por efecto del censo 2022 y el nuevo coeficiente, recibirá 809 millones de pesos más de los que le tocarían si ambas cosas no se modificaran.

Pero en el peronismo no sólo hay resistencias respecto de los cambios de la coparticipación, sino que tampoco caen bien las intenciones del Poder Ejecutivo en materia de financiamiento educativo.

Tal como contó este diario, en la reforma fiscal enviada a la Legislatura hay artículos que advierten que el Poder Ejecutivo exigirá que los intendentes rindan el 100 por ciento de los recursos recibidos de la Nación y retendrá los recursos que no sean destinados efectivamente a la educación.

Pero además, se reclamará que los fondos de origen nacional sean ocupados pura y exclusivamente en infraestructura escolar.

“Eso no lo vamos a aceptar porque viola la autonomía municipal. Además, no vamos a cubrir el pasivo tremendo que tiene la Provincia en infraestructura”, señaló uno de los referentes de la reunión del lunes.

En este caso, son unos 30.000 millones de pesos para 2024 los que están en juego y que la Nación no ha recortado, como sí ocurrió con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y otras ayudas que suprimió el gobierno de Javier Milei.

Para el Gobierno, los intendentes “saben a ciencia cierta dónde están las principales falencias y necesidades dentro de cada municipio” y por ello buscará “convenir” dónde invertir el dinero que manda la Nación en el marco de la crisis.

En cambio, para algunos intendentes y sus colaboradores más cercanos, una cosa es sellar un convenio particular y otra recibir una imposición sobre el gasto de fondos para la educación que les corresponden a los municipios.

La obligatoriedad de rendir cuentas del gasto del fondo de financiamiento educativo nacional empezó hace algunos años, al detectar Hacienda que había intendentes que rendían apenas el 30%. No obstante, los jefes comunales aseguran que la plata va efectivamente a educación, pero no a edificios escolares, tarea que a su juicio le tocaría al Gobierno, sino por ejemplo al pago de salarios de docentes que se desempeñan en SEOS (Servicio Educativo de Origen Social).

FOTO INCOMPLETA

La reunión del peronismo también fue un reflejo de la interna del partido, porque hubo intendentes y legisladores que faltaron a la cita.

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De los tres que no fueron, uno no fue invitado porque “su diputado no está en el bloque” (Emir Andraos, Tunuyán) y sobre los otros dos (Celso Jaque de Malargüe y Edgardo González de Lavalle) se dieron algunas excusas, como que no fueron ubicados o tenían que viajar mucha distancia para reunirse en San Rafael.

Tampoco hubo diputados o senadores identificados con el kirchnerismo, con los cuales los intendentes que sí estuvieron están tomando distancia.

Los jefes comunales de la foto evitaron hablar mucho del armado interno del PJ, en la que se le da mucho protagonismo al exoperador de La Cámpora Carlos Ciurca, y aseguraron que este lunes “principalmente” se ocuparon de la “agenda legislativa”.

Así y todo, Ubieta, el intendente de La Paz blanqueó que el grupo que se reunió el lunes se viene conectando desde hace tiempo. “Venimos charlando, tratando de juntar diferencias. Hay que volver a juntarse, no escuchar la voz de una sola facción”, expresó, y agregó: “Yo no trabajo en contra de La Cámpora, son personas que uno aprecia. Pero hay que diversificar las voces en el peronismo”.

El sector interno que reúne a dirigentes que nunca comulgaron con el kirchnerismo o que tomaron distancia de él se encuentra “en construcción”, según calificaron fuentes cercanas a los hermanos Félix. También desde allí negaron que se los deba tildar como la oposición “dialoguista” en la relación con el Gobierno. “Acordamos algunas cosas y otras no, es preferible meter modificaciones a que el oficialismo imponga las leyes que quiera”, dijeron.